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Equipo Radio Matilde

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El caso de Enrique Eichin: justicia a destiempo

Luego de una marcha estudiantil, al arquitecto -de 58 años en ese entonces- le llegó un balín de pintura en el ojo dejándolo con estallido ocular y sin visión en el ojo derecho. Entre el 2013, año en el que recibió el impacto, y el 2022, momento en que finalmente se realizó el juicio, Enrique Eichin ha vivido con cuadros depresivos, pero no ha descansado nunca en su lucha por encontrar justicia.
 
 

Por Camila Sierra

Hace 3 días

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Por Camila Sierra Madrid

 

Cuando Enrique Eichin participó en la marcha estudiantil convocada por la CONFECH el 11 de abril del 2013, jamás imaginó que llegaría con un ojo menos a su casa. Nueve años atrás, y ya se registraban agresiones con pistolas de aire comprimido como forma de represión en las protestas, en este caso estudiantiles. Si bien no se trataba de balines de goma ni de acero–eran pistolas que disparaban balines de pintura con el objetivo de marcar a los manifestantes para luego detenerlos, según carabineros, con mayor facilidad- quedó demostrado que la peligrosidad de este método disuasivo no es algo menor.

El arquitecto, en ese entonces de 58 años, marchó junto a la que era su pareja y la hija de esta, llegando hasta el escenario de la actividad. Luego de un rato comenzaron a retirarse. Fue en ese tránsito en que fueron testigos de la llegada de un grupo de Carabineros desde un pasaje aledaño, quienes comenzaron a reprimir, según sus declaraciones, violenta e intempestivamente a quienes se manifestaban.

“Desde el contingente, un funcionario de la policía comenzó a disparar ráfagas de balines de pintura, haciendo caso omiso de todo protocolo para el uso de armas disuasivas, lo que tuvo como consecuencia varios heridos. Entre ellos, Enrique Eichin, quien recibió el impacto de un balín en su ojo derecho, provocándole un estallido ocular y perdiendo así de manera definitiva tanto la visión como el globo ocular”, se lee en el comunicado público de la familia que circuló a fines de marzo de 2022.

La razón, es que casi una década después, el 30 de marzo de 2022 comenzó el juicio oral en contra del uniformado que ejecutó el disparo, el capitán de Fuerzas Especiales Jaime García Muñoz, quien durante todo este tiempo permaneció en la institución ejerciendo las mismas labores represivas, incluso siendo ascendido a Mayor y luego a Teniente Coronel. El martes 26 de abril y luego de una extensa y acuciosa audiencia que se prolongó por casi un mes, se dictó sentencia en el caso de Enrique Eichin.

 

DE LA JUSTICIA MILITAR A LA JUSTICIA CIVIL

Enrique Eichin y su familia no cesaron jamás en la búsqueda de justicia. Apenas ocurrido el ataque, él y los suyos interpusieron una querella ante el Juzgado de Garantía. La medida  fue recepcionada por la Fiscal Giovanna Herrera Andreucci, encargada de ver delitos de alta complejidad, a quien se le encargó el caso ya que se trataba de un funcionario de carabineros el que estaba involucrado. Sin embargo, Herrera se declaró incompetente y remitió el expediente a Fiscalía Militar.

Ante tal diligencia, el Juzgado de Garantía se declara competente. En palabras simples, dicho Juzgado dice que el caso debe quedarse en la justicia civil y no en la militar. Ante este hecho, la Fiscal Herrera apeló, llegando hasta la Corte Suprema, quien ratificó la decisión del Juzgado, es decir, que el caso permaneciera en en el ámbito civil.

Hasta ese momento, lo usual era que siempre que hubiera un uniformado involucrado -ya fuera de las Fuerzas Armadas, carabineros o militares- aunque la víctima fuera un civil los casos iban a justicia militar. Diversos organismos internacionales solicitaron al Estado de Chile reformar la justicia castrense.

En el año 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó limitar la jurisdicción penal militar al juzgamiento de militares por la comisión de delitos o faltas que por su naturaleza atentan contra bienes jurídicos propios del orden militar. Así mismo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus recomendaciones en julio de 2014, volvió a mencionarlo.

 

Más, en el año 2010 eso se modificó con la Ley 20.477. Sin embargo, seguía habiendo casos en que se solicitaba que tanto civiles como carabineros fueran juzgados por justicia militar. Recién en el año 2016 la legislación cambió totalmente con la Ley 20.968 que crea el delito de tortura, que especifica que los funcionarios que cometen ese tipo de delitos deben ser juzgados por la justicia ordinaria (es decir, la civil).

Más, en el 2015 “había que hacer de alguna manera que el caso no fuese a parar a la justicia militar. El juicio en el Tribunal Constitucional duró cerca de un año. La cosa es que el fallo salió favorable y para nosotros fue un impacto, era primera vez que un civil le ganaba a las fuerzas armadas en el Tribunal Constitucional”, declara Eichin a El Ciudadano.Esto dio como resultado final que el caso de Enrique debía continuar en la justicia común.

En ese momento cambia el Fiscal, quedando a cargo Patricio Millán. Más, él no tenía la calidad de Fiscal de casos de alta complejidad que tenía Giovanna Herrera -que se había asignado así en primera instancia al tener involucrado a un funcionario público-.

Corría el año 2016, y Enrique Eichin se encontraba en Alemania visitando a sus hijos y nietos. Mientras tanto en Chile, el Fiscal Millán llega a un acuerdo con la defensa de Jaime García (el funcionario que disparó), en el que se proponía una suspensión condicional del proceso, lo que quiere decir que el carabinero no debía tener más denuncias en su contra durante un año. Ciro Colombara, abogado de la víctima en ese entonces, se disponía a aceptar esa propuesta. “Ese acuerdo yo no lo podía respaldar”, declara Eichin, cambiando inmediatamente de abogado.

Ya con nuevo abogado defensor –Cristian Arias- Enrique Eichin y su familia se opusieron a ese acuerdo. En ese momento, ocurre un último cambio de Fiscal en el caso y lo toma Viviana Vergara Ayala, quien fue la primera en llamar a declarar a quien había recibido el impacto en su ojo.

Enrique Eichin manifestándose en Plaza de la Dignidad (en ese tiempo Plaza Italia) después de sufrido el ataque.

 

JAIME GARCÍA MUÑOZ: UN PELIGRO PÚBLICO

Para la víctima, Enrique Eichin, siempre ha sido muy importante que el funcionario que le disparó y le suprimió la visión de un ojo y junto con ello su globo ocular, salga de las calles y no ejerza más la fuerza pública.

“Cuando la Fiscal Viviana Vergara me llama a declarar me pregunta por qué quiero yo hacerle un juicio a Carabineros. Entonces yo le digo que este carabinero es un peligro para la sociedad, que es un peligro público. En ese momento le muestro la fotografía del mismo uniformado pero en otra situación, donde tiene a una quinceañera agarrada del pelo. Cuando le muestro la foto ella me dice de acuerdo, lo entiendo”, menciona Enrique con fuerza a El Ciudadano.

Pero, ¿quién es Jaime García Muñoz? Según información entregada por Eichin y otra recopilada por El Ciudadano, García Muñoz es un funcionario que se desempeñaba en Fuerzas Especiales de la institución. Al momento del ataque contra Enrique, era Capitán de Carabineros, luego fue nombrado Mayor y posteriormente Teniente Coronel.

En el tiempo de las marchas estudiantiles del 2013, en que se utilizaban balines de pintura para marcar manifestantes, fue instructor en su uso, además de ser la persona que certificaba a sus colegas en el uso de esta arma, por lo que se infiere que tenía un alto conocimiento técnico.

 

Jaime García Muñoz, uniformado que perpetró el ataque.

 

Imputado desde 2016 por el delito de lesiones graves gravísimas en contra de Enrique Eichin, hasta el momento del juicio en el año 2022, se encontraba activo en sus funciones. Al momento del Estallido Social ocurrido en la región chilena, se suspende una acción que se estaba llevando a cabo entre el Ministerio Público y la defensa de Enrique. Si bien los abogados de la víctima no participaron en la reunión en que se decide suspender las acciones que llevaban curso en ese momento, fueron notificados de que el carabinero en cuestión solicitaba la medida de suspensión ya que se encontraba acuartelado.

“Dijo que le interesaba participar en el juicio, pero que en el momento del Estallido social no podía porque estaba acuartelado. Podríamos bien suponer que acuartelado para seguir disparando en la calle”, manifiesta el arquitecto. “Yo no sé si el capitán Jaime García haya herido gente en el Estallido. Lo más probable es que lo haya hecho, pero yo no tengo conocimiento si hay una denuncia. Pero ahí no estaban disparando con paint ball, estaban disparando con escopetas y balines de acero y goma”, concluye Eichin.

El día en que Enrique Eichin recibe el impacto, se registraron más heridos. Sin embargo, se protegerá su identidad. Se trataba de cuatro personas, entre ellas un menor de edad, los cuales también presentaron una querella de forma conjunta durante el año 2013. Se desconoce si llegaron a buen puerto.

 

La vida nunca volvió a ser igual: “Tuve que aprender a ver de otra manera. Para mí lo importante no es lo personal, sino que no vuelva a ocurrir”

Enrique Eichin acostumbraba a ser de esos arquitectos a los que les gusta el trabajo en terreno. El momento de la construcción era su favorita. “Yo antes era un gato en los techos, caminaba sobre bigas sin ningún problema”, dice. Posterior al ataque, se encontraba trabajando en una casa que él mismo había proyectado. Fue la primera vez que internalizó que su cuerpo había cambiado. Al perder uno de sus ojos perdió también la tridimensionalidad, fundamental para un profesional que construye casas.

“Había que poner las estructuras de techumbre y todo lo demás. En esa oportunidad, como lo había hecho muchas veces antes, doy un salto hacia la otra cercha. Si caía, caía al cemento a cuatro metros de altura. Doy el salto y no alcanzo a llegar. En la desesperación me agarro de un fierro y hago péndulo, me voy con el cuerpo, me golpeo en la pelvis. Estuve orinando sangre tres días. Ahí me di cuenta que ya no era el mismo de antes, o sea, yo tenía que tomar extremas precauciones en la cosa de la construcción”, describe.

Luego de esa y otras experiencias, nunca más volvió a trabajar en proyectos grandes y poco a poco dejó de ejercer como arquitecto hasta jubilar. “Tuve que aprender a ver de otra manera. Bajar las escalas del Metro es una tortura, no me suelto de la baranda por nada del mundo. Cosas así le cambian la vida a uno. El caminar por los roqueríos junto al mar es una cuestión que ya no hago. Y así, muchas cosas he dejado de hacer”. 

Una de sus hijas, menciona que estar tanto tiempo pendientes del caso –casi una década dedicándose a esto- no le ha permitido a su padre reinventarse. “Yo necesito anímicamente cerrar el capítulo. Porque me afecta, me desgasta”, añade Enrique. Desde junio del 2013, cuando quedó “inactivo” de alguna manera como profesional, el arquitecto entró en una profunda depresión que lo acompaña hasta hoy en día.

“Yo he tenido largos períodos de tratamiento y también períodos no muy cortos en donde he dejado de tomar medicamentos. Yo hoy día estoy tomando antidepresivos, 300 milígramos diarios. Cuando estoy en juicio o tengo que hacer alguna cosa, aumentan mis niveles depresivos y de ansiedad, porque entro en otra dinámica, entonces es complicado y yo sé que eso no va a parar”, recalca Eichin. “Cuando me ocurren estas cosas, yo pierdo la noción del sueño. A veces estoy toda la noche despierto y me estoy acostando a las once de la mañana, a las dos de la tarde me estoy levantando y después estoy dos horas dando vueltas y me vuelvo a dormir”.

Desatada la revuelta, Enrique Eichin –al igual que toda la población- se percata de que los heridos con trauma ocular van en aumento conforme pasan los días de desobediencia civil a lo largo de todo el país. Conversó con la FECH (con quienes desde que ocurrió el hecho ha mantenido una relación fluida y de solidaridad) y manifestó estar dispuesto a dar a conocer su caso a los nuevos heridos para explicarles lo que se les viene. Para mí no hay distinción, son víctimas de la represión”, señala.

“Siento rabia, todavía impotencia por lo que me ocurrió porque no me debería haber ocurrido”, dice. Por todo esto, es que Enrique no ha cesado su lucha y lo que persiguió durante todos estos años, ha sido justicia, no solo por él, dice, sino que en solidaridad con el resto de los manifestantes. “Para mí lo importante no es lo personal, sino que no vuelva a ocurrir”, declara con fuerza.

Retrato de Enrique Eichin en acuarela.

 

Nueve años después, el juicio

Enrique Eichin dice ser una persona fuerte, a quien cuesta doblegar. “Cuando me vuelan un ojo, lo hacen estallar, no se me pasó por la mente decir ‘no, yo no voy nunca más a una marcha, yo no me meto más en nada’, al contrario”, menciona. Dice participar desde joven en manifestaciones con las cuales se siente afín a las consignas. “Cuando estábamos en contra de la autopista de Américo Vespucio, yo ahí estaba con los vecinos también”. Así mismo participó en las marchas en contra de las AFP y más manifestaciones que pedían a gritos dignidad.

Lamentablemente, el estallido ocular sufrido por Eichin no fue la primera vulneración a sus Derechos Humanos que vivió el arquitecto. Fue exiliado a Alemania entre los años 1974 y 1989, llegando de vuelta a Chile antes del plebiscito. “Evidentemente, yo he sido castigado por el Estado Chileno dos veces: la primera se me envía al exilio, y la segunda, me disparan y me vuelan un ojo”, menciona enfático.

En lo concreto, la cantidad de heridos oculares luego del estallido social alcanzó un número jamás documentado antes en la historia del mundo. “Yo cumplí nueve años desde que me volaron el ojo y yo creo que muchos jóvenes ni siquiera han presentado denuncia”, manifiesta.

Sin embargo, Enrique Eichin sabe que no es fácil denunciar ni llevar a cabo un proceso tan largo como él lo ha hecho. En una de las oportunidades en que lo llamaron a declarar, fue el único civil en la sala además de los Jueces, ya que se repletó de uniformados. Se descompensó y tuvo que ser asistido por un médico luego de declarar.

Después de todo, lo que esperó el arquitecto durante este tiempo fue que el uniformado que le disparó extirpándole parte de su visión, saliera de las calles y no pudiera volver a ejercer labores represivas, ya que para él, se trata de una persona peligrosa.

El martes 26 de abril de 2022 se dictó sentencia en su caso. El veredicto del Tribunal Oral en lo Penal resolvió que el capitán de Fuerzas Especiales Jaime García Muñoz es culpable del delito doloso de lesiones graves gravísimas, decretándose arraigo nacional.

El abogado de Eichin, Cristian Arias, logró generar convicción más allá de toda duda razonable, dada la alta confiabilidad de la prueba presentada y su consistente argumentación. De esta manera, superó así la pretensión de la defensa que pedía la absolución total y la del Ministerio Público, quien calificaba los hechos de cuasidelito por considerar que no concurría dolo por parte del funcionario.

A raíz de la decisión del tribunal, la parte querellante pidió doce años de prisión para el carabinero; la Fiscalía cinco años y un día y la defensa 541 días. Finalmente, el 6 de mayo se conoce al fin la sentencia: el Ministerio Público resolvió darle cuatro años de presidio a Jaime García Muñoz pero con el beneficio de pena remitida. Esto quiere decir que no cumplirá su condena en la cárcel, solo tendrá que ir a Gendarmería y llegar a un acuerdo de firma.

Así mismo, el Tribunal declaró inhabilidad para ejercer cargos públicos mientras dure la condena, lo que debería traducirse en que lo den de baja. Sin embargo, esto último debe resolverlo la institución de Carabineros. Se dictó también inhabilidad para derechos políticos –lo que significa que no puede sufragar, por ejemplo-.

“Me parece que la pena es, en principio justa, en el entendido que se dictan 4 años de presidio. Es importante que se declare culpable de un delito gravísimo, reconociéndose la intencionalidad de cometerlo. Sin embargo, en la práctica pasamos de lo justo a lo meramente simbólico, pues finalmente esto se traduce en que no pasará ningún día efectivo de reclusión, por una supuesta irreprochable conducta anterior”, declaró Enrique Eichin a El Ciudadano luego de conocer la sentencia.

Dice además, que le preocupa de sobre manera que si bien la sentencia dicta la inhabilidad absoluta para ejercer funciones públicas durante el tiempo de la condena, precisamente la institución a la que pertenece sea quienes lo tengan que dar de baja. “Sobre todo porque, aún a sabiendas de que estaba imputado en este caso de violación a los Derechos Humanos, lejos de ponerle pausa a su carrera, la institución policial decidió ascenderlo a Mayor y luego a Teniente Coronel. Cabe destacar que los hechos demuestran que ellos tenían certeza de que él era el que había provocado el estallido en mi ojo a los pocos días de lo ocurrido. Es decir, parecieran no solo avalar este tipo de crímenes, sino además, premiarlos”, concluye.

Finalmente, Enrique Eichin cierra con una sentida reflexión: “Hay que preguntarse ¿cuántas personas que sufren agresiones por parte de FFEE las denuncian? ¿Y cuántas tienen la posibilidad de saber efectivamente cuál de los funcionarios fue el agresor? ¿Quizás a cuántas personas este carabinero hirió con sus 320 tiros solo ese día? ¿A cuántas más a largo de todos estos años?”.

Fuente: elciudadano.cl

Pavlovic y despido de Paulina de Allende de Mega: «Tiene tufillo a oportunista populismo» stars

«Nos parece de suma gravedad que un medio de comunicación minimice el preocupante hecho donde un funcionario público impone como condición la expulsión de una periodista para acceder a entregar la información que le corresponde comunicar», plantea el rostro de TVN en una carta enviada a El Mercurio junto a la periodista Lara El-Narekh.
 

Luego de que la periodista Paulina de Allende-Salazar fuera despedida de Mega tras referirse a Daniel Palma como «paco», en medio de un despacho para «Mucho Gusto» efectuado este jueves, horas después de su deceso en medio de un operativo en Santiago Centro, este sábado El Mercurio publicó una lapidaria carta de  Santiago Pavlovic, quien junto a Lara El-Narekh decidió solidarizar con su colega. 

«¿Cuántas veces el lector, nosotros, amigos o familiares, nos hemos referido a nuestros carabineros coloquialmente, hasta con cariño, con la palabra ‘paco’ tan anclada en nuestra cultura popular nacional?», se cuestionan ambos en el comentado escrito.

Paralelamente, ambos se refieren a la radical determinación del canal privado de prescindir de sus servicios, aludiendo a una «intempestiva decisión del canal Mega de desvincular a una periodista de vasta experiencia y destacada trayectoria como Paulina De Allende-Salazar, por un lapsus que indignó a un general de la institución», lo que en opinión de los autores de la carta, «tiene un tufillo a oportunista populismo».

Por otra parte, los ideólogos del escrito relevaron el trabajo de más de dos décadas de Paulina de Allende-Salazar en la señal de Avenida Bellavista, previo a su llegada a Mega. De hecho, aludieron a su «acuciosa labor» en TVN denunciando a figuras políticas por no pagar contribuciones por sus segundas viviendas, además de recordar que fue quien «destapó el horrendo escándalo de la pedofilia en la Iglesia Católica chilena».

«Nos parece de suma gravedad que un medio de comunicación minimice el preocupante hecho donde un funcionario público impone como condición la expulsión de una periodista para acceder a entregar la información que le corresponde comunicar», plantean refiriéndose a la actitud del general Alex Chaván, quien vetó a Allende-Salazar el jueves, en medio de un concurrido punto de prensa tras el crimen de Daniel Palma.

«Este comportamiento, que atenta contra la libertad de informar, principio fundamental de cualquier sociedad democrática, es inaceptable y no puede pasar desapercibido ni normalizarse», agregan los periodistas destacando la envergadura de la determinación adoptada por Mega.

fuente: eldesconcierto.cl

Nicolás Cataldo: “No es efectivo lo que dice Claudio Orrego respecto a que no se ha hecho nada en descentralización”

El subsecretario de Desarrollo Regional se extrañó cuando leyó la entrevista del domingo pasado al Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, donde decía que se ha avanzado poco y nada en dotar de más recursos y facultades a los 16 gobernadores elegidos. Nicolás Cataldo interpretó estas declaraciones como una manera de presionar "en un momento político delicado" con el objetivo de avanzar más rápido. "Mi principal diferencia con el Gobernador es que hoy existe una hoja de ruta que está trazada y conversada con ellos y que estamos implementando", aclara.
 
 

El jueves en la mañana, La Moneda está estremecida por la muerte del cabo Daniel Palma. Afuera del Palacio, por calle Morandé, hay algunos manifestantes solidarizando con Carabineros y en Teatinos hay varios alcaldes de Chile Vamos declarando a los medios de comunicación después de dejar una carta al Presidente Gabriel Boric.

El subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, es consciente del complejo momento, pero considera que el Ejecutivo está actuando como corresponde en bloque.

Cataldo logra salir de la contingencia para responder al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, que el domingo había dicho que tenía un diagnóstico “reservado” respecto a la voluntad descentralizadora de la administración Boric. Como encargado justamente del tema, Nicolás Cataldo le responde al gobernador de Santiago: “No es efectivo lo que dice Claudio Orrego respecto a que no se ha hecho nada en descentralización” y comienza a explicar los detalles.

-¿No es prioridad de este gobierno la descentralización?

-El presidente dijo cuando asumió: “Quiero terminar mi mandato con menos poder que con el que entré”. Lo que está diciendo es que necesitamos pasar capacidades a las regiones que hoy día están a nivel central.

-¿Qué han hecho al respecto?

-Hemos hecho un trabajo de interacción intenso con los gobiernos regionales. Tuvimos un foro en Frutillar, que reunió a todos los gobernadores regionales y al que llegaron varios ministros.

-¿Qué sigue?

-Esto se tradujo en un Comité Interministerial de Descentralización, que está compuesto por ministros Segpres, Interior y Hacienda, que preside Interior y cuya secretaría ejecutiva es la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). En ese encuentro en Frutillar los gobernadores se definieron seis transferencias de competencias desde el gobierno central a las regiones.

-¿Qué son las competencias?

-Es traspasar cosas que están ocurriendo a nivel central para que empiecen a ocurrir y ejercerse desde el nivel regional. Piñera oficio 15 competencias que fueron transferidas a los gobiernos regionales por oficio. No hubo diálogo, se traspasaron simplemente. El mismo Gobernador Orrego nos pidió invalidar esas competencias porque no venían con recursos, porque no fueron dialogadas o porque no le hacían sentido por distintas razones.

-Fueron varios los gobernadores que rechazaron competencias que le entregaba el gobierno central ¿Qué implica esto?

-El proceso de descentralización está empezando a implementarse. El proceso de transferencia de competencias no fue exitoso ni para ellos ni para nosotros. Y es por eso que cambiamos el foco de la mirada de transferencia de competencia. De hecho, el Gobernador Orrego en la entrevista lo plantea como una alternativa.

-¿Y cuál es esa alternativa?

-Está establecido en el acuerdo que firmamos el 19 de enero en Antofagasta y donde la evaluación que hicimos fue “necesitamos fortalecer el eje de la transferencia de competencia con una mirada más particular de lo que cada región necesita y quiere”.

-Orrego dice que este gobierno no ha avanzado en descentralización ¿Hay avances que mostrar?

-Hemos avanzado. Comparto con Orrego que se puede avanzar más. Mi principal diferencia con el Gobernador es que hoy existe una hoja de ruta que está trazada y conversada con ellos y que estamos implementando.

-¿Cuál?

-Por ejemplo, nosotros comprometimos en el acuerdo del 19 de enero una indicación para resolver el tema del Delegado Presidencial. Eso está comprometido y el plazo es mayo para resolver el tema de la figura del Delegado Presidencial que han cuestionado los gobernadores. Faltan un par de meses para que se cumpla ese plazo y lo estamos trabajando en el marco del rediseño del Ministerio del Interior.

-¿Por qué las críticas de Orrego?

-Tengo la impresión de que el Gobernador Orrego presiona para poder avanzar más rápido, presiona también porque es un momento político delicado en que obviamente va a ser más fácil entrarle a la discusión. Lo importante es que nosotros tenemos una agenda estable con los gobernadores que estamos cumpliendo.

¿Pero cuáles son los avances concretos?

-Hemos avanzado mucho en materia de decentralización fiscal. De hecho, el presupuesto de los gobiernos regionales, por primera vez en la historia, sale del Ministerio Interior y pasa a ser una partida propia de los gobiernos regionales. Es una señal de autonomía fiscal muy potente.

-¿Cómo se realizará la transferencia de competencias o funciones?

-Para transferir servicios necesitamos legislar. Eso está definido para ingresarlo en el mes de junio, es un proyecto de ley para modificar el procedimiento de transferencia de competencias e incorporar la transferencia de servicios, un avance que valoraron mucho los gobernadores. Buena parte de los elementos que el Gobernador plantea como crítica son cosas que hay que legislar y que tienen un timing específico.

-¿Todo esto depende de la Subdere?

-También estamos formulando una Política Nacional de Descentralización a través de un proceso participativo con los gobiernos regionales. Esa política nacional va a ser el paragua para que esto sea ordenado.

-¿Cuándo definen la competencias que traspasarán a los gobiernos regionales?

-En marzo levantamos con los gobiernos regionales 47 competencias que ellos mismos identificaron. Hay un trabajo que esperamos nosotros cerrar de aquí a junio. Esto tiene una hoja de ruta que además es legal. O sea, iniciado el proceso, tenemos plazos legales que son inexorables. Están establecido por ley. Entonces llegará el momento en que ya tiene que haber un decreto supremo del Presidente que dice estas son la competencia a transferir y vamos.

-¿Lento todo?

-Hay otros procesos que han ido avanzando de manera más expedita. Por ejemplo, en el caso de Magallanes, se le transfirió la administración de la concesión de la zona franca al gobierno regional. Es una discusión que está abierta. Si se hizo en Magallanes podría hacerse en Iquique.

fuente: elmostrador.cl

Caso degollados: Una herida abierta en la memoria de Chile stars

Han pasado 38 años desde que funcionarios de Carabineros perpetraran el secuestro, tortura y degollamiento de tres militantes del Partido Comunista de Chile, brutal crimen conocido como “Caso Degollados”. La conmoción que causó este triple homicidio, ejecutado cuando el país se encontraba en Estado de Sitio durante la dictadura civil-militar de Pinochet, y la posterior investigación que lo vínculo a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros y el Comando Conjunto de la FACH,  provocaron cuatro meses después la caída de César Mendoza, general director de Carabineros y miembro de la Junta Militar desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

 

Úrsula Fuentes Rivera. Periodista “El Siglo”. 29/3/2023. Durante la mañana del jueves 28 de marzo de 1985, el publicista, pintor, diseñador gráfico y miembro de Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), Santiago Nattino Allende, fue secuestrado cerca de su domicilio, en la intersección de las calles Apoquindo con Badajoz, tras ser abordado por un sujeto que lo encañonó e hizo subir a un vehículo que esperaba en la esquina.

Al día siguiente, pasadas las 8:30 horas y mientras recibía a los estudiantes del Colegio Latinoamericano de Integración (ubicado en avenida Los Leones 1401, Providencia), fue secuestrado el profesor, inspector escolar y dirigente de la AGECH, Manuel Guerrero Ceballos, junto al sociólogo y jefe de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada Maluenda, quien era también apoderado de ese establecimiento educacional y a esa hora llevaba a sus hijos a clases.

En los dos operativos los secuestradores actuaron con gran disponibilidad de medios. En el caso de Santiago Nattino señalaron a viva voz que eran policías y que detenían a la víctima por problemas económicos. En el otro secuestro hay testigos que indican que un helicóptero sobrevolaba el sector y que había desvíos de tránsito perpetrados por carabineros motorizados y a pie. Durante el secuestro de Parada y Guerrero además se le disparó a quemarropa a un profesor que intentó impedir el plagio.

De acuerdo a investigaciones posteriores, desde un station wagon Chevrolet Opala se bajaron tres sujetos y con violencia agarraron al sociólogo y al profesor, conduciéndolos al cuartel de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), ubicado en la calle Dieciocho, donde antes del golpe militar estaban las oficinas del diario El Clarín y donde luego, bajo el nombre de “La Firma”, había operado el “Comando Conjunto”, una organización clandestina de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que durante los años 70 compitió con la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) en el exterminio de las cúpulas de los partidos que habían pertenecido a la Unidad Popular.

En ese lugar, Nattino, Guerrero y Parada fueron torturados, “quemándoles cigarrillos en el cuerpo, sacándoles las uñas, aplicándoles electricidad y quebrándoles los huesos de la frente a culatazos”, según detalló el hijo de Manuel Guerrero, el sociólogo Manuel Guerrero Antequera, tras rememorar en su cuenta de blog la tragedia que vivió su padre, testimonio dado a conocer en 2011 por el medio informativo El Periodista.

Posteriormente, en la madrugada del sábado 30 de marzo, fueron llevados en vehículo hasta Quilicura, siendo degollados con un corvo atacameño que había pertenecido al militar y agente de la DINA, Marcelo Moren Brito, muriendo los tres desangrados. Sus cuerpos fueron abandonados entre unos matorrales, frente al fundo “El Retiro”, cercano al aeropuerto Pudahuel. Ese mismo sábado, pasado el mediodía, sus restos fueron encontrados por dos campesinos con evidentes rasgos de tortura y ensañamiento.

A las horas siguientes de conocido este brutal crimen, se produjo un gran revuelo a nivel nacional e internacional. Las autoridades del Gobierno dijeron en un comienzo, intencionadamente, que fue consecuencia de una purga entre comunistas. El almirante José Toribio Merino habló de un “crimen del PC”, el general César Mendoza dijo que se trataba de “un ajuste de cuentas” y el ministro de Defensa, Patricio Carvajal, culpó al “comunismo dirigido desde Moscú”.

Sin embargo, la Comisión Rettig de 1991 estableció de acuerdo con los antecedentes narrados y reunidos en la investigación judicial, que Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino fueron ejecutados por agentes estatales, debido a su militancia y a las actividades que realizaban.

 

Comando Conjunto

Según consigna el tomo II, pág, 222 del Informe Rettig, la causa del crimen de los tres militantes comunistas fue la investigación que estaban realizando sobre la estructura y funcionamiento del Comando Conjunto, cuya existencia había sido revelada tras las declaraciones del exagente y exsuboficial de la FACH, Andrés Valenzuela Morales, alias “El Papudo”, a la periodista de la revista Cauce, Mónica González, quien tomó contacto con José Manuel Parada (encargado de la sección de investigación y documentación de la Vicaría de la Solidaridad), para que corroborase la información de Valenzuela.

“En Chile había muy pocas personas como José Manuel que manejaban casi toda la información acerca de los aparatos represivos, pues le llegaban a diario los testimonios de los luchadores sociales y sus familiares que habían sido apresados. Él, al conocer el carácter de la información y antes de entrar en su detalle, le sugirió a la periodista que había una persona que contaba con toda su confianza y que podía triangular la información indicada por Andrés Valenzuela con su propia experiencia de detención en manos del Comando Conjunto: mi padre”, indicó Manuel Guerrero hijo.

Parada recordó el plagio de su amigo y compañero Manuel Guerrero en 1976, quien era el único sobreviviente de los secuestros y torturas ejecutadas por el Comando Conjunto, por lo tanto, pieza clave en la investigación sobre los métodos operativos y de tortura del grupo de la FACH. “Con la venia de Mónica González, los tres se pusieron a analizar las largas horas de grabación del testimonio y mi padre con José Manuel no podían creer a lo que estaban accediendo: la estructura completa del Comando Conjunto, sus acciones, las fechas de detención de los militantes comunistas detenidos desaparecidos, los sitios en que fueron ultimados, los nombres y alias de los agentes de las distintas ramas de las fuerzas armadas y de civiles que participaban en el Comando”, señaló el hijo del profesor degollado.

El 30 de octubre de 1984, meses antes de la publicación de la entrevista que el exagente Valenzuela le concedió a la periodista Mónica González (la cual fue publicada finalmente en el diario Caracas de Venezuela, pues el Estado de Sitio en Chile y la clausura de revistas opositoras lo impedían), una banda asaltó la sede del Movimiento Democrático Popular (MPD), coalición que reunía a partidos de izquierda como el Partido Comunista, el Partido Socialista-Almeyda, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), la Izquierda Cristiana y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), en la lucha por el retorno de la democracia apuntando a la transformación de la economía para favorecer fundamentalmente al mundo trabajador y poblacional que en aquellos años sufría una situación de cesantía y hambruna real.

Entre las pertenencias robadas en la sede del MPD estaba la libreta de apuntes del arquitecto y militante comunista, Ramón Arriagada Escalante, en la que él mantenía anotadas sus reuniones con diversos militantes del PC, entre ellos José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.

Cuatro meses después, el 25 de febrero de 1985, Ramón Arriagada fue detenido por agentes de la entonces secreta DICOMCAR.​ Durante el tiempo que fue retenido, Arriagada fue torturado e interrogado sobre el actuar de Parada y Guerrero.​ En ese tiempo Parada, según informaría Arriagada bajo tortura, investigaba al Comando Conjunto, trabajo que había iniciado después de que los periodistas Mónica González y Edwin Harrington, director de la revista Cauce, acudieran a la Vicaría de la Solidaridad para sacar al exagente Valenzuela de Chile. ​

De acuerdo con los antecedentes judiciales del “Caso Degollados”, los agentes de la DICOMCAR también creían que Parada y Guerrero poseían estrecha cercanía con la dirigencia en la clandestinidad del Partido Comunista, mientras que de Nattino sospechaban que se encargaba de reingresar militantes a Chile de manera clandestina. ​

En las semanas siguientes Arriagada pudo informar a Parada de que había sido secuestrado e interrogado sobre sus actividades, sin embargo, el sociólogo de la Vicaría optó por no salir del país, pese a que estaba consciente del riesgo que corría.

“Por desgracia, y por razones que aún me cuesta comprender, la entrevista al exagente Andrés Valenzuela fue publicada en el extranjero sin autorización de mi padre y José Manuel, antes que ellos pudieran ponerse a salvo. Los agentes del Comando Conjunto, ahora agrupados en el departamento de la DICOMCAR, apenas se enteraron del testimonio de Valenzuela se pusieron en alerta y decidieron cortar literalmente el problema por la raíz: eliminar a José Manuel y mi padre, para impedir que la verdad circulara por el mundo. Por ello allanaron y secuestraron la imprenta de la AGECH en marzo de 1985. Buscaron frenéticos ese lugar pensando que ahí se encontraban los stenciles de publicación del testimonio de Valenzuela sobre el Comando Conjunto. La imprenta estaba a nombre del artista gráfico Santiago Nattino. por lo que ese mismo día lo secuestraron y lo llevaron a calle Dieciocho, al local de la DICOMCAR, lo esposaron a un parrón y comenzaron su tortura”, precisó Manuel Guerrero Antequera.

Asimismo, el hijo del profesor degollado resaltó que “la información que entregó el exagente Valenzuela era una bomba”. En ella se establecía, entre otros aspectos, que Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, alias “La Pochi”, había participado como agente del Comando Conjunto en la detención ilegal de Manuel Guerrero Ceballos en 1976. “Sí, Viviana Ugarte Sandoval, la esposa del general de la FACHA Patricio Campos, quien fue la persona nombrada por las Fuerzas Armadas para participar en la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos, convocada en agosto de 1999 con el objetivo de recabar información acerca del paradero de los detenidos desaparecidos en Chile. Curiosa y precisamente, la información que correspondía a las víctimas del Comando Conjunto fue alterada, de acuerdo con las declaraciones de Otto Trujillo, “Colmillo Blanco”, otro agente del Comando Conjunto que contó su versión de la verdad al diario La Nación, advirtió Guerrero Antequera.

Investigación judicial

El 1 de abril de 1985, el mismo día de los funerales de Guerrero y Parada, la Corte Suprema designó a José Cánovas Robles, un anciano juez a punto de irse a retiro, como ministro en Visita para investigar el crimen de los tres degollados. Las evidencias apuntaron a la participación de carabineros pertenecientes a la DICOMCAR, tanto en los asesinatos de los tres profesionales comunistas, como en los secuestros del arquitecto Ramón Arriagada el 25 de febrero de 1985 y de cuatro profesores dirigentes la AGECH, quienes fueron detenidos la noche del 28 de marzo de 1985 en la sede e imprenta de la asociación, ubicada en Londres 75-B, local que estaba a nombre de Santiago Nattino, donde él además recibía correspondencia y mantenía una línea telefónica. Cabe mencionar que los cuatro profesores detenidos en la sede fueron liberados al día siguiente de su aprehensión, después de una jornada entera de interrogatorios.

La investigación determinaría que los asesinatos fueron ordenados por el jefe del Departamento de Asuntos Externos e Internos de la DICOMCAR, Guillermo González Betancourt (conocido como “bototo” entre la oficialidad de Carabineros), y ejecutados por los cabos Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes y por el sargento José Florentino Fuentes Castro.

En el vehículo que trasladó a Parada, Guerrero y Nattino hasta Quilicura, además de González Betancourt, también iban el capitán Patricio Zamora Rodríguez y Miguel Estay Reyno, conocido como “El Fanta”, exmilitante comunista convertido en delator y colaborador de la dictadura. ​

El 1 de agosto el juez Cánovas encargó reos a los dos presuntos pilotos del helicóptero policial que habría sobrevolado la escena del secuestro en los minutos previos al plagio del profesor Guerrero y José Manuel Parada, y dejó bajo arraigo a otros doce funcionarios, entre ellos el coronel Luis Fontaine Manríquez, jefe de la DICOMCAR, el coronel Julio Luis Michea Muñoz y el teniente coronel Iván González Jorquera.

El 2 de agosto de 1985, un día después de la resolución de Cánovas, el general director de Carabineros, César Mendoza, tuvo que renunciar al mando y a la Junta del Gobierno, la cual integraba desde el golpe militar 1973. Ese mismo día, consultado por la prensa por qué se iba, Mendoza respondió: “Porque se me antojó, no más” y luego agregó: “Se está desgranando el choclo…”. En su reemplazo asumió el general Rodolfo Stange, quien en las semanas siguientes ordenó la disolución de la DICOMCAR. ​

Tras retomar el caso, Cánovas encargó reos a diez funcionarios, pero en enero de 1986 la Corte Suprema revocó los autos de procesamiento y un año después el juez dictó el sobreseimiento temporal de la causa.​ En 1989 Cánovas se acogió a retiro y asumió como ministro en visita Milton Juica.

En 1994, tras varios años de investigación, el juez Juica condenó a tres miembros del servicio secreto de la policía a presidio perpetuo por el asesinato y a otros trece funcionarios a penas entre 41 días y 18 años de presidio. Posteriormente, la Corte de Apelaciones aumentó a seis las condenas de presidio perpetuo. ​Al año siguiente, la Corte Suprema finalmente confirmó cinco de las seis condenas a presidio perpetuo: Guillermo González Betancourt, José Fuentes Castro, Alejandro Sáez Mardones, Claudio Salazar Fuentes y Miguel Estay Reyno. En el caso de Patricio Zamora Rodríguez se bajó a 15 años y un día de presidio.

Desde fines del 2017 solo cumplió condena Miguel Estay, mientras los otros condenados fueron liberados sin cumplir la condena de presidio perpetuo. Esta situación ha sido denunciada por varias organizaciones de derechos humanos, principalmente por la Comisión Funa, que ha investigado y denunciado la impunidad este tipo de delitos.

 

El “Fanta”

Miguel Estay Reino, alias “El Fanta”, fue un militante de las Juventudes Comunistas y tras el golpe cívico militar de 1973, un colaborador de la dictadura de Pinochet. Fue amigo de la familia del profesor Manuel Guerrero y compañero de éste en militancia.

Dada su participación en el crimen de los tres comunistas degollados, Estay Reino cumplía una condena de cadena perpetua en el penal de Punta Peuco. El 10 de agosto de 2021 falleció en el hospital San José, a los 68 años, por causas asociadas al Covid-19, según informó Gendarmería.

En su libro “El Fanta: Historia de una Traición”, la periodista Nancy Guzmán relata que “Miguel Estay Reyno se cambió de bando aparentemente sin sufrir tortura, llegando a ser de los más activos agentes de la dictadura”. Con un enorme agravante: delató a sus dos hermanos menores, ambos militantes del Partido Comunista. Esto les significó prisión y tortura.

 

Santiago Nattino y “El Siglo” en Clandestinidad

El publicista y artista plástico Santiago Nattino fue distinguido en varios concursos nacionales e internacionales de afiches. Realizó trabajos gráficos y visuales para las campañas electorales de la izquierda chilena y durante la Unidad Popular fue jefe del Departamento de Divulgación del Servicio Agrícola y Ganadero.

Con el golpe de Estado en 1973 cayó preso en el Estadio Nacional. Tras ser liberado, apoyó a El Siglo clandestino creando decenas de originales fáciles de reproducir, adaptables a distintas situaciones.

Durante la dictadura realizó afiches para la Vicaría de la Solidaridad y diseñó el logotipo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).

 

“Tres sillas vacías recuerdan a don Santiago y a los Manueles”

En 2006 la ex Presidenta Michelle Bachelet inauguró el Memorial a las víctimas del Caso Degollados, en el lugar donde los cuerpos de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero fueron encontrados por campesinos: en la comuna de Quilicura, al lado de la autopista Vespucio Norte, frente al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

Todos los años se realiza ahí una conmemoración donde participan familiares de las víctimas, miembros del Partido Comunista, del Colegio de Profesores de Chile y en ciertas ocasiones, autoridades políticas o de Gobierno.

El memorial está conformado por tres sillas de acero, de 10 metros de altura, que se pueden visualizar desde el cielo dada su cercanía al aeropuerto y que hacen alusión a sillas escolares, no sólo para representar el espíritu de los tres asesinados y rememorar el aporte que hicieron a la educación, sino también para recordar su secuestro en sí, que fue en un establecimiento educacional, en el caso de Manuel Guerrero y José Manuel Parada.

A 38 años de este salvaje crimen y en “Conmemoración a estos Mártires de la Democracia”, el Colegio de Profesores y Profesoras, el Partido Comunista y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) convocaron para este domingo 2 de abril, a una caravana que saldrá a las 10 horas desde avenida Vicuña Mackenna 31, sede del PC, hacia el Memorial de las Tres Sillas, donde a las 12 horas se realizará un acto en memoria de estas tres víctimas de los corvos del régimen de Pinochet.

fuente: elsiglo.cl

Vamos a estar extremadamente vigilantes” con aplicación de la Ley Nain-Retamal stars

Así lo señaló el senador Daniel Núñez, quien planteó la necesidad de “combatir la delincuencia con las herramientas de la democracia” y eso paso por el respeto irrestricto de los derechos humanos. El legislador del Partido Comunista, en entrevista con ElSiglo.clexplicó por qué finalmente no llevaron la nueva ley al Tribunal Constitucional. Anotó que “hay que dejar en claro que los mayores peligros que contenía esta Ley, quedaron eliminados con el debate que dimos en el Congreso” y precisó que “no es real que pueda ser usada para reprimir protestas sociales”. Núñez sostuvo que la primera vulneración que sufre la población en sectores populares es la acción del narco y el crimen organizado. Insistió en que “la reforma de Carabineros y el mejoramiento o modernización de Carabineros es una necesidad”. Dijo que desde la derecha, aprovechándose de la situación que se vive, nuevamente quieren atacar y excluir al PC.

 

Fue una semana activa y vertiginosa para el senador Daniel Núñez (Partido Comunista), metiéndose de lleno a la discusión y votación de la polémica Ley Nain-Retamal, planteando objeciones y contra-propuestas.

Junto a eso, asumiendo posiciones y entregando argumentos frente a la tormentosa agenda de seguridad pública, los debates legislativos, las campañas mediáticas y hasta críticas al Partido Comunista.

¿Por qué, finalmente, los legisladores del Partido Comunista decidieron no ir al Tribunal Constitucional por la Ley Nain-Retamal?

En primer lugar, la Ley fue promulgada el jueves y eso hacía imposible ir al Tribunal Constitucional, además, había que reunir 39 firmas de diputados y diputadas y 13 firmas de senadores y senadoras. Por tanto, por cuestión de tiempo y de reunir las firmas necesarias, no contábamos con esa posibilidad de ir al TC. Pero, además, el Gobierno comprometió, en el debate legislativo, que el aspecto más polémico de esta norma, sobre el  uso privilegiado de la fuerza, iba a ser mejor precisado en las reglas del uso de la fuerza, que es un proyecto de ley que el Ejecutivo enviará al Congreso. Considerando ese conjunto de situaciones, no era posible ir al Tribunal Constitucional y esa fue la realidad a la que nos enfrentamos.

¿Consideras que igual habrá que tener cuidado con la aplicación de esta Ley?

Por supuesto. Vamos a estar extremadamente vigilantes con una Ley que surge por aprovecharse del dolor de un país y que cuando se comenzó a discutir tenía aberraciones jurídicas y en materia de derechos humanos brutales como, por ejemplo, la impunidad total a los altos mandos, o hacer un uso indiscriminado de las armas letales con un criterio totalmente subjetivo de la policía, y eso logramos que se eliminara. No obstante tenemos reparos en algunos puntos y nos parece que ante esta situación vamos a estar muy vigilantes en cuanto a que siempre, ante algo tan necesario como es el combate a la delincuencia, se haga con las herramientas de la democracia, y una de las herramientas de la democracia es el respeto a los derechos humanos. Si surge cualquier situación de violación a los derechos humanos, un exceso policial, lo vamos a denunciar y si es necesario lo llevaremos a los organismos internacionales. Y no renunciamos a hacer adecuaciones necesarias. 

El Gobierno le dio un contundente respaldo a Carabineros. Junto con eso, ¿no debería trabajar con la policía uniformada, preventivamente, para evitar que haya violación a los derechos humanos, abusos o excesos? 

Hay que dejar en claro que los mayores peligros que contenía esta Ley, quedaron eliminados con el debate que dimos en el Congreso, y una Ley que contenía aberraciones como la impunidad para los altos mandos y el uso indiscriminado de armas de fuego, ya no están presentes. Eso es muy importante, porque cuestiones que fueron impugnadas por organismos de derechos humanos internacionales y nacionales se lograron sacar de la Ley.

Sobre esa base, siempre hay situaciones de imprecisiones, de dobles lecturas, que están preocupando, y que deben quedar solucionadas y precisadas en el proyecto de ley que el Gobierno debe enviar al Congreso sobre las reglas del uso de la fuerza policial. Eso puede ayudar a que las policías tengan criterios más claros -incluso las fuerzas militares- de uso racional y proporcional de las armas. 

Quiero enfatizar que el combate a la delincuencia, al narcotráfico y al crimen organizado debe hacerse con las herramientas y los recursos de la democracia y uno de esos recursos es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Ninguna política de seguridad ciudadana puede sustentarse sobre la base de un actuar autoritario, discrecional, represivo y con uso excesivo de la fuerza. Eso es contrario a la democracia, es contrario a legitimar a las policías.

 

La Ley no es para manifestaciones sociales

Hay inquietud de que esta nueva Ley y las medidas en esta “batalla a la delincuencia”, puedan afectar a la ciudadanía, a la vida cotidiana de la gente, sobre todo en zonas populares. Se piensa que estas nuevas atribuciones de Carabineros se pueden usar para ir en contra de manifestantes sociales.

Eso no es verdad. No es real que la Ley Nain-Retamal, como fue promulgada, pueda ser usada para disolver, contener o reprimir protestas sociales. La Ley sólo estipula que Carabineros podrá hacer uso de armas de fuego o armas letales sólo cuando esté en riesgo su vida, la de terceros o él quedar gravemente herido. En ninguna protesta social, o en ninguna manifestación, jamás está en riesgo la vida de un policía, quien se va a manifestar no va a amenazar la vida de un carabinero, no lleva armas de fuego para dispararle. Además, frente a la protesta social hay protocolos, los carabineros van con su equipamiento de protección, con vehículos que también les permite resguardar su vida…

¿Es exagerado decir que si un manifestante se acerca con un palo a golpear a un carabinero, el carabinero podrá dispararle?

Si un manifestante se acerca con un palo a un carabinero y ese carabinero está con su escudo, con su casco, con sus implementos de seguridad, su vida no corre riegos y no puede, por tanto, responder con un arma de fuego. La Ley Nain-Retamal no lo permite. En eso hay que ser claro y tajante. A diferencia del texto original que salió de la Cámara Baja que sí lo permitía. Ese texto, que no quedó, estipulaba que si dos o más personas podían causarle lesiones, el carabinero podía usar su arma de fuego. Eso sí, aunque le moleste a algunos, era un “gatillo fácil” y sí podía ocurrir que en protestas sociales usaran el arma de fuego, eso se eliminó de Ley, por tanto, no existe la posibilidad de que un manifestante agreda a un policía y que éste responda haciendo uso de su arma de fuego.

Es constatable que en poblaciones, comunas populares, localidades de regiones, hay inquietud de que puedan estar más vulnerables a un accionar policial represivo.

Mira, la primera vulneración que vive la gente en esas zonas que me señalas, es de parte de la delincuencia, del narcotráfico, del crimen organizado, de bandas delictivas, ese es el mayor temor que tiene la gente en la actualidad. Que una “bala loca” mate a un familiar, que lo asalten llegando a la casa, que un altercado con un narco termine en que le disparen, que le entren a robar al comercio o a la casa, ese es el temor que hoy está presente en los sectores populares.

Ahora, terminar con ese temor debe hacerse en el marco del Estado de Derecho, sin afectar a personas inocentes, sin molestar a las ciudadanas y ciudadanos, y por eso insistimos en aquello del uso indiscriminado de las armas por parte de las policías. Un arma de fuego mal usado por un policía, puede provocar la muerte de un inocente, y eso sería contradictorio con el objetivo de resguardar la seguridad de la población. Otro factor es el uso proporcional de la fuerza, que debe ser ratificado en las reglas que existen. 

Sabemos que hay una situación compleja, por eso debemos estar atentos a las situaciones que se puedan provocar y cuando haya violaciones a los derechos humanos y excesos policiales, habrá que denunciarlo, como lo hicimos en otros momentos. Las denuncias que hicimos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social o de los casos de corrupción brutal como el famoso “pacogate” donde los altos mandos se gastaron las platas que debían ir a mejorar las condiciones de Carabineros, son denuncias que no dañan a la policía, la fortalecen, porque le permiten corregir errores, combatir la corrupción, separar de las filas a quienes cometan violaciones a los derechos humanos. Esas denuncias las hicimos desde nuestro rol como parlamentarios del Partido Comunista y eso se va a mantener, independientemente de quien sea el Presidente que esté en La Moneda, independientemente del Gobierno que haya y si somos o no somos parte de un Gobierno, porque esto es parte natural de nuestra esencia y compromiso democrático.

 

Reforma a Carabineros, Estado de Excepción

¿Hay que insistir en la reforma a la institución de Carabineros? Porque parece que eso se olvidó.

La reforma de Carabineros y el mejoramiento o modernización de Carabineros es una necesidad. Entre otras cosas, porque estamos enfrentando un enemigo delictual nuevo, que tiene prácticas que no conocíamos, vinculadas a carteles de drogas y crimen organizado, y debemos ponernos al día. También ir a las malas prácticas policiales en la represión a la gente, que provocaron daños terribles y no queremos que se repitan, como 400 personas mutiladas en sus ojos. Hay que insistir en que es una necesidad la reforma a las policías, nadie debe ver eso como una amenaza y habrá que hacerlo en conjunto con las instituciones policiales. 

¿Estás de acuerdo en establecer el Estado de Excepción en la Región Metropolitana u otras regiones?

Hoy la exigencia que nos instala la derecha de Estado de Excepción es absolutamente ineficiente, poco eficaz y busca respuestas populistas que no solucionan el problema. Si sacas a los militares a la calle será difícil que encuentren esos puntos críticos, a todos los narcos y delincuentes, sin metodología investigativa. Además, tenemos al contingente militar estresado desplegado en La Araucanía y la frontera norte. Detrás de eso no hay una propuesta seria, no hay una preocupación efectiva y sincera por combatir la delincuencia, sino ir a medidas populistas e ineficaces. No soy partidario de ninguna forma de un Estado de Excepción en el país. 

¿Y el plan de intervención en muchas comunas para atacar la delincuencia?

Tendríamos que conocer esos planes, más en detalle, lo analizaremos, pero no me quiero pronunciar porque no conozco esos planes. 

¿Qué frase te sinterizaría lo que hay que hacer en este momento con el tema de la seguridad pública?

La frase es combatir la delincuencia con las herramientas de la democracia. 

 

Durante la semana, legisladores y dirigentes de la derecha, incluso algunos de Socialismo Democrático, dijeron que el Partido Comunista no quería aprobar leyes para ayudar a la labor de Carabineros. 

Eso no es real. Lo que pasa es que lo que entendemos, comprendemos y asumimos es que fortalecer la labor policial es darle todas las herramientas que sean necesarias para combatir el crimen, pero junto con eso, denunciar y terminar todas las malas prácticas que puedan deslegitimar el accionar de la policía y debilitar a la institución policial. Plantear que debemos inhibirnos cuando hay un mal procedimiento de Carabineros, que debemos inhibirnos cuando hay un caso de corrupción, es dañar a la policía y a la democracia. 

 

Las exigencias de renuncias y deshacerse del PC

En todo este escenario, hubo declaraciones de presidentes y secretarios generales de partidos de la derecha, de legisladores de oposición, exigiendo la renuncia de ministros y subsecretarios, de jefes de servicio, y se habló de sacar de escena al Partido Comunista, le exigieron al Presidente Gabriel Boric que se desprendiera del PC.

Hay un intento, dada la angustia, la conmoción que hay en el país, la sensación de dolor con lo que está pasando con la muerte de los carabineros, de aprovechamiento político. Se quieren aprovechar del dolor y la preocupación que hay en el país para atacar al Partido Comunista y volver a generar el escenario de la exclusión e incluso de la ilegalización del Partido Comunista. Nosotros somos un actor validado y reconocido en la democracia, siempre hemos defendido la democracia, tenemos credenciales de respeto a la institucionalidad que son intachables, a diferencia de la derecha que -ahora que estamos en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado-, respaldó el derrocamiento de un Gobierno y defendió y justificó una represión que dejó miles de ejecutados, desaparecidos, torturados y exiliados. Imagínate, se cumplen 50 años del golpe de Estado y la derecha está planteando la exclusión, el deshacerse del Partido Comunista. 

No creo que esas exigencias descabelladas de hacer renunciar ministros o de sacar al PC del camino vayan a ser escuchadas y menos implementadas. Por el contrario, hemos estado en diálogo permanente con el Presidente Boric, nuestros dirigentes han estado en La Moneda, y siempre será bueno que nadie en la centroizquierda, como se dice en el lenguaje popular, “agarre papa” y se suba a la campaña anticomunista. 

Pero de Socialismo Democrático se habló de “traición”, de “darle la espalda” al Presidente, se criticó a la alcaldesa de Santiago, se dijo que el PC actuaba de manera irresponsable.

No es el minuto de echarle más leña al fuego con declaraciones, respuestas o dimes y diretes. Es claro que debemos tener un sentido de responsabilidad para en minutos de crisis, de mucha tensión política, manejarnos con la mente fría y con templanza.

Se constata un remezón en la agenda del oficialismo, al menos coyunturalmente.

Lo primero es que en este momento debemos actuar con más unidad que nunca para apoyar al Presidente Gabriel Boric y no perder de vista el rumbo transformador del Gobierno, con una agenda sólida y que está caminando, y que es lo esencial, lo que nos da sentido como un Gobierno transformador, de beneficio para la gente, y que nos llevó a ganar las elecciones.

Hugo Guzmán. Periodista. Santiago. 8/4/2023. 

FUENTE: elsiglo.cl

Polémica por cajas con osamentas de desaparecidos: SML ya había informado que mantiene restos de 300 presuntas víctimas sin identificar stars

En 2001 el juez Juan Guzmán entregó en custodia a la Universidad de Chile 89 cajas con restos óseos de presuntos desaparecidos. En 2014 se inundó la bodega donde estaban guardadas y fueron afectadas por hongos. En 2019 fueron trasladadas al Servicio Médico Legal (SML), donde hasta hoy no las han periciado. En medio de la polémica generada por esta información, CIPER accedió a un informe enviado por el SML al Ministerio de Justicia el año pasado en el que se mencionan estas cajas y se afirma que ese servicio mantiene restos óseos de cerca de 300 presuntas víctimas, obtenidos entre 1990 y 2015, sin identificar. Por estos antecedentes, la exministra Marcela Ríos ordenó una auditoría al SML.

 

La declaración de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se difundió a la velocidad del rayo: “Esto es parte de la política de impunidad que ha tenido el Estado durante todos estos años. Tienen que haber responsabilidades políticas por esta nueva negligencia”. El comunicado hacía referencia a la información que les entregó la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien les señaló que existían 89 cajas con osamentas sin periciar ,de presuntas víctimas de la dictadura, desde hace más de 20 años.

Esas 89 cajas no eran una novedad para las autoridades. El año pasado el Servicio Médico Legal (SML) le informó al Ministerio de Justicia que las tenía en su poder. Además, el servicio indicó a la secretaría de Estado que mantiene restos óseos de 300 presuntas víctimas sin identificar. De hecho, en septiembre pasado la ministra Paola Plaza solicitó a la misma secretaría de Estado que se asignaran recursos para periciar los restos contenidos en las cajas. Hasta hoy el oficio de la magistrada no ha sido respondido por el gobierno. 

Altas fuentes del Ministerio de Justicia señalaron a CIPER que el SML está prácticamente colapsado. Una persona que conoce en detalle las relaciones que Justicia y ese servicio mantuvieron durante 2022 confirmó que, desde septiembre pasado, está en curso una auditoría para conocer la cantidad de restos óseos que efectivamente están en el SML, la fecha en qué llegaron y el nombre de las personas a cargo.

Esa auditoría se inició luego de que en agosto el SML le enviara un informe a la entonces ministra Marcela Ríos, donde detalló en parte esa información. La exministra consideró que esos antecedentes eran insuficientes. En ese informe se mencionó la existencia de las cajas que habían llegado desde la Universidad de Chile y que ahora desataron la polémica.

Lo que no se tocó en ese informe, y que hasta hoy es una información que muy pocos manejan, es el olvido en que esas cajas estuvieron durante 23 años. CIPER reconstruyó esa historia. El detalle más delicado lo contó el actual director del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Universidad de Chile, Julio Cárdenas:

-En 2014 hubo una inundación en la Facultad de Medicina. La directora de la época baja al subterráneo y se encuentra con muestras (las cajas) llenas de hongos y humedad. 

Según su versión, hasta antes de 2014 pocos en la universidad conocían de la existencia de las cajas.

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (Fuente: Web Universidad de Chile)

-La Universidad de Chile no las recepcionó, sino que fue el académico de la universidad, Luis Ciocca. Y no informó al resto de los académicos. Las dejó en un lugar donde él tenía acceso, pero no hay un ingreso oficial, ni un recuento, que como departamento, existiera en esa época.

En 2001 el entonces juez Juan Guzmán Tapia le había encomendado a Ciocca que las resguardara. En esa época, Ciocca era el director del Departamento de Anatomía y Medicina Legal. En 2014, siempre según la versión de Julio Cárdenas, la inundación del subterráneo donde las cajas estaban guardadas reveló su existencia. Pero las muestras quedaron deterioradas.

-Como departamento no hay información que haya quedado registrada por parte del profesor Ciocca. Y se decide que la doctora Laura Börgel, toxicóloga, y la doctora Carmen Cerda, hagan un levantamiento de todas las especies que había ahí y un estudio de la contaminación por hongos. Era inviable que esas muestras se pudiesen enviar directamente al Servicio Médico Legal en esas condiciones-, explicó Cárdenas a CIPER, quien señaló que el trabajo de limpieza de los restos “tomó entre tres a cuatro años”. Recién en 2019, dijo, las cajas fueron entregadas al SML.

Luis Ciocca, odontólogo y experto en pericias forenses, fue quien identificó, en 1976, los restos de Marta Ugarte, una profesora de militancia comunista asesinada por la DINA, el organismo represivo que intentó hacer desaparecer su cuerpo arrojándolo al mar desde un helicóptero. Ese plan fracasó luego de que el cuerpo apareciera en la playa La Ballena, 180 kilómetros al norte de Santiago. 

De ahí en adelante Ciocca se perfeccionó como forense y ha participado en la identificación de numerosos cuerpos de desaparecidos. En conversación con CIPER, ratificó que las osamentas contenidas en las 89 cajas que le mandó a resguardar el exjuez Guzmán Tapia, fueron afectadas por la inundación en 2014 del subterráneo de la Facultad de Medicina. Aunque según él, el daño no fue mayor.

En el informe que el SML le envió a la exministra de Justicia, Marcela Ríos, se indica que son 80 las cajas que llegaron desde la Universidad de Chile, y no 89. Ciocca aseguró que la variación en el número se produjo porque, mientras estas estaban en un subterráneo de la Universidad, varios ministros en visita solicitaron algunas de ellas porque se relacionaban con las causas que estaban investigando.

En todo caso, en ese mismo informe del SML se mencionan otros restos óseos que están en poder del servicio y que tampoco han sido periciados en su totalidad.

RESTOS DE 300 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Junto con saludar, me dirijo a usted para dar respuesta al requerimiento indicado en antecedente, relativo al plan de identificación de osamentas y su estado de avance”. Así parte el informe firmado por el entonces director del SML, Gabriel Zamora, dirigido a la exministra de Justicia, Marcela Ríos.

En ese documento se detalla el trabajo realizado por la Unidad de Derechos Humanos del SML, la que ha trabajado sobre la base de 1.469 personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura: 1.092 corresponden a detenidos desaparecidos y 377 a ejecutados políticos sin entrega de cuerpo. “La mayoría de ellas permanecen desaparecidas y sus cuerpos no han sido encontrados, y las causas aún se encuentran tramitadas en los Tribunales”, se indica en el informe al que CIPER tuvo acceso.

El mismo documento informa que del total de desaparecidos, se han podido identificar los restos de 310 personas, por lo que están pendientes de identificación 1.159 víctimas. 

Un detalle relevante contenido en el informe, es que el SML reconoce que tiene en su poder los restos de cerca de 300 personas que aún no son identificados: “La Unidad de DD.HH. tiene en custodia restos estimados en 300 presuntas víctimas, encontradas entre los años 1990 y 2015. Sobre esto, se ha trabajado arduamente en la obtención de sus perfiles genéticos”.

Servicio Médico Legal

La manera en que ha trabajado el SML para poder identificarlos, es hacer cruces genéticos con muestras que van dejando en una base de datos los familiares de los desaparecidos. Pero, hasta ahora, esa técnica no ha permitido identificar la mayoría de los restos.

El documento indica que de las osamentas halladas en el Patio 29 del Cementerio General, hay 124 cuerpos en custodia del SML: “Estos se encuentran debidamente conservados (esqueletados), y se ha podido identificar a 76 personas, las que fueron entregadas a sus familiares”.

Y sobre las cajas que llegaron en 2019 desde la Universidad de Chile, el informe indica que se trata de material que no cuenta “con inventario ni cadena de custodia”. Agrega que se trata de 80 cajas, y no de 89 como se ha difundido, y que “corresponde en gran medida a casos exhumados por la Unidad de Identificación y Museos, entre los años 1994 y 2002, por orden del ministro Juan Guzmán, en diferentes lugares de Chile, como cementerios, lugares campestres y localidades varias” (vea aquí el informe del SML).

El documento establece que fue el ministro Alejandro Solís quien dio “instrucciones de registrar, inventariar y evaluar el contenido de dichas cajas para establecer su relevancia médico legal y su relación con casos vinculados a graves violaciones a los DDHH durante la dictadura militar”. El ex ministro Solís cesó sus funciones en el Poder Judicial en 2012, al cumplir 75 años, por lo que han pasado más de 10 años sin que esa orden se cumpla.

El avance ha sido en extremo lento. Según el informe del SML, “actualmente se han revisado solo 10 cajas, inventariando material y seleccionando muestras útiles para datación y/o análisis genético”. Pero la lentitud no ha sido solo del Servicio Médico Legal. Recién en 2019 las cajas fueron entregadas por la Universidad de Chile. En eso puede haber influido la inundación del subterráneo donde se mantuvieron durante 18 años y la contaminación por hongos que sufrieron.

89 CAJAS QUE NO SE HAN PERICIADO EN 23 AÑOS

El ministro Juan Guzmán no le tenía confianza al Servicio Médico Legal. Eso fue lo que le dijo a CIPER el exdirector del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Luis Ciocca. Él trabajó con Guzmán y, según su versión, el entonces ministro sospechaba de la rigurosidad del SML. “Hubo un conflicto con el Servicio Médico Legal de desconfianza, porque en el servicio había muchas situaciones especiales. Incluso gente infiltrada que alteraba las osamentas. Cuando yo estaba empezando en la medicina legal metían huesos antiguos para despistar a los peritos”.

Por ese motivo, dice Ciocca, en 2001 Juan Guzmán le pidió resguardar las 89 cajas, que estaban marcadas con los nombres de los lugares en que fueron obtenidos los restos, como Pisagua y Cerro Chena, entre otros.

La entrega de esas cajas quedó registrada en un oficio enviado el 8 de mayo de 2001 por Guzmán al SML: “(…) se ha decretado oficiar a Ud. a fin de comunicarle que, con esta fecha se ha dispuesto solicitarle sean devueltas a este tribunal todas las osamentas que fueron remitidas a ese servicio para las pericias de rigor, las que quedarán en custodia y resguardo del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile”, escribió Juan Guzmán en ese documento.

Durante los siguientes 23 años esos restos óseos no fueron periciados y, lo que es peor, estuvieron en serio riesgo de descomposición ¿Más grave aún? Volvieron a ingresar al SML sin “cadena de custodia”. Eso puede ser fatal para las investigaciones judiciales, porque implica que esas cajas pudieron ser intervenidas.

El actual director del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la universidad, Julio Cárdenas, quien asumió en 2021, asegura que el decano de la Facultad de Medicina en 2001, Jorge Las Heras, le dijo a Ciocca que “no habían recursos para resguardar y guardar las osamentas y, a pesar de eso, las dejó en un subterráneo”.

Esta explicación choca con el comunicado que divulgó este viernes la Facultad de Medicina del plantel, en donde señaló que entre 2001 y 2019 se “custodió y resguardó el material tal como se le encomendó por orden judicial”.

Consultado Ciocca por los efectos de la inundación de 2014, aseguró: “me dijeron que, a pesar de eso, no había habido daño en las cajas, porque eso fue cuando yo ya no era director. No me había jubilado todavía, pero me había ido de Medicina Legal”.

Posterior a la inundación, lo que se hizo fue un proceso de catalogación, limpieza y descontaminación de las osamentas, con recursos propios de la Facultad de Medicina, según explica Cárdenas.

-También había documentos de (causas judiciales que llevaba el ministro) Mario Carroza, en los que aparecían incluso investigaciones sobre el fallecimiento de Pablo Neruda -asegura el director.

Juan Guzmán Tapia, primer juez que procesó a Augusto Pinochet

El proceso de limpieza duró hasta 2018. El 19 y 20 de enero del 2019 se entregó al SML todo el material.

-Aquí no puso plata ni Fiscalía, ni ninguna agrupación. El departamento usó sulfato de cobre para bajar el índice de contaminación. Eso fue con todas estas cajas. Había que hacerlo en forma de vaporizador -dice Cárdenas. 

Luis Ciocca comenta que su preocupación sobre el destino de esas muestras comenzó a acrecentarse cuando se preparaba para su retiro, según dice, por los años 2010 a 2014.

-La primera vez que pregunté fue en un acto de aniversario de la Policía de Investigaciones, porque me encontré con un ministro en visita en la época del presidente Piñera. Le dije que tenía guardadas unas osamentas desde que las dejó el ministro Guzmán, que no sabía qué hacer con ellas. Él me dijo que oficiara a la Corte Suprema”, cuenta Ciocca, quien asegura que efectivamente informó al máximo tribunal:

-La Corte me contestó que no tenía atribuciones y le traspasó el tema a alguno de los ministros en visita del momento. Estos ministros en visita disponen que haya un contacto nuestro con el Servicio Médico Legal a objeto de que ese servicio vaya al Departamento de Medicina Legal y retiren las osamentas-, agrega.

El ex académico comenta que mientras fue director del Departamento de Medicina Legal, los ministros en visita le hacían consultas sobre las 89 cajas. “Me preguntaban ‘¿estará en custodia en el Departamento de Medicina Legal este caso?’. Yo buscaba, lo encontraba y se lo mandaba”, narra. 

Actualmente, el profesor Ciocca afirma que está ayudando a la ministra Paola Plaza con su repositorio de archivos: “Llegó a mí buscando antecedentes. No por estas cajas, porque esto yo lo daba por resuelto. Para mí estas cajas están en la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal y allí tenían que periciarlas. No fueron 89 cajas, fueron menos al servicio, porque yo entregué varias antes a los ministros”.

Consultado sobre por qué en todos esos años ni el SML ni los ministros dispusieron que se hicieran pericias para identificar esos restos, Ciocca dice:  “No sé. El desorden solamente. El desorden de la justicia, incluso, porque son incapaces de decir ‘esta causa que tenía el ministro Guzmán pasó a este juez’”.

Cuando en 2002 el entonces ministro Juan Guzmán comenzó a delegar sus causas, fueron varios los ministros que las asumieron. CIPER hizo un barrido en expedientes judiciales y algunos de los que se hicieron cargo de esas indagatorias fueron Alejandro Solís, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda, Patricia González, Mario Carroza, Daniel Calvo y Paola Plaza, entre otros. 

Según consta en el informe del SML enviado al Ministerio de Justicia, el ministro que ordenó al servicio trabajar con esas cajas fue Solís y lo hizo en 2012. Pasaron siete años -en los que una inundación afectó a los restos- para que las cajas fueron entregadas al Servicio Médico Legal. Y 11 años después, aún no se perician. 

AUDITORÍA AL SERVICIO MÉDICO LEGAL

El 26 de septiembre pasado, cuando el gobierno ya sabía de las cajas que habían sido trasladadas desde la Universidad de Chile al SML, la ministra en visita Paola Plaza le envió un oficio a la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos. En él documento pedía recursos para periciar los restos contenidos en las cajas.

La contratación transitoria de un equipo externo con dedicación exclusiva de dos antropólogos, dos arqueólogos, un bioquímico y un informático, para que actúen en conjunto y bajo la supervisión estrecha del equipo de trabajo de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal en el proceso de identificación forense”, dice el oficio de Paola Plazza, el que CIPER tuvo a la vista.

Hasta hoy, cuatro meses después, no ha sido respondido. 

Desde el Ministerio de Justicia -encabezado ahora por Luis Cordero-, dicen que recibieron el oficio el 29 de septiembre y que lo derivaron a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Agregan que no han entregado una respuesta formal a Paola Plaza y que lo harán «una vez concluya la revisión especial que este Ministerio está realizando a la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, la que debería estar terminada en marzo de 2023». 

Esa auditoría fue encargada por la exministra Ríos el 31 de agosto de 2022, luego de que considerara que el informe que le envió el SML no era suficiente. Según fuentes que conocieron de cerca las conversaciones entre Justicia y el servicio, la exsecretaria de Estado buscaba conocer, en detalle, cuántas osamentas están bajo custodia del SML, en qué fecha llegaron y quiénes han sido las personas responsables de ese material (revise aquí el oficio con que se inició la auditoría).

Antes de eso, la entonces ministra Ríos se había reunido con el director del SML en esa época, Gabriel Zamora, en abril y mayo de 2022. En esas reuniones, ella le pidió el detalle del avance del Plan de Identificación de Osamentas. Desde la cartera de Justicia dijeron que en agosto aún no tenían respuesta, por lo que el día 3 de ese mes enviaron un oficio reiterando la solicitud (vea aquí ese documento). Como la respuesta la consideraron insuficiente, a fines de agosto ordenaron la auditoría.

En paralelo a esa auditoría, la ministra Plaza buscaba saber por qué los restos óseos no habían sido periciados. El 24 de agosto de 2022, junto a una actuaria y un subprefecto de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la PDI, la magistrada concurrió hasta la Unidad de Derechos Humanos del SML. Allí se entrevistaron con la jefa de la oficina, Marisol Intriago, quien estaba acompañada por dos antropólogos.

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) (Fuente: Web AFDD)

(…) Se procedió a inspeccionar un número indeterminado de cajas plásticas con material sin periciar, trasladadas desde el Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, lo que de inmediato se dispuso inventariar”, relata el documento enviado por Plaza al Ministerio de Justicia, en el que solicitó recursos.

La ministra Plaza indicó en el oficio que las pericias debían realizarse desde ya. Pero, el entonces director subrogante del SML, Froilán Estay, le respondió -según el mismo oficio- que no contaban con los “recursos humanos para atender con prontitud la diligencia requerida”. Por eso recurrió al gobierno.

Los familiares de detenidos desaparecidos se enteraron de la existencia de estas 89 cajas este jueves 2 de febrero. En Calama, en las dependencias de la gobernación regional, hubo una reunión convocada por la ministra en visita y donde participaron distintos actores gubernamentales. “Se informó la existencia de 89 cajas de osamentas en custodia del Servicio Médico Legal (SML), que le fueran traspasadas desde el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile en 2019, las cuales podrían eventualmente corresponder a alguna víctima de desaparición forzada”, señaló el Ministerio de Justicia a través de un comunicado en la noche del jueves pasado.

La noticia provocó la protesta de distintos grupos, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, por la negligencia con la que se han tratado estos restos durante años: “Es una situación gravísima que debe ser investigada y que se encuentren las responsabilidades”, afirmaron. En las últimas horas la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, indicó que estas situaciones “huelen a impunidad y complicidad”.

CIPER se contactó con la ministra Paola Plaza, quien no quiso referirse al tema. Desde el Servicio Médico Legal no contestaron nuestras preguntas. En el Ministerio de Justicia indicaron que “tanto el programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del área como el SML han expresado el interés de generar espacios de trabajo conjunto con los familiares”. 

Consultada por CIPER, la exministra Marcela Ríos apuntó que “esta fue una prioridad de mi administración, y mía personal. Desde que yo asumí, y a pesar de que la supervisión del Servicio Médico Legal tradicionalmente no se hace por parte de los ministros, me preocupé de hacerlo porque este es también un compromiso presidencial. Hicimos la mayor cantidad de reasignaciones presupuestarias para aumentar los recursos, y nos preocupamos de la compra de materiales, vehículos y el fortalecimiento de la planta funcionaria. También inicié gestiones con EuroSocial -instancia de la Unión Europea en apoyo a América Latina-, para lograr apoyo técnico que nos permita avanzar en la identificación de las osamentas”.

Fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron que prontamente debieran haber novedades respecto del respaldo para realizar pericias. También están en trámite solicitudes de apoyo técnico a las embajadas de España y Dinamarca. Puntualmente, el ministerio está trabajando con Dinamarca una iniciativa que, de prosperar, podría generar un banco de huellas genéticas.

fuente:ciperchile.cl

Recoleta realizará la Primera Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales stars

Entre el 6 y 16 de abril está agendada la 1era Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales de Recoleta, una de las actividades más esperadas durante el año 2023  y punto de encuentro de figuras de la literatura e intelectuales de diferentes partes del mundo.

 

La actividad que se enmarca en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, y espera transformarse en un espacio de debate y reflexión cultural durante el próximo mes de abril en nuestro país. Además, según sus organizadores, se espera que se replique en distintos lugares de Chile durante el año 2023.

 

La 1era Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales abrirá sus puertas el próximo 6 de abril en el zócalo de la Municipalidad de Recoleta, con la participación de más de 150 expositores de países como Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, México, Ecuador, Portugal, Italia, España y Francia entre otros.

 

Durante estas dos semanas se contará con la presencia de destacados intelectuales de la escena mundial como Francois Dosse, Boaventura de Sousa, Esther Pineda, Enzo Traversso, Enrique Dussel, Manuela D’Ávila, Malena Nijensohn, Emir Sader, Franco Bifo Berardi, entre otros.

 

La feria organizada por la Municipalidad de Recoleta, FIL23 y Recoletras, reunirá durante 11 días a editores, autores, libreros, distribuidores, educadores, bibliotecarios, científicos y lectores en 60 stands, para presentar las novedades literarias en el área de las Ciencias Sociales y participar de conversatorios y debates en torno a los 50 años del golpe de Estado.

 

De esta forma, el alcalde Daniel Jadue señala que “la Feria Internacional del Libro de Recoleta es la articulación del trabajo que hemos venido realizando estos últimos 4 años con nuestra librería popular y los actores sociales del mundo de la cultura. Este es el resultado de la convicción que hemos tenido de poner al servicio de la comunidad el desarrollo de las ideas y la reflexión”.

 

“Estamos contentos de que en el marco de los 50 años del Golpe de Estado en nuestro país podamos ofrecerle a la ciudadanía uno de los eventos más importantes en materia literaria e intelectual en Chile y particularmente en recoleta, donde participarán autoras y autores reconocidos a nivel mundial por su aporte al debate crítico y a la cultura”, agregó el jefe comunal.

 

Finalmente, Jadue destacó que “creemos que el acceso a la cultura debe ser para todas y todos, por eso es que la entrada es liberada, por lo que invitamos desde ya a ser parte de este evento que se levanta como el más importante a nivel Latinoamericano y con gran atención a nivel mundial”.

 

La entrada a la Feria y a sus actividades será absolutamente gratuita para quienes quieran asistir y durante las próximas semanas se publicará el programa final en las redes de la feria y en la página cincuenta.cl donde además la gente podrá inscribirse previamente para los foros y presentaciones que se realizarán durante la feria.

 

fuente: culturarecoleta.cl

Profesores de Historia: «Nuevamente Chile se quema» stars

La Asociación de Profesores de Historia Unidos a través de un comunicado exigió «el término de la subvención estatal al modelo de explotación forestal existente desde 1974» y «la articulación de un nuevo modelo territorial en zonas de extrema pobreza rural y deprivación».

Santiago. 10/02/2023. «Nuevamente Chile se quema», se titula la declaración de la Asociación de Profesores de Historia Unidos, donde abordan la recurrente situación de emergencia que vive la zona sur productos de los incendios forestales que se detonan durante el verano. Es por ello que exigen que se derogue el modelo de la explotación forestal que actualmente rige en Chile.

«¿Por qué se producen los incendios forestales? Las respuestas son multifactoriales, ya sea por factores naturales (menos del 1%), o el factor humano, que se encarga del porcentaje restante, pero queremos ir más allá, ¿Qué sectores son los afectados? ¿Qué especies se están quemando?, nuevamente chocamos con la realidad del país, donde un pequeño grupo de empresarios, hace un uso indiscriminado del suelo, con los monocultivos de pino y eucalipto en zonas pobres. Porque no vemos plantaciones en los sectores más acomodados, sino que están donde la pobreza está enquistada, condenando a pueblos enteros, como Santa Bárbara a padecer la voracidad del fuego», indicó el comunicado.

Y agregó que «no olvidemos, que el decreto 701/ 1974 es el que ha permitido estas desgracias, herencia del dictador, decreto ley que exigimos sea modificado en favor de las comunidades, haciendo un cambio profundo a la legislación vigente, limitando el monocultivo y haciendo responsable a las empresas privadas que han lucrado por décadas con el suelo y los impuestos de todos los chilenos y chilenas».

En ese marco, los docentes destacan la afectación a la naturaleza. «Tampoco podemos olvidar a nuestra madre tierra, a sus hijos que son la flora y fauna nativa, que mantienen el equilibro de los ecosistemas, que son vulnerados cada vez que la ambición se apodera de ella», apuntó la declaración.

Asimismo, añadió que «exigimos la articulación de un nuevo modelo territorial en zonas de extrema pobreza rural y deprivación. La vida de flora, faunas silvestres no sólo han sido devoradas por las llamas en estos últimos años. También han sido atrapados cientos de seres humanos que se han convertido en víctimas, incluso fatales por el avance de los incendios que no dan tregua por la falta de humedad y fuentes hídricas que existirían si las especies nativas hubiesen sido respetadas».

Y en el documento se aseguró que «responsable de esta tragedia no es el calor, ni el avance del calentamiento global, como lo han dicho algunos medios que desinforman, enfocados en el dolor de víctimas humanas que lo han perdido todo y los esfuerzos de toda una vida. Los responsables son empresas forestales que han sobreexplotado indiscriminadamente el suelo de la zona centro sur de Chile, volviéndolo estéril y dejando con menos fuentes laborales a los sectores rurales que durante siglos han desarrollado faenas agrícolas. Un ejemplo de aquello es la octava región que durante el siglo XVIII y XIX era la mayor exportadora de trigo de nuestra zona sudamericana».

«Exigimos el término de la subvención estatal al modelo de explotación forestal existente desde 1974 al presente», concluyó el texto de los profesores de historia.

fuente: elsiglo.cl

 

Era 1973 hoy en 2023, el lado oscuro de la Luna, sigue brillando

Por: Claudia Arellano Ga.
 
Crecer en medio de vinilos, en medio de cambios culturales, sociales y una enorme violencia humana, hace que todo se vea más oscuro, pero sin duda la música siempre resulta una caricia para los sentidos, han pasado 50 años desde que se lanzó por primera vez el álbum The Dark Side of the Moon; por aquellos años en pleno 1973 arribó a México el primer avión con ciudadanos chilenos, quienes buscaron asilo político en la embajada mexicana tras el golpe de Estado, también es el año en que en Washington D. C. (Estados Unidos), el republicano Richard Nixon jura su segundo mandato como presidente y fu expulsado en 1974 por el escándalo Watergate.
 
En Argentina Juan Domingo Perón regresa, tras dieciocho años en el exilio. En cercanías del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, durante la bienvenida al líder, sucede la masacre de Ezeiza: francotiradores disparan contra peronistas de izquierda, matando a por lo menos 13, e hiriendo a más de 300, un año de sucesos, un año en que sale a la Luz el Lado oscuro de la Luna, hoy 50 años después la banda está lista para un festejo para verdaderos fans que será de impacto.
 
"Us and Them" (Nosotros y Ellos), todos quienes han tenido la maravillosa oportunidad de conectar con este material podrán ser testigo de este festejo, en un año en que la historia se sigue repitiendo un año en que esos temas siguen más vigentes que nunca, su sonido igual de fresco y las letras igual de lapidarias, lo único que ha cambiado son los personajes, otros dictadores, otras guerras, otras masacres otros “Nosotros y ellos”, sí otra forma de escenificar la canción y sencillo de Pink Floyd presente en el álbum The Dark Side of the Moon que fue escrita por Rick Wright y Roger Waters y cantada en el disco por David Gilmour y Wright.
 
El tema del álbum es la canción más larga con sus 7 minutos y 51 segundos. En directo su duración varía desde más de ocho minutos hasta poco más de uno.
 
Recordemos que fue originalmente escrita para la banda sonora de la película Zabriskie Point, pero el director Michelangelo Antonioni la rechazó porque casi no se parecía a canciones del estilo de "Careful with that Axe, Eugene". Fue incluida en el álbum conceptual The Dark Side of the Moon y en el recopilatorio Echoes The Best of Pink Floyd, aunque con un final diferente, puesto que en su edición original la canción empalmaba con la siguiente en el disco ("Any Colour You Like"). No obstante, en Echoes esta canción aparece con un final al piano que introduce al oyente en "Learning to Fly", la siguiente en la lista de canciones del recopilatorio.
 
Us And Them es una letra que hace referencia a lo absurdo de la guerra, los prejuicios y el materialismo y lo contrasta con la falta de perspectiva de la humanidad. Esto se cristaliza en una persona ocupada que pasa por la calle frente a un anciano sin hogar que muere por "el precio de un té y una empanada" y eso es solo una ínfima parte del magistral álbum que será reeditado y lanzado para el gran festejo que por cierto ya está causando polémica.
 
Además la agrupación tiene planeado lanzar un libro titulado Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon: 50th Anniversary, con imágenes especiales creadas en colaboración con la fotógrafa Jill Furmanovsky, además de desempolvar algunas fotos inéditas tomadas durante las giras del Dark Side Of The Moon entre 1972 y 1975.
 
Además Pink Floyd ha invitado a los jóvenes animadores y diseñadores a crear vídeos musicales para cualquiera de las canciones del álbum como parte de un nuevo concurso. Sus participantes pueden postular hasta 10 clips, solo uno por canción de la lista de canciones, y sus ganadores serán elegidos por expertos, entre ellos Nick Mason, el baterista de la banda, junto a su director creativo Aubrey ‘Po’ Powell, y el British Film Institute (BFI). Las candidaturas se pueden presentar hasta el 30 de noviembre de este año.
 
Los seguidores también podrán disfrutar del álbum en proyecciones que ofrecerán los planetarios de todo el mundo, recordando que Pink Floyd ofreció exitosos eventos de observación de estrellas en el Planetario de Londres en 1973. La banda ha dividido el espectáculo entre las 10 pistas que forman al álbum, cada una con un tema diferente, ofreciendo un recorrido visual de la historia de la agrupación, todo ello saldrán a la venta el 24 de marzo, según datos de su página oficial.
 
fuente: contrareplica.mx

Las cifras de los multimillonarios y las cifras de los pobres en el mundo stars

Un grupo de personas ricas gana en un día, todo el dinero que el Gobierno chileno destinó para ayudas sociales a millones de personas. En América Latina 12 millones de habitantes entraron al área de la pobreza, mientras un grupo de 30 millonarios incrementaron sus ganancias. Un informe que acaba de presentar Oxfam, señala que durante la última década, el 1% más rico ha capturado alrededor del 50 % de la nueva riqueza mundial. “Tras solo dos años, la presente década ya se perfila como la mejor hasta la fecha para los milmillonarios” indicó representante de Oxfam.

 

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 20/01/2023. En un gran esfuerzo, el Gobierno chileno destinó 2 mil millones de dólares a un plan de ayuda social para millones de personas, a implementar en estos meses. Bueno, un grupo de multimillonarios gana cada día, 2 mil 700 millones de dólares para su uso personal o de su grupo financiero. Así andan los contrastes en estos tiempos.

Para enfatizar: en un día, un reducido grupo de personas gana lo que el Gobierno de Chile debe ocupar en aproximadamente un año para ayudar a decenas de miles de familias.

Y para precisar mejor los contrastes. Las familias chilenas más ricas van acercándose a los 50 mil millones de dólares de riqueza propia, cuando las familias chilenas vulnerables deben contentarse con que les lleguen unos cientos de dólares al mes, provenientes de esos 2 mil millones que repartirá el Estado.

A escala mundial, Oxfam International entregó en estos días un detallado informe sobre desigualdad a nivel mundial, donde se indicó que el uno por ciento de la población más rica del mundo, concentró casi dos terceras partes de la riqueza generada en los años que lleva la pandemia de Covid-19.

Mientras que más de 820 millones de personas en el planeta padecen hambre, y los salarios de mil 700 millones de trabajadoras y trabajadores en el mundo están por debajo de los porcentajes de inflación, es decir, no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas al mes o la quincena.

Hay que recordar que los datos de entidades financieras y de estudio a nivel mundial, apuntan a que los grupos de multimillonarios a nivel internacional acumulaban al 2022 más de 200 mil millones de dólares.

A los más ricos les siguen yendo bien, gracias al comercio de alimentos y a la pandemia del Covid-19. Es así que 95 grandes empresas de energía y de alimentación duplicado sus ganancias el 2022, obteniendo 306 mil millones de dólares en utilidades y destinaron 257 mil millones para repartirlos entre los accionistas.

A eso se agregan datos del año pasado que registraban ingresos a la industria trasnacional farmacéutica por 1.20 billones de dólares, algunas con ganancias de alrededor de 300 mil millones de dólares y decenas de miles de millones de euros.

En el informe que acaba de presentar Oxfam, se señala que durante la última década, el 1% más rico ha capturado alrededor del 50% de la nueva riqueza mundial.

Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, declaró que “mientras la gente corriente hace sacrificios diarios en lo esencial como los alimentos, los súper ricos han superado incluso sus sueños más osados. Tras solo dos años, la presente década ya se perfila como la mejor hasta la fecha para los milmillonarios: una década dorada de bonanza económica para los más ricos del mundo”.

El reporte del organismo internacional es preciso: “Desde 2020, con la pandemia y la crisis del coste de la vida, el 1% más rico acaparó 26 billones de dólares (el 63% de la nueva riqueza generada), mientras que tan solo 16 billones de dólares (el 37%) llegaban al resto de la población mundial. Por cada dólar de nueva riqueza global que percibe una persona perteneciente al 90% más pobre de la humanidad, un milmillonario se embolsa 1,7 millones de dólares. La fortuna de los milmillonarios ha crecido a un ritmo de 2.700 millones de dólares diarios”.

Desde Oxfam se explicó que “si bien en 2022 las fortunas de los milmillonarios decrecieron ligeramente desde que alcanzaran niveles máximos en 2021, siguen estando 2,6 billones de dólares por encima de su valor anterior a la pandemia. Y ahora están empezando de nuevo a acumular cada vez más riqueza”. 

De acuerdo al informe, en América Latina y El Caribe los multimillonarios crecieron en un 21% cinco veces más rápido que el Producto Interno Bruto de la región, es decir, un puñado de personas tiene más y mejores ingresos que varios cientos de millones de latinoamericanos y caribeños.

Las cifras de Oxfam indican que 12 millones de habitantes de la región entraron al área de la pobreza, mientras un grupo 30 millonarios incrementaron sus ganancias.

 

El nudo del pago de impuestos de los ultramillonarios

El informe de Oxfam International abordó el nudo del pago de impuestos de los ultramillonarios. “Por cada dólar recaudado en ingresos fiscales en el mundo, únicamente cuatro centavos proceden de gravar la riqueza”, se señaló.

Y se sostuvo que “la mitad de los milmillonarios del mundo vive en países que no aplican ningún tipo de impuesto de sucesiones a la riqueza que estos transfieren a sus descendientes directos. Por lo tanto, cinco billones de dólares irán a parar, libres de impuestos, a sus correspondientes herederos; un importe que supera el PIB de África y que perpetuará una nueva generación de élites aristocráticas. La mayor parte de los ingresos de las personas más ricas no se derivan de su trabajo, sino que son esencialmente rentas de capital sobre sus activos. Sin embargo, la tributación sobre las rentas de capital se sitúa en torno al 18% en promedio, aproximadamente la mitad de los tipos marginales sobre las rentas del trabajo”.

Gabriela Bucher indicó que “aplicar mayores impuestos a los súper ricos y a las grandes empresas es una puerta de salida a las múltiples crisis a las que nos enfrentamos actualmente”.

Añadió que “es hora de derribar el mito de que los recortes fiscales para los más ricos terminarán de alguna manera beneficiando al resto. Cuarenta años de rebajas fiscales para los súper ricos han demostrado que las oleadas de privilegios solo terminan por beneficiarles a ellos”.

En el documento de Oxfam se apuntó que “de hecho, los impuestos aplicables a los más ricos han llegado a ser históricamente mucho más altos. Durante los últimos 40 años, Gobiernos de África, Asia, Europa y las Américas han ido reduciendo los tipos impositivos sobre las rentas más altas, mientras se han elevado los impuestos al consumo sobre bienes y servicios, es decir, impuestos que recaen desproporcionadamente sobre quienes tienen menos y que amplían las brechas de género”.

“Gravar más a los súper ricos es un requisito estratégico para reducir la desigualdad y revitalizar la democracia. Debemos hacerlo para fomentar la innovación. Para lograr unos servicios públicos más sólidos y construir sociedades más sanas y felices. También para abordar la crisis climática, invirtiendo en soluciones que contrarresten las escandalosas emisiones de los más ricos,” afirma Bucher.

Datos adicionales

El último informe de Oxfam International se suma a datos y antecedentes del último año, que dan cuenta de los niveles de utilidades de grandes consorcios financieros y empresariales, y de familias y accionistas multimillonarios, en contraste con los niveles de precariedad social y económica de miles de millones de personas en todo el mundo.

Por ejemplo, según datos de Forbes, Statista y Ernst&Young, las ventas mundiales de medicamentos pasaron de 390.000 millones de dólares a 1,27 billones de dólares en el periodo comprendido entre 2001 y 2020 y “en 2021, las ventas de las cinco vacunas más importantes ascendieron a 57.000 millones de dólares, la proyección para 2026 es de 15.000 millones de dólares”.

Los cinco medicamentos oncológicos más requeridos en muchos países, generaron ventas por algo menos de 40.000 millones de dólares en 2021. Para 2026 se prevé ventas por 68.000 millones de dólares, con altas ganancias para las trasnacionales que los elaboran.

En ese marco hay que incluir que países pobres de todos los continentes, o naciones como Cuba sometida a un bloqueo por parte de Estados Unidos, no tienen posibilidad de comprar esas medicinas o tener acceso a pesar de contar con recursos, por determinaciones de los grandes consorcios.

Otro de los negocios a costa de derechos sociales, es el del agua. Hay países como Chile, donde el acceso a este recurso vital depende de empresas privadas que lucran con el líquido y donde el Estado o sector público perdió toda posibilidad de regulación y garantía de acceso para la población, generalmente de sectores pobres.

Tianyin Cheng, director del s&p Dow Jones Indices, hizo ver que “en la medida en que la demanda de agua limpia crece, las compañías relacionadas están en posición de crecer en los años que vienen”, es decir, de aumentar sus ganancias por el negocio del agua.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la industria global del agua es de unos 413.000 millones de dólares.

Datos de Morningstar, citados por el periódico Granma, en los últimos cinco años 23 fondos privados para la inversión en el agua fueron lanzados con un capital estimado de 8.000 millones.

La pobreza está vinculada directamente con la posibilidad de que la gente pueda trabajar y recibir un salario digno, suficiente. Y resulta que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) bajó sus previsiones para la recuperación del empleo, y proyectó un déficit en horas trabajadas a nivel mundial equivalente a 52 millones de puestos de trabajo a tiempo completo con respecto al cuarto trimestre de 2019.

Según la publicación “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2022” elaborado por la  OIT, en 2022 hubo 207 millones de desempleados, 21 millones más que en 2019.

Otro dato significativo lo entregó hace un tiempo Oxfam. Se indicó que “la brecha económico-social planetaria se acrecienta y 260 millones de nuevos pobres podrían caer en el barranco de la marginación antes de que finalice el 2022”.

Y se añadió que “de cumplirse este vaticinio, en diciembre de este año, 860 millones de personas podrían padecer una situación de extrema pobreza -al contar con menos de 1,90 dólares diarios- y más de 800 millones, desnutrición, revirtiéndose así los tibios avances de las últimas dos décadas”.

fuente: elsiglo.cl

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