El equipo constitucional del Partido Comunista de Chile mediante un comunicado indicó que la nueva Carta Magna debe ser para Chile y sus trabajadores/as y no para retroceder en derechos democráticos. Y recalcó que si se escribe a la medida de la derecha “todo seguirá igual o peor, arriesgando que el proceso fracase por su responsabilidad”.

Santiago. 21/07/2023. Declaración completa del Equipo Constitucional del Partido Comunista:

Como Partido hemos valorado el Anteproyecto de la Comisión Experta como un piso mínimo, porque a pesar de sus insuficiencias, consagra el Estado Social y Democrático de Derecho de una manera que habilita y hace posible responder a las demandas sociales largamente esperadas por Chile a través de las mayorías democráticas: Trabajo decente y libertad sindical, derecho a la salud, derecho a la seguridad social, a la vivienda y derecho al agua.

Un texto constitucional debe ser un pacto en donde todas las visiones democráticas de un país puedan verse contempladas. En cambio, hoy la Derecha aprovecha una mayoría circunstancial para redactar una Constitución de Derecha. La ley fundamental de un país no puede ser un traje a la medida de un sector. Y, bajo ninguna circunstancia, ser un texto regresivo respecto de los derechos sociales y de los avances civilizatorios que tantos sacrificios le han costado al pueblo de Chile.

En materia de derechos de trabajadores y trabajadoras, se busca retroceder a la redacción de la Constitución impuesta por la dictadura, e incluso ir más allá, limitando constitucionalmente la huelga a la negociación colectiva. El Partido Comunista de Chile no aceptará retrocesos en los derechos laborales.

En cuanto a salud, se propone una redacción que constitucionaliza el modelo de las ISAPRES, prácticamente asegurando un perdonazo o un rescate estatal a quienes han lucrado con la salud del pueblo de Chile. Algo similar ocurre con las AFP, asegurando que todo siga igual en materia de pensiones. La derecha no busca garantizar derechos, sino asegurar buenos negocios para quienes han lucrado y abusado de las necesidades de todos los chilenos y chilenas.

En materia de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, se pretende desconocer su rango constitucional para asegurar que los derechos puedan seguir siendo mercantilizados. Además, se busca la impunidad de los peores criminales que ha conocido el país, beneficiando, entre otros, a Miguel Krassnoff, amigo personal de su líder José Antonio Kast.

Una vez más la Derecha conservadora amenaza los derechos de las mujeres, entre otras cosas, haciendo inconstitucional el aborto en 3 causales. Con ello buscan imponer su visión conservadora a todo Chile.

A nivel político, pretenden disminuir la representación popular, asegurándose más cupos en el Congreso Nacional. Al mismo tiempo, proponen que el nuevo texto sea prácticamente imposible de ser modificado. Junto con dejar sin efecto la paridad en el sistema político.

En resumen, con una Constitución a la medida de la Derecha, todo seguirá igual o peor, arriesgando que el proceso fracase por su responsabilidad.

Seguiremos luchando por una Constitución democrática que, 50 años después del Golpe civil – militar, deje atrás el legado de Pinochet. Con ese fin, defenderemos nuestras ideas, buscando impedir cualquier retroceso, para contribuir a una Constitución democrática para todos los chilenos y chilenas.

Fuente: el siglo.cl

Las siluetas de las víctimas y pasacalles recorrieron desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, pasó por las afueras de La Moneda, la Plaza de Armas y concluyó en el Museo de Bellas Artes.

Santiago. 24/07/2023. Más de 400 personas marcharon el sábado bajo la lluvia por las calles de Santiago para recordar a los 119 detenidos desaparecidos de la llamada Operación Colombo.

La procesión, encabezada por 119 siluetas en representación de las víctimas, pasó por distintos puntos emblemáticos de la lucha por los derechos humanos. La marcha comenzó en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, pasó por las afueras de La Moneda, la Plaza de Armas y concluyó en el Museo de Bellas Artes.

La actividad estuvo en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

«Estoy aquí porque siempre estuve buscando a mi hijo, desde que supimos de su detención», aseguró Hilda Saldívar, de 93 años y madre de Gerardo Silva Saldívar, detenido desaparecido.

«Es fundamental que un pueblo recupere, ejerza el derecho y ejercite su memoria histórica, porque la memoria es lo que nos permite avanzar», destacó Roberto D’Orival, de 62 años y hermano de Jorge D’Orival, otro detenido desaparecido.

La operación Colombo, montada en 1975 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fue una acción de desinformación para intentar desligarse de la responsabilidad en las detenciones y desapariciones de opositores políticos.

Para dicha operación, la dictadura trasladó cadáveres de detenidos desaparecidos en Chile hasta Argentina y montó allí escenas para sugerir que su muerte se produjo en enfrentamientos o ajusticiamientos internos entre miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El siguiente paso fue la publicación de artículos en medios desconocidos en Argentina y Brasil, sobre la supuesta muerte de cerca de 60 militantes del MIR en varios países de América Latina, especialmente en Argentina, por presuntas en pugnas o ejecuciones internas.

Dicha información luego fue replicada por diarios chilenos en julio de 1975.

En esos momentos, Naciones Unidas y organismos interamericanos ya acusaban al régimen chileno de graves violaciones a los derechos humanos.

En las diferentes versiones de la campaña de desinformación se mencionaba a 119 personas, en su mayoría militantes del MIR pero también de otros partidos o sin militancia política que fueron detenidos en Chile entre mayo de 1974 y febrero de 1975 por la dictadura.

Por este caso, la justicia desaforó y procesó a Augusto Pinochet en 2005, aunque con la muerte del dictador, en diciembre de 2006, este fue sobreseído.

Fuente; el siglo.cl

En el último año se evitó la crisis económica que se anunciaba, la seguridad pública se convirtió en la primera prioridad, disminución sustantiva de la violencia en el sur, avance en el control de las fronteras. Condonar CAE y pago deuda histórica a profesores en manos de que avance reforma tributaria. “Fuimos capaces de re-encauzar el proceso constitucional, asumiendo sin complejos las lecciones y aprendiendo de la experiencia anterior”, valoración del trabajo de la Comisión Experta. Detalles de los logros de este Gobierno señalados por el jefe del Ejecutivo y anuncios de medidas. 

Puede resultar fatigoso o riesgoso colocar las prioridades que estableció el Presidente Gabriel Boric en su discurso ante el Congreso Nacional, porque se entrecruzan anuncios, referencias, antecedentes, cifras, en materias económicas, de seguridad, vivienda, planes sociales, defensa, salud y educación, ciencia, cultura…Pero destacando los efectos en la ciudadanía, en los sectores populares, hay una huella a seguir en las palabras del mandatario.

Un párrafo de contexto:

“Seguimos convencidos de la necesidad de avanzar hacia un país que ofrezca más libertades, que practique la solidaridad para cuidar a los más necesitados, que a la vez que promueve el crecimiento, distribuye de manera más justa la riqueza que genera, que se relaciona de una manera sustentable y respetuosa con la naturaleza, que defiende las diversidades y enfrenta con firmeza la homofobia, que no relativiza los crímenes del pasado”.

Un punteo de recuerdo de cuando partió este Gobierno:

“Nuestro gobierno lleva un año y casi tres meses de mandato. No han sido tiempos fáciles y creo que bien vale recordar cuál era el escenario, los hechos, cuando asumimos el gobierno:

• Recién amainaba la pandemia, gracias al trabajo heroico de las autoridades y el personal de salud público como privado, dejando tras de sí una huella de dolor, inseguridad y retroceso.
• Se iniciaba la invasión de Rusia a Ucrania, lo que trajo consigo convulsiones económicas que nos siguen golpeando. 
• La inflación, reaparecía con toda su crueldad, afectando sobre todo a los más pobres y a la clase media precarizada.
• El déficit fiscal se había ubicado el año anterior en una cifra récord de 8% del PIB después de aumentos del gasto de 30% por sobre lo presupuestado.
• La economía, ya débil tras casi una década de bajo crecimiento, aumento de la deuda pública y tres años de alta incertidumbre, se veía ahora amenazada por la caída de la inversión y la salida de capitales.
• Cuando llegamos al gobierno teníamos una inmigración irregular desbordada en la frontera norte, afectando la calidad de vida de los compatriotas que habitan en esas regiones, impactando también al conjunto de nuestra nación.
• La violencia en el sur, escudada tras la causa mapuche y desnaturalizando las legítimas demandas de un pueblo, se expandía y diversificaba, provocando una inseguridad que afecta la vida y la economía y que hacía muy difícil establecer puentes de diálogos.
• Frente a una delincuencia cada vez más organizada, osada y violenta, nuestras policías padecían de falta de recursos y tecnología, así como de un grave déficit de respaldo ciudadano.
• Las manifestaciones violentas eran recurrentes, y junto con la pandemia, volvió más impredecible la vida cotidiana de nuestros conciudadanos, deteriorando espacios públicos que son de todos”.

Algunas aseveraciones:

“Hemos evitado la crisis económica que muchos anunciaban, y la economía se recupera con un admirable equilibrio fiscal y una inversión extranjera que el año 2022 fue más alta que los últimos 9 años”.

“Ante la inseguridad, hemos hecho del combate a la delincuencia nuestra primera prioridad, destinando más recursos para las policías, creando la Política Nacional contra el Crimen Organizado y el Plan Calles sin Violencia, que ya avanza en la disminución de delitos, desarticulación de bandas, y decomiso de droga y armas”.

“En colaboración con gobernadores y alcaldes, hemos comenzado a recuperar las ciudades y los espacios públicos”.

“La violencia en el sur había mostrado una disminución sustantiva en el último año gracias a las inversiones y diálogos promovidos por el plan Buen Vivir, al apoyo a las policías y a la valiosa colaboración de las Fuerzas Armadas”.

“Hemos avanzado en  retomar el control de las fronteras en el norte, que venía siendo perforada desde mucho antes que asumiéramos el gobierno. Estamos claros: sin fronteras seguras no hay Estado, y las nuestras en el norte habían colapsado gravemente. Para esta misión hemos requerido la colaboración a las FF.AA. que han tenido una respuesta ejemplar y a quienes felicito por su labor”.

“Fuimos capaces de re-encauzar el proceso constitucional, asumiendo sin complejos las lecciones y aprendiendo de la experiencia anterior. Es así como constituimos nuevas instancias y elegimos con alta participación al Consejo Constitucional, el cual tendrá ante sí un borrador que ha sido aprobado por la unanimidad de los expertos en un encomiable esfuerzo por poner de acuerdo diferentes visiones del que debemos aprender”.

“Durante el primer año de Gobierno logramos avances: redujimos en un 32,7% la mediana de tiempos de espera para cirugías y en un 22% la de consultas de especialistas. Esto significó que 330.110 casos que esperaban por una cirugía la obtuvieron. Lo mismo para 1.987.461 personas que requerían la evaluación de un especialista”.

“Será nuestra prioridad reducir en un 40% los tiempos de espera al finalizar mi mandato”.

“Concretamos uno de los hitos más importantes en la salud pública chilena del último tiempo: Copago Cero. ( ) Gracias a esta medida, la salud pública hoy es gratuita para todas y todos los usuarios de Fonasa: más de 5 millones de personas, familias de clase media, ya no tienen que pagar un porcentaje por sus atenciones o tratamientos. Cumplimos, y a la fecha son más de 650 mil los usuarios beneficiados”.

“En 2022 tomamos medidas para contener el aumento de los precios de las bencinas; reducir en cerca de 300 pesos el precio del litro de parafina; subir en un 15% el monto de la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) tras 10 años sin cambios y que llegará a $48.000 el 2025; entregar un aporte para compensar el alza de la canasta de alimentos y un Bono Invierno de 120 mil pesos para más de 7 millones de personas. Eso lo denominamos el Plan Chile Apoya”.

“A comienzos de este año impulsamos un paquete de medidas adicionales para brindar seguridad económica a más de 1 millón y medio de familias: duplicando el Bono Marzo a 120 mil pesos; creando el Bolsillo Familiar Electrónico en la Cuenta RUT para la compra de alimentos; aumentando en un 20% el Subsidio Único Familiar, el SUF, y bajando el precio en farmacias de 4.200 nuevos medicamentos para los usuarios de Fonasa”.

“Hemos decidido eliminar por vía administrativa la tarifa de invierno lo antes posible. Para ello, el Ministerio de Energía está trabajando con las empresas privadas para que este beneficio pueda materializarse en las cuentas de los clientes a la brevedad”.

Los logros que expuso Gabriel Boric:

• “Materializamos el Copago Cero que consagra la gratuidad en la salud en el sistema público y que ya ha beneficiado a más de 658 mil personas. A la vez hemos reducido significativamente las listas de espera respecto a cómo las recibimos.

• Sacamos adelante una ley (recogiendo varias iniciativas parlamentarias) para asegurar el pago efectivo de la pensión de alimentos. 

• Aprobamos en conjunto la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

• Aumentamos, en acuerdo con la CUT, el sueldo mínimo a 500 mil pesos. Y llegamos a acuerdo también con la mayoría de las organizaciones de pymes de establecer un subsidio inédito en apoyo a éstas, para que nadie se quede atrás.

• Gracias al trabajo de este parlamento y al impulso que le dimos como gobierno, una política pública tan sentida por miles de familias como la Ley TEA es hoy día realidad.

• Las personas neuro-divergentes al fin reconocidas por el Estado.

• Aprobamos un royalty minero para incrementar los beneficios y el desarrollo para Chile, sus regiones y sus comunas.

• Hemos disminuido significativamente las listas de espera en salud.

• Avanzamos a paso firme con el Plan de Emergencia Habitacional”.

Sobre el mundo del trabajo:

“En solo 15 meses hemos cumplido nuestro compromiso de alcanzar un sueldo mínimo de 500 mil pesos, mediante un incremento que empezó a regir en mayo de este año y que estará totalmente vigente en julio de 2024. Esto significa que, en poco más de dos años, lograremos un aumento nominal de 42%. Al ser la inflación proyectada durante este período de un 19%, el aumento real será de 23%, lo que es muy significativo para 941 mil familias afectas al ingreso mínimo. Junto a ello logramos consagrar, por primera vez en la historia, un subsidio para apoyar a las mipymes y cooperativas en el alza de los salarios. Este subsidio nos ayudará a que esta importante alza salarial ocurra al mismo tiempo que se cuida el empleo”.

“Compatriotas, tenemos el deber de mejorar las jubilaciones de todas las chilenas y chilenos. Hoy. No mañana ni en 10 años más. Hoy.

A inicios de este año, gracias a un acuerdo transversal logramos aprobar una Ley Corta que permitió ampliar la cobertura de la Pensión Garantizada Universal, o PGU,  a 70 mil personas mayores. Pero todo Chile sabe que no es suficiente: concretar la Reforma de Pensiones, luego de más de 15 años de incapacidad de ponernos de acuerdo se ha vuelto una urgencia nacional”. 

Deuda de las Isapres:

“Compatriotas, quiero referirme directamente  a un tema contingente y delicado para cerca de 3 millones de personas que hoy están afiliadas a una isapre: las isapres han sido condenadas por la justicia a devolver los cobros excesivos que realizaron a sus usuarios durante años. 

Como he señalado antes, mi Gobierno está abierto a acordar soluciones y alternativas que permitan cumplir y respetar el fallo de la Corte Suprema de manera responsable, y que no ponga en riesgo las prestaciones a estas miles de familias. Podemos mejorar la ley corta que presentamos a tal efecto. Pero reitero: Chile no podría entender un nuevo perdonazo”.

Palabras sobre educación:

“Iniciamos una campaña para convocar a 20 mil tutoras y tutores voluntarios con el fin de reforzar habilidades de lectura y escritura en todo Chile. A la fecha, ya alcanzamos 16.000 tutores inscritos y en proceso de capacitación. Adicionalmente, junto con los municipios y antes del 30 de junio estaremos incorporando 1.300 profesionales y técnicos de la educación a lo largo de Chile para revincular a quienes han dejado las aulas. 

Durante nuestro primer año avanzamos en reducir la inasistencia grave en 13%. Y para el 2025 tenemos metas claras: Disminuir a la mitad los estudiantes que hoy tienen un nivel de inasistencia grave, alcanzar el promedio de asistencia previo a la pandemia y elevar la tasa de revinculación anual a un 45% de los estudiantes desvinculados”. 

“Chile tiene una deuda histórica con las y los profesores generada en dictadura. Debo ser muy sincero y responsable: el Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación, y por eso necesitamos de la reforma tributaria. De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso. Invito a esta sala a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación”.

“Como país tenemos otra deuda que saldar: la de quienes cargan con una pesada mochila por haber accedido a la educación superior. Terminar con el Crédito con Aval del Estado, establecer un nuevo sistema de financiamiento para quienes no tienen gratuidad y aliviar la carga de deudas educativas que parecen eternas, son compromisos que vamos a abordar con convicción y diálogo. El año pasado me comprometí a ingresar un proyecto de ley una vez aprobada la reforma tributaria y mi compromiso sigue en pie”. 

“Quiero referirme a los liceos emblemáticos de Santiago. Han sido ustedes a lo largo de la historia de Chile un orgullo de la nación y semillero de grandes talentos: Recuperemos esa tradición. A los estudiantes de estos liceos quiero decirles que las puertas de nuestro gobierno, y en particular del Ministerio de Educación, están abiertas para solucionar las problemáticas que ustedes han identificado. Con compromisos y plazos concretos, pero sin violencia”.

En cuanto a situación de las mujeres:

“A fines del 2022  incorporamos la violencia sexual a las Garantías Explícitas en Salud (GES)”.

“Avanzamos en un mínimo de justicia para madres y sus hijas e hijos: implementamos el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y logramos aprobar la ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de estas deudas. A la fecha, la deuda conocida es de más de 90 mil millones de pesos y son más de 80 mil los deudores registrados. Estas mujeres ya no están solas”.

“Para que las mujeres vivan seguras, sin temor a ser víctimas de agresiones de sus parejas, ex parejas o de cualquier otra persona, estamos impulsando el proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia, que se ha tramitado por largos años y que esperamos promulgar este 2023 con el apoyo transversal de este Congreso”.

“Además, recientemente promulgamos la ley de reparación integral de víctimas de femicidio y sus familiares, que nació como una iniciativa parlamentaria, que contempla el pago de una pensión a los hijos e hijas de aquellas mujeres asesinadas, quienes ante crímenes como estos quedaban muchas veces en el desamparo.

Referencias a migración:

“Desplegamos a las Fuerzas Armadas en la frontera norte para apoyar la labor de Carabineros y la PDI. Los resultados demuestran que tenemos más y mejor control de nuestras fronteras: la entrada irregular de migrantes ha disminuido en un 56% durante estos cinco meses de 2023 respecto al mismo período desde 2022”.

“En 11 días más comenzará un proceso de empadronamiento biométrico de personas en esta situación. Esto permitirá conocer las identidades y antecedentes penales de quienes ya ingresaron al país”.

“Este mes presentaremos la primera Política Nacional de Migraciones del país. Esta política estará basada en un enfoque responsable de seguridad y respeto de los DDHH, tendrá dos sentidos claros: Uno, relativo al aspecto interno, de gestión administrativa y documentación de la población extranjera en territorio nacional. Y dos, la gestión de fronteras para la regulación y orden de los flujos migratorios”.

Datos en vivienda, transporte

“Al día de hoy se han entregado 60.222 mil viviendas y otras 131.077se encuentran en construcción”. 

“Durante nuestro gobierno, el ministerio de Bienes Nacionales ya entregó 16 terrenos fiscales en Arica, Antofagasta, Calama, Lo Barnechea, San Miguel, Papudo y Cochrane, donde se construirán más de 3 mil cien nuevas viviendas…El Ministerio de Bienes Nacionales ha liderado un diálogo con las Fuerzas Armadas que ha permitido concretar con el Ejército el traspaso de 12 terrenos, y se están gestionando 30 más”.

“Vamos a construir una mejor ciudad. Ese es el enfoque del Plan Ciudades Justas, que construirá proyectos habitacionales integrales”.

“Sumaremos tres nuevos servicios de trenes entre el Maule y Los Lagos que conectarán las localidades del interior con sus capitales regionales. Ese es nuestro Plan de Trenes de Cercanía 30-30…No abandonamos el anhelo de tener un servicio de tren rápido entre Santiago y Concepción. Por ello, ya estamos avanzando en los estudios de prefactibilidad necesarios para habilitar la construcción del acceso norte”.

“En materia de fortalecimiento de la red pública de buses, en 2022 destinamos más de 258 mil millones de pesos para adquirir buses de calidad y mejorar paraderos y señalética. Junto a ello, incorporamos a Limache, Olmué, Buin, Paine, Chillán, Chillán Viejo y Tomé a la red nacional de transporte público regulado lo que permite mejorar la confiabilidad, calidad y frecuencia de los recorridos”.

Relaciones Exteriores, comercio exterior:

“En materia económica y social, logramos concretar la modernización del Acuerdo entre Chile y la Unión Europea. Este avance nos permitirá mejorar nuestro acceso al mercado europeo, fortalecer los estándares de protección ambiental y laboral y establecer un marco jurídico para el comercio digital. Además, y pese a que desde el gobierno tuvimos reparos por todos conocidos, respetamos como corresponde en democracia la voluntad expresada por el Congreso Nacional de hacernos parte plena del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)”. 

“Puedo anunciar que Chile será co-anfitrión, junto a Colombia y Brasil, de la Primera Cumbre Latinoamericana para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa. Además, hemos participado de la reactivación de la integración Sudamericana liderada por Brasil…”

“Apostamos a integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el período 2023-2025, y es un honor para todo el país que hayamos sido electos”.

Postura frente a los abusos desde puntos del poder:

“Una economía moderna y un desarrollo inclusivo son incompatibles con las malas prácticas  que perjudican a los consumidores y sus familias. Terminar con los abusos -las colusiones, las alzas y cobros unilaterales. es una prioridad. En ese sentido apunta la ley contra los delitos económicos, ambientales, y de cuello y corbata, recién aprobada por este Honorable Congreso Nacional el 15 de mayo. Se acabarán las clases de ética y habrá multas y penas proporcionales al daño causado para quienes cometan delitos económicos o contra el medio ambiente”.

“Para proteger a los consumidores, ingresaremos un proyecto de ley de fortalecimiento y modernización del Sernac. ¿Cuántos de los presentes se han enfrentado a un problema y, habiendo reclamado al Sernac, este no tenía la facultad legal, quedándoles solo la opción de ir a tribunales? Chile necesita un Servicio Nacional del Consumidor eficiente, con real capacidad de sancionar a las empresas que incumplan la ley, y dar respuesta a ese más de 40% de casos que hoy quedan sin solución”.

“Vamos a avanzar con más transparencia y más probidad: la corrupción y el abuso de poder no tienen, ni tendrán cabida, vengan de donde vengan. Solo así podremos recomponer la confianza de la ciudadanía con sus instituciones y la política”.

“Cumpliendo con lo prometido, en diciembre de este año lanzaremos la Estrategia Nacional de Integridad Pública para fortalecer la lucha contra la corrupción en todas las instituciones del Estado y en el sector privado”. 

La situación frente al litio:

“Hoy el litio nos permite impulsar el crecimiento y el desarrollo de Chile y su gente, y nuestro objetivo es ser el principal productor de este mineral en el mundo. Tenemos una clara oportunidad de dar un salto en el desarrollo. Para eso, presentamos la Estrategia Nacional del Litio, que promueve las alianzas público-privado las que conjugan la participación del Estado a través de Codelco, Enami y una futura Empresa Nacional del Litio, con el rol fundamental de las empresas privadas del rubro, y un desarrollo que respete el medio ambiente y vaya de la mano con las comunidades y los pueblos indígenas, con quienes me reuniré las próximas semanas tal y como me comprometí al momento de presentar esta estrategia”.

Definiciones en cuanto a pueblos originarios:

“En materia de pueblos indígenas, nos hemos propuesto cultivar una relación del Estado con los pueblos originarios basada en el respeto y el entendimiento mutuo y profundizar el camino del diálogo utilizando todas las herramientas que nos entrega la institucionalidad para ese fin”.

“De esto se trata el Plan Buen Vivir que lanzamos en junio de 2022 y que combina una agenda de reconocimiento y diálogo con el pueblo mapuche, y una importante inversión pública para el desarrollo regional del Biobío y La Araucanía”.

“En noviembre pasado anunciamos la conformación de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento que busca sentar las bases para una solución duradera y sostenible del conflicto intercultural del Estado chileno con el pueblo Mapuche y que debe involucrar a todos los sectores sociales, políticos e institucionales relevantes de la zona.

Esta comisión, que comenzará su funcionamiento este mes de junio, deberá catastrar las tierras ancestrales reclamadas por comunidades mapuches y propondrá al país mecanismos concretos, con plazos establecidos, que permitan reparar esta deuda histórica abordando la raíz del conflicto”.

Palabras por los 50 años del golpe de Estado:

“Pienso que esta conmemoración nos debe ayudar a superar los tiempos de miedos y odios, los cuales llevan -como los chilenos lo sabemos bien-, a caminos de división, violencia y un porfiado negacionismo . Por esto aprovecho esta solemne ceremonia para pedir a los que estamos aquí reunidos, las y los representantes de la República en toda su diversidad, a que nos unamos como un solo cuerpo, como una sola alma, para evitar que el veneno de la falta de empatía y de la intolerancia se siga inoculando en nuestro cuerpo colectivo. 

Los 50 años del golpe de Estado son una ocasión propicia para que reafirmemos que ninguna diferencia entre nosotros nos llevará a descuidar y dejar de defender la democracia y los derechos humanos”.

“Hace un año señalé ante este Honorable Congreso Nacional que no claudicaremos en el deber moral que representa agotar todos los recursos necesarios para que los detenidos desaparecidos y ejecutados cuyos cuerpos aún no son encontrados, puedan descansar en paz. Anuncié entonces la puesta en marcha de un Plan Nacional de Búsqueda, que hoy lidera el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con las agrupaciones de familiares de víctimas y que presentaremos en detalle en agosto de este año”.

“Me anima la esperanza de que en este aniversario seamos capaces de tener una mirada común que, a partir de la condena histórica transversal a las atrocidades del pasado, sostenga el valor universal de los derechos humanos y la importancia de la democracia, que ha vuelto a estar amenazada en el mundo justamente por quienes relativizan la centralidad de dichos derechos. Avanzar en verdad, en justicia, en reparación, en no repetición, no es una causa de la izquierda, sino de todo el arco político sin excepción. Hagamos pues de esta tarea un motivo de unión, no de diferenciación ni de confrontación.

Para esto, impulsaremos la creación de un Archivo Nacional de la Memoria…”

Los Juegos Panamericanos:

“Gracias al trabajo de muchos dirigentes y autoridades del gobierno anteriores, Chile ganó la organización de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023. Se trata del evento deportivo más importante desarrollado en Chile desde el Mundial de 1962. No es fácil organizar un evento de esta magnitud, pero el país debe saber que estamos actuando con decisión para subsanar las dificultades y asegurar una organización que cumpla con los más altos estándares de eficiencia y transparencia”.

“Santiago 2023 es el evento más importante después de los Juegos Olímpicos a nivel mundial. Son 41 delegaciones Panamericanas y 33 Parapanamericanas. 60 disciplinas panamericanas y 18 parapanamericanas y más de 8.000 deportistas que se darán cita en nuestro país.  Por más de 30 días, Santiago y las regiones de Bío Bío, Valparaíso y O’Higgins, serán la sede de la gran fiesta deportiva del continente y de una de las más relevantes del mundo, donde chilenos y americanos podremos volver a mirarnos a los ojos y a sentirnos parte de una misma comunidad”.

“Estamos seguros de que Santiago 2023 será la fuente de recuerdos inolvidables, de instantes que, como el mundial del 62, permanecerán grabados en la retina de las futuras generaciones y en la historia deportiva de nuestro país. Por eso queremos que Chile entero, de Arica a Magallanes, y en especial las niños y niños, se sume a esta gran fiesta deportiva; que asista a sus competencias y eventos, que lo siga por los medios de comunicación, que los replique en sus barrios y escuelas. Que vibremos juntos como un solo pueblo, de esa manera que sólo lo consigue el deporte”.

“Esta fiesta deportiva dejará un valioso legado deportivo, social, urbano, y ambiental. Estamos levantando el parque deportivo más grande de Sudamérica en el Estadio Nacional, 1.355 viviendas sociales en Cerrillos, así como importantes obras de infraestructura deportiva que quedarán al servicio de nuestros atletas, pero también de la comunidad”.

fuente: elsiglo.cl

Miguel Lawner (*). Santiago. 16/5/2023. En 1970, las vacaciones eran un anhelo inalcanzable para la inmensa mayoría de los trabajadores chilenos y sus familias. Una auténtica quimera. Ese es el motivo por el cual, dentro de las primeras 40 medidas formuladas en el programa presidencial de la Unidad Popular, la Nº 29 estableció lo siguiente:

“EDUCACIÓN FÍSICA Y TURISMO POPULAR

Fomentaremos la educación física y crearemos campos deportivos en las escuelas y todas las poblaciones. Toda escuela y toda población tendrá su cancha. Organizaremos y fomentaremos el turismo popular”.

El turismo popular no figuró nunca en los planes de gobiernos anteriores, por lo tanto, era un programa inexistente en el organigrama de algún Ministerio o dependencia fiscal. Allende, sin embargo, lo tenía claro y no había transcurrido una semana, cuando llamó telefónicamente a Carlos Cortés, flamante Ministro de la Vivienda y Urbanismo (MINVU), manifestándole la necesidad de impulsar con urgencia la construcción de los Balnearios Populares, enfatizando su deseo de ubicarlos en las mejores playas del país. 

El Ministro Cortés, estimó que lo más adecuado era encargar esta misión a la Dirección de Planificación del Equipamiento Comunitario (DEPEC), institución que hasta entonces estaba a cargo de planificar y construir sedes sociales para Juntas de Vecinos o Centros de Madres, Jardines Infantiles o Parvularios. 

El arquitecto Renato Hernández, recién designado a cargo de dicha repartición, asumió personalmente la responsabilidad de cumplir con este compromiso contraído en el programa electoral de la Unidad Popular, y diseñó una red de Balnearios Populares a lo largo de todo el país.

Así fue como se buscaron localizaciones situadas en las mejores playas de Chile, aprovechando la disponibilidad de terrenos en poder de Bienes Nacionales, o se adquirieron terrenos a particulares. 

Los talleres de arquitectura del MINVU elaboraron un proyecto de balneario tipo, construido totalmente con paneles prefabricados en madera de pino insigne, livianos y de un tamaño que facilitara su transporte en camiones de cabida normal.

Espacialmente, el proyecto buscó que el ciudadano común lo identificara claramente como un lugar de esparcimiento. Las cabañas se diseñaron en forma de A y se agruparon de modo de facilitar la vida en comunidad.

Los Balnearios Populares fueron diseñados con una capacidad de hasta 600 personas, alojadas en bloques continuos de 8 a 10 unidades. Cada cabaña tenía una capacidad de 6 camas, que eventualmente podía elevarse a dos más, respondiendo a la composición familiar vigente en la época. Además, se incentivó la incorporación de los abuelos.

Los centros vacacionales se complementaron con bodegas, posta de primeros auxilios, canchas deportivas y juegos infantiles, lavaderos, cocina y comedores colectivos.

Cada familia canceló una suma modesta por una estadía de 15 días en el Balneario, valor que incluyó alojamiento y la alimentación consistente en tres comidas diarias. Esta fórmula se acordó con el deliberado propósito de liberar a las esposas de atender la cocina, a fin de darles la posibilidad de disfrutar plenamente del veraneo.

La Dirección de Planificación del Equipamiento Comunitario convocó a una propuesta de construcción en marzo de 1971, adjudicando a diferentes empresas constructoras las obras de 16 balnearios, los cuales comenzaron a funcionar a fines de ese año. Se construyeron los siguientes Balnearios: Chacaya en Iquique, Tongoy en Ovalle. Los Vilos. Pichidangui. Peñuelas. Papudo. Puchuncaví. Ritoque. Loncura en. Quinteros. Rocas de Santo Domingo. Piedras Negras en El Tabo. Llallauquén en Las Cabras. Playa Blanca en Lota. Llico en Vichuquén. Curanipe en Chanco. Duao en Lota.

El MINVU entregó la administración de los Balnearios a la Dirección de Turismo, (hoy SERNATUR), entidad que las dotó con un completo equipamiento interior. También participó en este programa la Consejería Nacional de Desarrollo Social, que seleccionó los equipos de monitores encargados de dirigir las actividades de niños y adultos y organizó las presentaciones de grupos artísticos y culturales programando sus giras a los diferentes Balnearios Populares.

Esta Consejería asumió así mismo la responsabilidad de seleccionar e inscribir a los grupos de veraneantes, en coordinación con las Juntas de Vecinos.

También la CUT jugó un rol relevante en este aspecto, registrando entre sus sindicatos afiliados, la nómina de los trabajadores seleccionados para participar en este inédito programa de turismo social.

El propósito del MINVU era transferir la propiedad de los balnearios a la CUT, situación que no pudo materializarse antes del golpe militar. Con todo, los principales beneficiarios de este programa fueron grupos de trabajadores afiliados a los sindicatos de la CUT y ese es el motivo por el cual el imaginario popular identifica estos centros como pertenecientes a dicha organización sindical.

El programa consultaba turnos de vacaciones por quince días para cada grupo, durante los meses de diciembre a marzo, siendo la época en la cual hubo plena ocupación de los Balnearios. Durante el resto del año, las cabañas se ocuparon más ocasionalmente y por períodos variables, predominando las estadías por un fin de semana.

Es impresionante recordar la atmósfera de solidaridad y alegría que reinó entre quienes tuvieron la oportunidad de tomar un período de vacaciones en estos balnearios, muchos de los cuales pudieron disfrutar, por primera vez, de un derecho tan elemental, Para qué decir la cantidad de niños y adultos que conocieron el mar por primera vez. 

Cada grupo de veraneantes tomó la iniciativa de organizar sus propias actividades, además de las programadas oficialmente. Se hicieron habituales, las fogatas encendidas a la hora del crepúsculo, animando los cantos, bailes o relatos que se prolongaban normalmente hasta la medianoche.

Miles de familias de trabajadores o de organizaciones vecinales, pudieron disfrutar por primera vez en su vida de un derecho tan fundamental, como es gozar de un legítimo descanso tras un año de trabajo.  Cuántos de ellos confesaron que habían conocido el mar por primera vez en sus vidas. 

Esta es una de las realizaciones más ignorada del gobierno del Presidente Allende, sin duda a causa de que la dictadura se apropió de todos los Balnearios inmediatamente después del golpe militar, asignándolos entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, como quién se reparte un botín de guerra. 

Algunos, como los de Ritoque, Puchuncaví y Rocas de Santo Domingo, fueron destinados a centros de detención y tortura. Otros simplemente los enajenaron a particulares. Algunos fueron demolidos para comercializar los terrenos y otros como el de Pichidangui aún continúan como Centro de Vacaciones del Ejército.

Presos políticos detenidos en la zona de San Antonio, fueron verdaderos conejillos de India de estas siniestras prácticas, llevadas a cabo en el Balneario situado en Rocas de Santo Domingo. 

Por ese tiempo, el agente de la DINA, David Gustavo Pedreros Pineda, confesó al Ministro Alejandro Solís y a su actuaria Valeska Villalón, que había estado en los cursos de Rocas de Santo Domingo. Pedreros Pineda señaló que él y sus compañeros de curso presenciaron sesiones de torturas comandadas por Jara, en compañía del coronel Manuel Contreras Sepúlveda en el subterráneo del casino de oficiales del regimiento de Ingenieros militares en Tejas Verdes. “Por eso, sé que Manuel Contreras Sepúlveda muchas veces presenció los interrogatorios y torturas de detenidos”, declaró. 

“Iban regularmente a observar las sesiones a cargo de Jara -quien además les hacía clases en Rocas de Santo Domingo- y del detective Valdés”. Según él, muchos detenidos morían producto de los tormentos. Pedreros no recordaba sus nombres, pero sabía que “eran sacados del Regimiento, los colocaban en botes y los llevaban a alta mar, donde los lanzaban”. De las torturas recordó que a los detenidos “se les aplicaba electricidad en todo su cuerpo en la llamada parrilla, golpes con sacos de arena mojada, violaciones a las mujeres; a ellas también les introducían objetos contundentes en la vagina, simulacros de fusilamientos, la ‘ruleta rusa’, los colgaban, a los hombres le insertaban palos en el ano”.

Transcurridos 50 años, la historia de los Balnearios Populares es aún una asignatura pendiente.  Hemos sido negligentes en iniciar acciones judiciales, demandando a las Fuerzas Armadas de Chile la devolución al Estado, de todos los Balnearios Populares, apropiados ilegítimamente. 

Tras largas negociaciones, el Gobierno del Presidente Boric logró, por fin, que el Ejército devolviera a Bienes Nacionales el Balneario Popular en Rocas de Santo Domingo, cuyos restos ya habían sido declarados Monumento Nacional, gracias a la tenaz batalla que impulsó la Fundación por la Memoria de San Antonio, entidad presidida por Anita Becerra, quien era una colegiala cuando fue detenida y torturada en dicho Balneario. 

Hoy tuvo lugar una emotiva ceremonia mediante la cual, el Ministerio de Bienes Nacionales fizo entrega del lugar a la mencionada Fundación, que se propone levantar un Centro destinado a la preservación de los Derechos Humanos.

En buena hora. Más vale tarde que nunca.

(*)Miguel Lawner. Premio Nacional de Arquitectura, fue director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) en el Gobierno de Salvador Allende, académico en universidades chilenas y del extranjero.

Fuente: elsiglo.cl

En los últimos días hubo quejas por la decisión de establecer nuevos Sitios de Memoria, lo que se agrega a la demanda de cierre del penal Punta Peuco, las dudas respecto a resultados del plan de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos y la instalación del negacionismo que se pretende establecer en estos meses. Más allá de lo retórico o reflexivo, la efeméride se está dotando de contenido político e histórico controversial. 

Equipo “El Siglo”. Santiago. 26/5/2023. La exigencia de cerrar el penal de Punta Peuco este año, las dudas sobre resultados concretos que pudiera arrojar del plan de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, la controversia por el establecimiento de nuevos Sitios de Memoria, la decisión de las Fuerzas Armadas y Carabineros de no realizar gestos ni actividades en torno de la fecha, y la instalación de tesis negacionistas y relativistas, son algunos de los puntos de tensión que aparecen en torno de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en contra del Gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende que se cumplen este 11 de septiembre.

La idea de abordar la efeméride en un tono reflexivo y con “una mirada de futuro” como dijo el comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, parece diluirse frente a la intensidad política del episodio histórico con, por ejemplo, graves consecuencias en materia de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y todo lo que rodeó la asonada militar que derrocó a un Gobierno constitucional en una operación de partidos políticos, gremios empresariales, medios de prensa, grupos de extrema derecha, embajadas extranjeras y altos mandos castrenses.

Más allá de lo retórico, lo banal, lo meramente reflexivo y lo esquivo, como se podía esperar, surgen en estas semanas puntos de tensión frente a la significación del medio siglo de un episodio traumático y deplorable en la historia de Chile.

Surgen situaciones que tienen que ver con el presente incidido aún por lo que fue el golpe de Estado y sus consecuencias, con claras heridas abiertas y temas sin resolver, y con la crudeza de lo ocurrido hace 50 años que marcó no sólo el derrocamiento de un Gobierno constitucional y democrático, sino el inicio de una dictadura civil-militar que produjo miles de muertos y desaparecidos y llevó al país a los peores índices de pobreza, desigualdad y deterioro de la calidad de vida de chilenas y chilenos.

¿Cerrarán Punto Peuco?

Uno de los temas instalados en el marco de los 50 años del derrocamiento del Gobierno de la Unidad Popular (UP) es la reiteración de la exigencia del cierre del Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, que alberga en la actualidad a 129 exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Hace un par de meses surgió la versión de que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se habría instruido “en octubre del año pasado al director de Gendarmería, Sebastián Urra, a realizar los preparativos para anunciar el cierre del penal”. Sin embargo, la información fue desmentida por el titular de esa dependencia, Jaime Gajardo. “Quiero ser bien categórico al respecto. No hay ninguna instrucción formal o informal para el cierre de Punta Peuco que yo haya dado al director nacional de Gendarmería” sostuvo enfático Gajardo. Y para que quedara más claro, la ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó que ese asunto esté en la agenda del Gobierno en este año de conmemoración de la asonada golpista.

Inmediatamente surgieron las reacciones sobre el asunto. La diputada Lorena Pizarro, consultada por ElSiglo.cl, manifestó que “me parece importante que se ponga en el consciente nacional la necesidad de cerrar el penal de Punta Peuco”. “Voy a reiterar lo que por muchos años venimos señalando, en cuanto a que este centro de detención fue creado y construido para aquellos que no pudieron evadir la justicia”, planteó la congresista. La también ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), sostuvo que “Chile tiene una deuda enorme para con la verdad total y la justicia plena frente a los crímenes de la dictadura”. Enfatizó: “Me parece que una de las acciones, sin duda, tiene que ser el cierre del penal Punta Peuco”.

Consultado por El Siglo, Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, indicó que “el cierre del penal de Punta Peuco constituye una demanda histórica del movimiento de derechos humanos”. Explicó que “respecto al derecho internacional en materia de derechos humanos, y el ordenamiento jurídico constitucional que nos rige, cabe tener presente que el principio de igualdad está consagrado en la Constitución de (Augusto) Pinochet, y establece que en Chile no hay privilegio alguno, y en circunstancias que el penal Punta Peuco constituye en sí mismo un acto de discriminación respecto del conjunto de demás criminales que se encuentran agrupados, cumpliendo sus condenas, en recintos penitenciarios comunes”. Agregó que “todos los condenados por crímenes de lesa humanidad que están cumpliendo penas por sus gravísimos crímenes contra los derechos humanos, deben ser trasladados a un recinto penitenciario común”.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), manifestó que “en estos largos años nos hemos visto enfrentadas a mucha violencia psicológica y moral, que es el negacionismo, la bandalización de los Memoriales o Sitios de Memoria, la impunidad biológica, y por una justicia demasiada tardía. Uno de los hechos más violentos es hacer un penal especial y de privilegios para los autores de los crímenes de lesa humanidad, criminales que ya han recibido beneficios como bajísimas penas de cárcel”. Expresó que junto a las injusticias y falta de acciones en materia de derechos humanos (DDHH), “está el uso de los recursos de todos los chilenos y chilenas, incluyendo los de las víctimas y familiares de las víctimas, para tener un penal tipo hostal para estos criminales”. Añadió que ahí “siguen negando sus delitos, hacen fiestas y reivindican sus actos criminales, reivindican el no haber matado más comunistas, residen en verdaderos departamentos acondicionados, con baño propio, con regalías que la población carcelaria común no tiene, es una discriminación de clase frente a los delincuentes comunes”. Recordó que “hemos pedido, hemos exigido, nos hemos movilizado para el cierre de Punta Peuco, nos han prometido que se haría, como fue con la expresidenta (Michelle) Bachelet, y no han cumplido”. La presidenta de la AFEP fue enfática: “Sería un acto reparatorio que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric cerrara Punta Peuco. Es más, hoy exigimos que sea cerrado y no solo por las víctimas que sobrevivieron a la tortura, a la cárcel y por los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, sino también por la sociedad, ya que se necesitan señales de justicia reparatoria dignas y a la altura del daño causado”.

La diputada Carmen Hertz sostuvo que el recinto “debió cerrase hace mucho tiempo”. Planteó  que “no es concordante con los estándares del derecho internacional y de los derechos humanos que criminales de lesa humanidad que han cometido los crímenes que más repugnan a la consciencia civilizada del mundo disfruten de una cárcel especial”. El diputado Alejandro Bernales planteó que “cerrar Punta Peuco es una deuda de reparación que han prometido varios gobiernos y es de esperar que esa palabra empeñada se cumpla”. El congresista Jaime Naranjo, expresó: “Creo que hay una demanda social y de justicia en materia de derechos humanos que hace imprescindible abordar este tema, de tal manera que yo llamaría al Gobierno a abordar esta situación porque creo que sería lamentable que estas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, hace 50 años atrás, sigan gozando de privilegios carcelarios que son una bofetada en la cara de los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos, de los exiliados y de tanta gente que fue torturada durante la época de la dictadura militar”. Pedro Browne, ex diputado de Renovación Nacional (RN), colocara en Twitter: “¿Cómo se puede justificar que condenados por crímenes de Lesa Humanidad durante una Dictadura tengan un trato preferencial? Por qué el Estado debería mantener dicho privilegio?”.

En noviembre del 2022, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 67 votos a favor la moción de los diputados Carlos Bianchi, René Alinco, Jaime Araya, Marta González y Héctor Ulloa para reestructurar y cambiar el acondicionamiento y el funcionamiento de esa cárcel especial, sobre todo pensando en que allí llegaran delincuentes comunes. Pero en el Poder Legislativo hace tiempo que el tema no se aborda y estaría archivado.

El único momento en que se dio alguna señal desde La Moneda, fue cuando el Presidente Gabriel Boric declaró que “las cosas no se anuncian, se hacen”, ante una afirmación de la ministra de Defensa, Maya Fernández, en entrevista en El Mercurio, de que “el penal especial de Punta Peuco no debe continuar”. 

Como sea, de acuerdo a abogados consultados, el Presidente de la República, mediante un decreto, y en trámite del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede determinar el cierre de Punta Peuco y se pueden efectuar cambios y reestructuraciones en el sistema carcelario. “El cierre, modificación, reestructuración de cualquier cárcel en potestad del Ministerio, del Gobierno”, dijo un jurista consultado.

Se recordó que el ex presidente Sebastián Piñera cerró el recinto especial de detención de exuniformados, Centro Penitenciario Cordillera, y argumentó la necesidad de respetar “la igualdad ante la ley, la seguridad de los internos y el normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería”.

Por cierto, agrupaciones de antiguos oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, familiares de los represores y abogados ligados a los militares, llevan años oponiéndose al cierre del penal e inclusive llegan a sostener  que llevar a los exuniformados a recintos del sistema carcelario sería una violación a sus derechos humanos.

La pregunta que salta es, ¿si Piñera cerró Cordillera por qué Boric no podría cerrar Punta Peuco?

En el Gobierno es un tema que se maneja con discreción y se seguiría la línea del mandatario en cuanto a que más que hablar, hay que tomar decisiones. Pero la incertidumbre persiste respecto a si se cerrará o no Punta Peuco en el marco de los 50 años de la asonada golpista.

La búsqueda de restos de más de mil detenidos desaparecidos

Otro tema de tensión que se apareció este año, a medio siglo del golpe de Estado, tiene que ver con la posibilidad de dar pasos concretos para hallar los restos de mil 159 chilenas y chilenos, detenidos desaparecidos, quienes fueron arrestados, torturados, ejecutados y hechos desaparecer por integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerzas Aérea, Carabineros y organismos represivos con la Dina y la Cni.

Esa es probablemente una de las consecuencias más dramática que perdura de lo que significó la toma del poder por parte de los altos mandos militares y policiales, con el dato no menor de que si no se encuentran esos restos de compatriotas, es porque las instituciones militares y policiales no han entregado la información necesaria y requerida.

Ahora, por decisión del Gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ideó y puso en marcha un Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada en dictadura, colocando expertos y funcionarios al servicio de esa labor, en coordinación con familiares de las víctimas, agrupaciones de derechos humanos y Sitios de Memoria.

Una tarea que puede aparece titánica, teniendo en cuenta la escasa o nula colaboración de las Fuerzas Armadas y Carabineros, con diversos problemas en los procesos judiciales, e información incompleta.

Como ejemplo de las circunstancias que existen actualmente, hay un dato en el documento sobre este plan, donde se señala que “actualmente, en los registros del Programa existen aproximadamente 573 Consejos de Guerra y se encuentra pendiente la respuesta de un oficio dirigido al Ejército de Chile mediante el cual se requirió copia de los expedientes de otros 396 Procesos Militares en Tiempos de Guerra. Existen cerca de 4000 expedientes de procesos militares en tiempos de guerra los que se encuentran en poder del Archivo General del Ejército de Chile, los cuales constituyen una invaluable nueva fuente de información para avanzar en el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos”.

Los ejes del trabajo tienen que ver con participación de familiares en la búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega de los restos a los familiares de las víctimas; creación de registro único nacional de víctimas de desaparición forzada entre 1973 y 1990; recopilación, análisis  sistematización de documentos y archivos que contengan información sobre las circunstancias de desaparición de las víctimas; investigación del paradero de las víctimas y realización de trabajos para recuperar sus restos, identificarlos y entregarlos a sus familiares; investigación judicial por los delitos de inhumación y exhumación de las víctimas.

El asunto que tensiona esta situación, y más al cumplirse medio siglo del golpe militar, es si realmente habrá conclusiones, respuestas, hallazgos, avances, en el destino de los restos de más de mil chilenas y chilenos.

Las quejas y distancias de las FFAA y Carabineros

Los 50 años del derrocamiento del Gobierno del Presidente Salvador Allende es una efeméride complicada y cuando menos incómoda para las Fuerzas Armadas (FFAA) y Carabineros. Fueron sus altos mandos y tropas los protagonistas del suceso. Es así que todo está indicando que los altos mandos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros quieren mantenerse a la distancia de la conmemoración y no realizar gestos ni actividades en torno de la fecha. Es más, pareciera que lo que desean es que la fecha pase lo más rápido posible.

Extraoficialmente se sabe, de partida, que ven con malos ojos el cierre de Punta Peuco, aplican el criterio de que no tienen nada que reportar respecto a los más de mil detenidos desaparecidos, cuestionan que recintos militares donde se torturó, se detuvo ilegalmente y se ejecutó a ciudadanos, sean declarados Sitios de Memoria, y estarían por sumarse a la tesis de “no volver al pasado” y “mejor mirar al futuro”.

Esto está generando tensiones y nerviosismos en la relación de los comandantes en jefe con las autoridades del Ministerio de Defensa. 

En esa línea, de acuerdo a lo que comenta extraoficialmente, en La Moneda quieren mantener mucho cuidado frente a los comandantes en jefe y evitar que se gatillen conflictos que trasciendan y generen algún problema político. Según fuentes gubernamentales, el Gobierno no pondría objeción en cuanto a que las FFAA y Carabineros se mantengan al margen de actividades de conmemoración del cincuentenario del golpe militar.

En estas semanas, como botón de muestra, se conocieron las versiones de enojo del Ejército -acompañadas de incomodidad en las otras ramas de las FFAA- por la declaración de Sitio de Memoria del Regimiento Nº23 de Copiapó. De acuerdo a versiones periodísticas, el propio comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, habría expuesto la disconformidad con esa decisión del Consejo de Monumentos Nacionales, y se habría esgrimido que aquello dejaría a ese Regimiento “expuesto en términos de seguridad e inteligencia” y no sería conveniente que el recinto militar se convirtiera en un espacio de visitas y actividades de civiles. Como está ocurriendo en otras situaciones, desde el Ministerio de Defensa no hubo una declaración formal ante la situación, pero el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, sostuvo que “no veo cómo esto atente contra la seguridad del Regimiento, y creo que se está armando un tema -no voy a decir artificial- que está fundado sobre bases que habría que conocer mejor”. La presiones del Ejército llevaron a que estén convocados al Senado la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el propio De Aguirre.

Por cierto, el Regimiento N°23 de Copiapó fue utilizado entre 1973 y 1976 como centro clandestino de detención, de tortura y de ejecución de ciudadanas y ciudadanos, al igual que decenas de otros recintos militares y policiales. Tal es así, que la información oficial registra 90 unidades militares y policiales declarados Sitios de Memoria porque allí se violaron los derechos humanos y civiles de miles de compatriotas. Esa situación, como colocar placas conmemorativas en cuarteles de las FFAA y Carabineros, quitar monumentos alusivos al golpe de Estado y a golpistas como Augusto Pinochet, José Toribio Merino y César Mendoza, han causado molestia en el ámbito de las ramas castrenses y de la policía uniformada. También se ha querido evitar la divulgación de documentos emanados incluso de los propios militares sobre los sucesos del 11 de septiembre y el período del régimen militar.

En una entrevista a El Mercurio, el jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, hablando de los 50 años del golpe de Estado, declaró que “no hay que quedarse anclados en el pasado. Veamos esto como idea de futuro. Acá los que estamos somos gente que prácticamente no vivimos ese episodio”. Planteó “ir cerrando, de a poco, el capítulo, en la medida en que se pueda, entendiendo lo que vivieron algunas personas”…

Negacionismo y distorsiones

“No tengo por qué pedir perdón por la obra del Gobierno militar” expresó en una entrevista el excandidato presidencial de ultraderecha, José Antonio Kast, en la línea de ese sector y de la derecha chilena, en cuanto a no reconocer o relativizar lo que fueron las violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y atentados a la democracia que ocurrió desde la asonada militar y durante la dictadura civil-militar. Desde agrupaciones de derechos humanos, sectores progresistas y de izquierda, desde organizaciones sociales, se ha denunciado en estos meses que la derecha, la extrema derecha, la familia militar y esferas académicas conservadoras, se apuntará a tesis negacionistas respecto a lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 y los años del régimen militar.

En esa lógica, centros de estudio, medios de prensa, universidades, legisladores, partidos políticos, están instalando más el análisis de los tres años del Gobierno de la Unidad Popular que el suceso del golpe de Estado de 1973 con todas sus consecuencias y desde ahí establecer “la responsabilidad compartida” respecto el episodio golpista. La idea es no meterse directamente en el suceso puntual que se conmemora. “Nos quieren llevar a discutir lo que pasó con el Gobierno de Allende y no tratar el hecho concreto que fue el golpe de Estado, con sus promotores y actores”, comentó una legisladora.

Al mismo tiempo, se quiere evitar el análisis y recuento de lo ocurrido hace 50 años, planteando, primero, que “eso divide a los chilenos”, segundo, que “no debemos quedar anclados en ese pasado y debemos mirar el futuro” y tercero, que establecer hechos de lo acontecido es sostener “una verdad oficial” que no es conveniente.

En esa línea, por ejemplo, la actual consejera constitucional y presidente del grupo de derecha Evolución Política (Evópoli), Gloria Hutt, planteó que “a nosotros nos gustaría mucho más que esta conmemoración de los 50 años fuera un punto de encuentro y fuera una instancia para cerrar heridas y divisiones, para volver a conversar como ha ocurrido, por ejemplo en el acuerdo por Chile y que estuvimos en una mesa todo el arco político y hubo una armonía muy grande en la conversación”. Y el expresidente Sebastián Piñera sostuvo que “ante esta conmemoración hay dos caminos: revivir los mismos odios, o aprender de esos errores y buscar acuerdos para avanzar hacia un futuro”. Indicó que generaciones que vivieron el golpe y la dictadura “no tenemos derecho a transmitir a las generaciones futuras nuestras propias divisiones”, ni tampoco revivir odiosidades”. 

También se está apelando a una suerte de relativización de los sucesos, aduciendo que informar y entregar antecedentes de los 50 años del golpe puede apuntar a “establecer una verdad oficial” y que todavía hay que transitar más tiempo para concluir sobre ese suceso y lo ocurrido durante la dictadura. El propio Piñera indicó que “no pueden haber verdades oficiales” y apuntó a que en este conmemoración se está partiendo “con un grave error, porque da la impresión que la democracia se derrumbó el 11 de septiembre del 73 y venía de muchos antes”. 

Es en este marco que partidos y grupos de extrema derecha y de la derecha, la familia militar, entidades de exuniformados, asociaciones de empresarios, están planeando realizar conferencias y actividades para reivindicar lo que definen como “pronunciamiento militar” de septiembre de 1973, defender el actuar de las FFAA y Carabineros y destacar “la obra” del régimen militar y particularmente el desempeño del dictador Augusto Pinochet.

Todo lo cual se agrega a los evidentes puntos de tensión que se originan en torno de los 50 años del golpe de Estado.

fuente: elsiglo.cl

En los talleres de narrativa se insiste en que, en un relato, el autor o la autora ha de proporcionar una forma original de ver el mundo. Pero eso no es exclusivo de la literatura, ni siquiera de las humanidades: también sucede en la ciencia. Este año se cumple el 550 aniversario del nacimiento de Nicolás Copérnico (1473-1543), un personaje esencial en la renovación astronómica de los siglos XVI y XVII. Revolucionó la ciencia europea (entonces se denominaba “filosofía natural”) porque tuvo el atrevimiento de romper con el pasado al interpretar el movimiento de los astros de una manera inédita, diferente.

Astrónomo Copérnico, de Jan Matejko (1873)

Astrónomo, canónigo y médico

Nacido en Torun (Polonia), Nicolás era el menor de cuatro hermanos. Su madre murió a los pocos años y, cuando él había cumplido diez, también falleció su padre. De su educación se ocupó su tío Lucas, un duro sacerdote canónigo en una ciudad vecina. En la universidad de Cracovia estudió astronomía, y entró en contacto con el modelo geocéntrico —en donde el Sol giraba en torno a la Tierra— de Ptolomeo, aunque Copérnico se sentía incómodo con él. Viajó a Italia y continuó su formación en la universidad de Bolonia. Y posiblemente allí tuvo una revelación —en su libro Copérnico, John Banville la cuenta así—: “…había estado analizando el problema desde una perspectiva errónea […]. Si consideraba al Sol como el centro de un universo inmenso, los fenómenos observados en los movimientos de los planetas que habían intrigado a los astrónomos durante milenios, se volvían perfectamente racionales y evidentes…”.

A partir de ese momento, Copérnico se ocupó en construir un nuevo modelo astronómico con el Sol en el centro, en torno al cual giraban los planetas en órbitas circulares. Sin embargo, difundió sus concepciones con mucha cautela, tanta que también podría decirse que las escondió. Volvió de Italia y siendo seglar consiguió una canonjía en Fraudenburg con la ayuda de su tío el entonces obispo Lucas —había ascendido—, que gobernaba Ermeland (un protectorado del reino de Polonia). Allí se dedicó a las obligaciones de trabajo mientras cultivaba en privado su modelo astronómico. También ejerció la medicina y solventó cuestiones económicas.

Pero, años después de la experiencia italiana, publicó su Commentariolus, un cuadernillo resumen de sus ideas que lanzó a modo de ‘globo sonda’ y que, para su tranquilidad, no generó reacciones adversas. Al final de su vida, urgido desde varias instancias, se avino a publicar su modelo de forma completa. Su libro De revolutionibus orbitum coelestium (Sobre las revoluciones de las esferas celestes) vio la luz en 1543, muy cercano al día de su muerte.

Un libro que inspiró a Kepler, Galileo y Newton

Antes de Copérnico, imperaba el arquetipo astronómico geocéntrico desarrollado por Ptolomeo en el siglo II. Era un modelo farragoso, ya que obligaba a utilizar epiciclos para encajar las observaciones. Sin embargo, tenía una ventaja extracientífica: al colocar la Tierra inmóvil, con los planetas y el Sol girando en torno a ella, se reforzaba el concepto del ser humano como el centro de la creación. La iglesia católica hallaba adecuada esta interpretación en consonancia con El libro del Génesis: el universo conocido giraba en torno a la más excelsa obra de Dios, el ser que habitaba la Tierra.

Cuando su libro De revolutionibus se extendió, Copérnico ya había muerto. Esta circunstancia fue beneficiosa no solo para él, que obviamente no fue perseguido, sino para la obra misma, porque permaneció como una mera hipótesis: el libro era muy técnico, comprensible únicamente por astrónomos avanzados y solo entró en el índice de libros prohibidos tras el proceso a Galileo.

Esto permitió que astrónomos posteriores como Johannes Kepler (1571-1630) o Galileo Galilei (1564-1642) pudieran formarse con ese modelo y después realizar aportaciones muy relevantes. Basándose en él y manejando una buena cantidad de observaciones, Kepler postuló sus tres leyes: los planetas describían órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos, barrían áreas iguales en tiempos iguales y los cuadrados de los periodos de las órbitas eran proporcionales al cubo de sus distancias al Sol.

Galileo alcanzó a ir más allá: con el telescopio de su invención —a partir de un prototipo desarrollado por un constructor de lentes holandés— descubrió los satélites de Júpiter, que orbitaban en torno al planeta. Eso era más de lo que la iglesia católica podía soportar. Kepler, un luterano en reinos católicos, estaba lejos de Roma, pero Galileo se hallaba en Italia, cerca del Papa. Fue procesado por la Inquisición, pero astrónomos ulteriores trabajaron a partir de sus resultados. En particular, Newton (1642-1727) descubrió la ley de la gravitación universal apoyándose, entre otros, en las contribuciones de Kepler y Galileo.

Modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico

Los mitos caen de su pedestal

En dos centurias el modelo geocéntrico fue reemplazado por el heliocéntrico. Además, la observación del Sol o de las estrellas se popularizó en los siglos siguientes por la navegación marítima. Esto estimuló una formación astronómica básica en donde la experimentación jugaba un papel central y a su vez consolidó la aceptación general del modelo heliocéntrico.

El impacto de las ideas lanzadas por Copérnico fue enorme, tanto en el nivel científico como en el filosófico, y de larga permanencia. La Tierra dejaba de ser el centro del universo: era un astro más, sometida a las mismas leyes que los demás cuerpos celestes.

Esa concepción estaba a un paso de que el ser humano también cayera de su pedestal, lo que sucedió con las obras de medicina que lo asemejaban a otros seres vivientes. En su libro Los errantes, Olga Tokarczuk (Premio Nobel de Literatura 2018) lo refleja muy bien: “La nueva era comenzó […] en aquel año cuando aparecieron […] De revolutionibus orbitum coelestium de Copérnico y […] De humanis corporis fabrica de Vesalio. Naturalmente, estos libros no lo contenían todo […] Sin embargo, los mapas del mundo, tanto el exterior como en interior, ya estaban trazados”.

Así, en 1543 se sentaron las bases de lo que sería la ciencia moderna. Comenzó un proceso de desmitificación progresiva, que se inició cuando la Tierra dejó de ser el centro del universo, siguió con el ser humano abandonando la cúspide de la creación, continuó con una Europa descabalgada del centro del mundo y llega hasta nuestros días. Una evolución que arrancó con las investigaciones de Copérnico y se ha propagado hasta hoy, donde es moneda corriente cuestionar los roles que han sido dominantes durante siglos en nuestra visión del mundo.

*Pedro Meseguer es investigador en el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC.

fuente: blogs.20minutos.es 

El sociólogo cuestionó que se apode a la Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales (Filcs23) como «cumbre de ideólogos de izquierda».

El sociólogo Alberto Mayol lanzó una dura respuesta al diario La Tercera por la cobertura que realizaron de la I Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales (Filcs23) que se realizará en la comuna de Recoleta.

La nota en cuestión, titulada Chomsky, Loncon y Mayol: La cumbre de ideólogos de izquierda que organiza Jadue en Recoleta, pone énfasis en los invitados al evento y, si bien el excandidato presidencial aparece en el título, después no tiene ninguna otra mención en el artículo.

 Recoleta invita a la primera Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales

Molesto, el autor de El derrumbe del modelo y Big Bang decidió responder con un comentario irónico al director del diario La Tercera, José Luis Santa María, través de su cuenta de Twitter.

«No me había enterado que había una cumbre de ideólogos, lo confundí con una feria del libro. No sabía que yo era ideólogo, confundí ello con otras opciones: escritor, profesor, libretista de ópera, analista político, investigador, consultor», partió señalando.

Luego agregó: «No sabía, estimado Director, que se puede titular una noticia con un nombre propio y no mencionarlo en el cuerpo del texto. No sabía muchas cosas. Y usted y su equipo me las han enseñado».

«Eternamente agradecido, Alberto Mayol, ideólogo (de izquierda)», cerró el sociólogo.

La I Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales (Filcs23) se realizará durante 10 días a partir del próximo 6 de abril en el zócalo de la Municipalidad de Recoleta.

En ella se espera que participen más de 150 expositores. Entre los nombres más destacados están el intelectual estadounidense Noam Chomsky; la expresidenta de la Convención, Elisa Loncon; el excandidato presidencial Jorge Arrate; la antropóloga feminista Rita Segato; el exfutbolista Carlos Caszely; los músicos Manuel García y Mauricio Redolés, entre otros.