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Un grupo de personas ricas gana en un día, todo el dinero que el Gobierno chileno destinó para ayudas sociales a millones de personas. En América Latina 12 millones de habitantes entraron al área de la pobreza, mientras un grupo de 30 millonarios incrementaron sus ganancias. Un informe que acaba de presentar Oxfam, señala que durante la última década, el 1% más rico ha capturado alrededor del 50 % de la nueva riqueza mundial. “Tras solo dos años, la presente década ya se perfila como la mejor hasta la fecha para los milmillonarios” indicó representante de Oxfam.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 20/01/2023. En un gran esfuerzo, el Gobierno chileno destinó 2 mil millones de dólares a un plan de ayuda social para millones de personas, a implementar en estos meses. Bueno, un grupo de multimillonarios gana cada día, 2 mil 700 millones de dólares para su uso personal o de su grupo financiero. Así andan los contrastes en estos tiempos.
Para enfatizar: en un día, un reducido grupo de personas gana lo que el Gobierno de Chile debe ocupar en aproximadamente un año para ayudar a decenas de miles de familias.
Y para precisar mejor los contrastes. Las familias chilenas más ricas van acercándose a los 50 mil millones de dólares de riqueza propia, cuando las familias chilenas vulnerables deben contentarse con que les lleguen unos cientos de dólares al mes, provenientes de esos 2 mil millones que repartirá el Estado.
A escala mundial, Oxfam International entregó en estos días un detallado informe sobre desigualdad a nivel mundial, donde se indicó que el uno por ciento de la población más rica del mundo, concentró casi dos terceras partes de la riqueza generada en los años que lleva la pandemia de Covid-19.
Mientras que más de 820 millones de personas en el planeta padecen hambre, y los salarios de mil 700 millones de trabajadoras y trabajadores en el mundo están por debajo de los porcentajes de inflación, es decir, no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas al mes o la quincena.
Hay que recordar que los datos de entidades financieras y de estudio a nivel mundial, apuntan a que los grupos de multimillonarios a nivel internacional acumulaban al 2022 más de 200 mil millones de dólares.
A los más ricos les siguen yendo bien, gracias al comercio de alimentos y a la pandemia del Covid-19. Es así que 95 grandes empresas de energía y de alimentación duplicado sus ganancias el 2022, obteniendo 306 mil millones de dólares en utilidades y destinaron 257 mil millones para repartirlos entre los accionistas.
A eso se agregan datos del año pasado que registraban ingresos a la industria trasnacional farmacéutica por 1.20 billones de dólares, algunas con ganancias de alrededor de 300 mil millones de dólares y decenas de miles de millones de euros.
En el informe que acaba de presentar Oxfam, se señala que durante la última década, el 1% más rico ha capturado alrededor del 50% de la nueva riqueza mundial.
Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, declaró que “mientras la gente corriente hace sacrificios diarios en lo esencial como los alimentos, los súper ricos han superado incluso sus sueños más osados. Tras solo dos años, la presente década ya se perfila como la mejor hasta la fecha para los milmillonarios: una década dorada de bonanza económica para los más ricos del mundo”.
El reporte del organismo internacional es preciso: “Desde 2020, con la pandemia y la crisis del coste de la vida, el 1% más rico acaparó 26 billones de dólares (el 63% de la nueva riqueza generada), mientras que tan solo 16 billones de dólares (el 37%) llegaban al resto de la población mundial. Por cada dólar de nueva riqueza global que percibe una persona perteneciente al 90% más pobre de la humanidad, un milmillonario se embolsa 1,7 millones de dólares. La fortuna de los milmillonarios ha crecido a un ritmo de 2.700 millones de dólares diarios”.
Desde Oxfam se explicó que “si bien en 2022 las fortunas de los milmillonarios decrecieron ligeramente desde que alcanzaran niveles máximos en 2021, siguen estando 2,6 billones de dólares por encima de su valor anterior a la pandemia. Y ahora están empezando de nuevo a acumular cada vez más riqueza”.
De acuerdo al informe, en América Latina y El Caribe los multimillonarios crecieron en un 21% cinco veces más rápido que el Producto Interno Bruto de la región, es decir, un puñado de personas tiene más y mejores ingresos que varios cientos de millones de latinoamericanos y caribeños.
Las cifras de Oxfam indican que 12 millones de habitantes de la región entraron al área de la pobreza, mientras un grupo 30 millonarios incrementaron sus ganancias.
El informe de Oxfam International abordó el nudo del pago de impuestos de los ultramillonarios. “Por cada dólar recaudado en ingresos fiscales en el mundo, únicamente cuatro centavos proceden de gravar la riqueza”, se señaló.
Y se sostuvo que “la mitad de los milmillonarios del mundo vive en países que no aplican ningún tipo de impuesto de sucesiones a la riqueza que estos transfieren a sus descendientes directos. Por lo tanto, cinco billones de dólares irán a parar, libres de impuestos, a sus correspondientes herederos; un importe que supera el PIB de África y que perpetuará una nueva generación de élites aristocráticas. La mayor parte de los ingresos de las personas más ricas no se derivan de su trabajo, sino que son esencialmente rentas de capital sobre sus activos. Sin embargo, la tributación sobre las rentas de capital se sitúa en torno al 18% en promedio, aproximadamente la mitad de los tipos marginales sobre las rentas del trabajo”.
Gabriela Bucher indicó que “aplicar mayores impuestos a los súper ricos y a las grandes empresas es una puerta de salida a las múltiples crisis a las que nos enfrentamos actualmente”.
Añadió que “es hora de derribar el mito de que los recortes fiscales para los más ricos terminarán de alguna manera beneficiando al resto. Cuarenta años de rebajas fiscales para los súper ricos han demostrado que las oleadas de privilegios solo terminan por beneficiarles a ellos”.
En el documento de Oxfam se apuntó que “de hecho, los impuestos aplicables a los más ricos han llegado a ser históricamente mucho más altos. Durante los últimos 40 años, Gobiernos de África, Asia, Europa y las Américas han ido reduciendo los tipos impositivos sobre las rentas más altas, mientras se han elevado los impuestos al consumo sobre bienes y servicios, es decir, impuestos que recaen desproporcionadamente sobre quienes tienen menos y que amplían las brechas de género”.
“Gravar más a los súper ricos es un requisito estratégico para reducir la desigualdad y revitalizar la democracia. Debemos hacerlo para fomentar la innovación. Para lograr unos servicios públicos más sólidos y construir sociedades más sanas y felices. También para abordar la crisis climática, invirtiendo en soluciones que contrarresten las escandalosas emisiones de los más ricos,” afirma Bucher.

El último informe de Oxfam International se suma a datos y antecedentes del último año, que dan cuenta de los niveles de utilidades de grandes consorcios financieros y empresariales, y de familias y accionistas multimillonarios, en contraste con los niveles de precariedad social y económica de miles de millones de personas en todo el mundo.
Por ejemplo, según datos de Forbes, Statista y Ernst&Young, las ventas mundiales de medicamentos pasaron de 390.000 millones de dólares a 1,27 billones de dólares en el periodo comprendido entre 2001 y 2020 y “en 2021, las ventas de las cinco vacunas más importantes ascendieron a 57.000 millones de dólares, la proyección para 2026 es de 15.000 millones de dólares”.
Los cinco medicamentos oncológicos más requeridos en muchos países, generaron ventas por algo menos de 40.000 millones de dólares en 2021. Para 2026 se prevé ventas por 68.000 millones de dólares, con altas ganancias para las trasnacionales que los elaboran.
En ese marco hay que incluir que países pobres de todos los continentes, o naciones como Cuba sometida a un bloqueo por parte de Estados Unidos, no tienen posibilidad de comprar esas medicinas o tener acceso a pesar de contar con recursos, por determinaciones de los grandes consorcios.
Otro de los negocios a costa de derechos sociales, es el del agua. Hay países como Chile, donde el acceso a este recurso vital depende de empresas privadas que lucran con el líquido y donde el Estado o sector público perdió toda posibilidad de regulación y garantía de acceso para la población, generalmente de sectores pobres.
Tianyin Cheng, director del s&p Dow Jones Indices, hizo ver que “en la medida en que la demanda de agua limpia crece, las compañías relacionadas están en posición de crecer en los años que vienen”, es decir, de aumentar sus ganancias por el negocio del agua.
De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la industria global del agua es de unos 413.000 millones de dólares.
Datos de Morningstar, citados por el periódico Granma, en los últimos cinco años 23 fondos privados para la inversión en el agua fueron lanzados con un capital estimado de 8.000 millones.
La pobreza está vinculada directamente con la posibilidad de que la gente pueda trabajar y recibir un salario digno, suficiente. Y resulta que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) bajó sus previsiones para la recuperación del empleo, y proyectó un déficit en horas trabajadas a nivel mundial equivalente a 52 millones de puestos de trabajo a tiempo completo con respecto al cuarto trimestre de 2019.
Según la publicación “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2022” elaborado por la OIT, en 2022 hubo 207 millones de desempleados, 21 millones más que en 2019.
Otro dato significativo lo entregó hace un tiempo Oxfam. Se indicó que “la brecha económico-social planetaria se acrecienta y 260 millones de nuevos pobres podrían caer en el barranco de la marginación antes de que finalice el 2022”.
Y se añadió que “de cumplirse este vaticinio, en diciembre de este año, 860 millones de personas podrían padecer una situación de extrema pobreza -al contar con menos de 1,90 dólares diarios- y más de 800 millones, desnutrición, revirtiéndose así los tibios avances de las últimas dos décadas”.
fuente: elsiglo.cl
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, cuestionó duramente los dichos del exsenador Guido Girardi, quien dijo que una lista encabezada por el PC y el FA sería "la lista del indulto".
De lo acontecido en Matucana 100 con la compañía brasileña Grupo Magiluth, a la ovación casi exagerada para Paulina Urrutia en CEINA.
Bueno, no: casi exagerada la ovación, no, el que exagera soy yo. En realidad, el aplauso y las flores para Paulina Urrutia son merecidas, totalmente, es cierto. No es novedad que la ex ministra es una personalidad consagrada de la escena nacional, tremenda actriz, espléndida. Pero respecto de lo otro, de la vergüenza, cuento corto: el público chileno, así como puede ser tremendamente cariñoso y no aburrirse de aplaudir y de gritar «Paulina te amo», puede comportarse como el ajo, como el peor público de teatro.
O para decirlo sin ofender, lo que pasa es que hay público que no está preparado para cierto teatro más experimental, más punk. Y casi agregaríamos “menos aún si es en otro idioma”. Porque pararse de la butaca y salir de la sala, cuando la obra no ha terminado y está en pleno desarrollo, es como escupir delante de alguien, a su paso, es una falta de respeto grave y ominosa para los artistas que fuiste a ver. Peor que no apagar el celular. Si eso no lo sabes, o no te importa, pues como espectador, y yo diría como ciudadano, eres un maleducado, un miserable flaite.
Y eso es lo que le sucedió a la compañía brasileña Grupo Magiluth que presentó “Estudo N°1: Morte e Vida” (Estudio N°1: muerte y vida) en el Espacio Bunster de Matucana 100, mientras en las otras salas y explanada del lugar, bullía la actividad artística. Qué vergüenza, dios mío. Queda mal el país ante un invitado internacional. Mi experiencia se remite al día martes 17 de enero, debo aclarar. No quise saber si otros días fue igual, no quise preguntar. Se paró un par y salieron, de a dos, de a tres, de a cuatro, de la primera o de la séptima fila, bajando las escaleras. Mientras los actores continuaban con sus textos en la boca en el escenario. Por suerte quedamos sí una treintena que aplaudimos al final, sobre el cadáver de ese chico Uber que no quiso levantarse jamás. Para qué, si sabía que la función había sido escupida en la cara por algo así como una docena de maleducados.
Bueno, habría que decir que el poeta Joao Cabral de Melo Neto, poeta precursor de la poesía concreta, es un perfecto desconocido en estas tierras. Y la obra se basa en un libro-poema clásico de este autor del norte brasileño: “Muerte y vida Severina”, en el cual un peón campesino narra su vida de miseria y dificultades, migrando del campo a la ciudad en busca de mejor pasar, en busca de comida y techo, trabajo y salud, en busca de un poco de dignidad. El poema es leído y citado por los intérpretes en escena, de muchas y distintas maneras, valiéndose de canciones, de intertextos. De modo que el tema central es la migración. La realidad precaria en que se dan esas partidas, cuando se deja el lugar propio, cuando hay que abandonar tu tierra. Siempre se migra por necesidad. Desde el origen de los tiempos. Y hoy que pareciéramos estar más bien en el final de los tiempos, se vive una explosión de situaciones trágicas relacionadas con la migración en todas partes.
Refugiados por hambrunas, desplazados por guerras, exiliados por dictaduras, y hasta por razones climáticas, como el caso de países que son islas en medio de los océanos Índico y Pacífico, Nueva Zelanda y Kiribati, donde el cambio climático hace prever que las aguas subirán hasta dejarlas completamente bajo la superficie. Son repúblicas que van a desaparecer. Basta que siga subiendo la temperatura en un grado o dos. Se migra obligado siempre por algo. Pero la obra es un desorden, un caos, una transposición de elementos en torno a todo esto, las escenas se interrumpen con archivos visuales y sonoros. Por eso hay entradas falsas, intentos de comenzar a ordenar la obra, constantes. Los actores se paran al frente y dicen: esta obra debería comenzar con esto (y mete datos de Kiribati o cifras relacionadas con las ganancias y víctimas de las guerras). O: tendríamos que hablar de esto otro (y mete un testimonio de alguien migrante o de Severino). O: mejor yo les voy a contar mi experiencia. Por eso, a cada rato se oirá que alguno de los actores dice: “Pero esto aún dice poco”. Porque efectivamente, decir que esta obra se trata de un poema de un autor brasileño, o decir que se trata de la migración, es poco. Es poco para agotar las entradas a un tema que en realidad es la punta del iceberg, el hilo del cual se debe tirar para terminar hablando de todo. Muerte y vida. “Pero eso aún dice poco” es una frase del poema de Severino, de Joao Cabral, y ya que estamos, citémoslo:
“Mi nombre es Severino, no tengo otro de pila. Como hay muchos Severinos, que es santo de romería, dieron por eso en llamarme Severino de María; como hay muchos Severinos con madres dichas María, pasé a ser el de María del finado Zacarías. Pero eso aún dice poco: hay muchos aquí en la zona, a raíz de un coronel que se llamó Zacarías y que fue en esta región la autoridad más antigua. ¿Cómo decir, i pues, quién os habla, señorías? (…) Somos muchos Severinos iguales en esta vida: igual la cabeza grande que apenas si se equilibra, igual el hinchado vientre sobre idénticas piernas finas, igual la sangre que aguada corre con muy poca tinta. (…) Somos muchos Severinos iguales hasta en destino: el de ablandar estas piedras sudándoles mucho encima, el de intentar despertar esta tierra siempre extinta, el de querer arrancar algún brote a la ceniza. Y para que me conozcan mejor Vuestras Señorías y mejor puedan seguir esta historia de mi vida, paso a ser el Severino que en vuestra presencia emigra.”

Así, esta estructura experimental aparece como una de las dificultades que sospechamos puede agotar la paciencia de cierto público. Y este texto se torna paradójico cuando ante la presentación de los severinos, el público indolente, en sus narices también emigra. Lo concreto es que a partir de este poema dramático el Grupo Magiluth termina dejando el cuerpo exánime de un migrante que trabaja repartiendo comida para Uber Eats, yaciendo en el escenario, resultando una performance desconcertante y provocadora, que nos hace pensar que la obra amerita una mejor localización en el sentido de garantizar un público más preparado. La estridencia de su reclamo no puede aplacar su urgencia.
Ahora, ya cambiando drásticamente a la otra experiencia que nos convoca, me pregunto ¿qué se puede decir que no se haya dicho ya, de una obra que ha alcanzado el rango de “clásico contemporáneo”, como lo es “La amante fascista”? La pieza de Alejandro Moreno, dirigida por Víctor Carrasco e interpretada por Paulina Urrutia, ha cosechado el reconocimiento del público y de la crítica incluso más allá de las fronteras, desde su estreno en el 2010, ganando la Muestra Nacional de Dramaturgia de aquel año. Tres nombres que son garantía de buen teatro: Moreno, Carrasco y Urrutia. Es una muy buena noticia que esta obra se siga montando. Para quienes disfrutamos el teatro es una muy buena noticia. Yo, por ejemplo, no la había visto. Ni siquiera he dicho de qué se trata, si usted no sabía, ya lo googleó.
Es “un clásico contemporáneo” porque aunque el contexto cambia y mucho, sigue vigente. Es necesario seguir apuntando a la familia militar como lo hace esta obra, no con La Moneda en llamas, sino con imágenes de poesía bizarra, de fauces ensangrentadas, de animales cometiendo canibalismo, perros dignos de David Lynch. La obra es un grito de nunca más, un reclamo de justicia, exigencia de verdad y reparación, un claro no al negacionismo, ni al empate ni nada: si ni arrepentidos están, todo lo contrario. Defienden a sus torturadores y piden clemencia e indulto para sus violadores.
Pero lo primero que vino a mi mente cuando la obra hubo concluido, fue esto: es un personaje escrito por un hombre, creado y diseñado por la mano de un hombre, otra caricatura más de la histeria femenina, de la neurótica, de la loca, la puta, la mosca muerta, una esposa de milico pensada desde y para la sociedad masculina, un arquetipo más de las posibles heroínas y antiheroínas a que podemos echar mano. Mujeres hechas por hombres.
Entonces ¿qué caricatura es la Iris Rojas de Paulina Urrutia? La esposa del capitán cornudo. La patas negras, la infiel. Una gárgola bipolar, una mutante, una mujer preocupada de verse bella, digna, que puede comportarse como una miss pero al mismo tiempo como una Gloria Naveillán. Damas hasta que se les sale lo ordinarias. Prófugas de la justicia como la Karen Rojo, que se desencajan como la señora que grita comunistas de mierda los odio púdranse, en “La batalla de Chile”. Una modelo prototipo arribista maipucina, india que trata de indio al resto, rubia de poto negro dice un poeta, y shilena que de shilena satura en su grito ¡CE ASHE Í! Pero no es tan rasca, tiene un poco más de pedigrí, de Ñuñoa o Provi supongámosla, una “niña bien”, de colegio de monjas, una joven con redes, hábil, ruda, tan astuta como ignorante y prepotente, descarada a la hora de mentir, de negar lo que todos saben. Minas de doble moral, que están en contra de lo que ellas mismas llaman ideología de género. Que se hicieron un aborto y nadie sabe, y obviamente están en contra del aborto. Embellecidas y envilecidas, cuicas pelolais putas y jaleras, garabateras a lo Matthei y qué tanto, me paso a Víctor Jara por la raja. Eso no más te digo.
Las mujeres de la familia militar. Asesinas en esa familia de asesinos que es la familia militar chilena, como consta en cientos de libros a estas alturas ya, de diverso tipo, obras escénicas y visuales, álbumes y discos, intervenciones performances, películas premiadas, en fin. Las mujeres de los milicos, las mujeres de derecha: mujeres que se precian de ser como trofeos, hembras sedientas de poder, entregadas a la degradación esquizofrénica del que mata, degeneradas en ese sentido, espiritualmente corrompidas, corruptas, mentirosas, hipócritas, mosquitas muertas, viejas zorras, ladronas, de la escuela de Lucía, CEMA Chile y las damas de rojo, viejas sapas. Haciéndose las femme fatale, orgullosas de sus piernas juveniles, creyéndose sexys, provocadoras, pícaras. Histéricas y neuróticas. La Valkiria de La Oficina, la secretaria del Japenning con Ja, dispuesta al placer del guatón prepotente del jefecito ito ito ito. La secretaria arquetipo sexy, patas negras, borracha. Iris Rojas es un poco todas ellas. Un poco Jacqueline, un poco Tere, un poco Cathy, un poco Virginia, Patty, Raquel. Un poco Ena, un poco Karla. Y sobre todo, Iris es muy Cecilia.
Una vez estuve cerca de un político de derecha. Pude oír cómo se refería a su esposa a oídos de sus guardias. ¿No ha llegado la maraca tontorrona? Esa crudeza es la que Paulina Urrutia pone en escena. Por eso el aplauso, la ovación cerrada. Pero qué difícil en estos tiempos de necesaria sororidad, de urgente feminismo, interpretar a una mujer como la Iris Rojas, tan arquetipo femenino de un mal ser humano.
Estas son apenas dos experiencias dentro del rico abanico que pone a nuestro alcance el Festival Teatro a Mil. Ya podremos hablar de algunas otras. Creo nos dicen tanto de lo que sucede en el mundo, como de lo que sucede en nuestras casas, en nuestros propios comportamientos. Bueno o malo, queda enero para seguir averiguándolo.
fuente: eldesconcierto.cl
La caricatura de un dibujante chileno radicado en Berlín.
El Senado despachó (11/01) el proyecto de reforma constitucional para que las FF.AA. resguarden la infraestructura crítica. La iniciativa faculta al Ejecutivo para que convoque a las instituciones de la Defensa para que resguarden la “infraestructura crítica” ante la eventualidad de su peligro «grave o inminente», asumiéndose esta como “la infraestructura indispensable para la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, agua o telecomunicaciones; la relativa a conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria, y la correspondiente a servicios de utilidad públicas como la asistencia sanitaria o de salud”. Adicionalmente, esta entrega una alternativa para enfrentar el orden público con la compleja crisis migratoria de larga data que atraviesan algunas regiones del norte, luego de que el Gobierno categorizara las zonas fronterizas como infraestructura crítica (léase usar las FF.AA. para el control inmigratorio).
Partamos diciendo que el Estado y muchas de sus instituciones han fallado en dar una respuesta adecuada a fenómenos complejos como el crimen organizado o el “riesgo” de las inmigraciones, como lo catalogó El Mercurio en su sección Reportajes, por la ausencia de políticas públicas efectivas, multidimensionales y prospectivas de seguridad (incluyendo su anclaje humano) y de desarrollo sustentable y democrático. En este entendido, tanto el Gobierno de Chile como sus congéneres de la región han debido recurrir a las FF.AA. como escudo fundamental y respuesta (última ratio) a estos nuevos desafíos de seguridad pública, realidad que ha empezado a adquirir un carácter permanente y no excepcional (ej., además de otras leyes punitivas, desde agosto de 2019 está vigente el Decreto 265 del Ministerio de Defensa para el despliegue militar en la zona norte, se ha aprobado el undécimo Estado de Excepción para La Araucanía y está la Ley de Infraestructura Crítica que amplía estas labores).
La ocupación de las FF.AA. en labores ajenas a su profesión, como la seguridad, si bien es necesaria en algunos momentos como lo han reconocido diversas instancias, incluso las encargadas, como Carabineros, esta debería ser muy excepcional para no afectar/desperfilar su rol profesional, no exponerlos a situaciones de delito/corrupción (ej., el tráfico de migrantes en la frontera de EE.UU. genera cerca de US$ 6.750 millones sin considerar negocios anexos con trata de personas, tráfico de órganos o narcotráfico) y/o exponerlos al arbitrio de la justicia por temas de violación de DD.HH., al terminar oprimiendo a quien está protegiendo, como ha sucedido en los casos de México, Colombia, Brasil, República Dominica e incluso acá durante las protestas del 2019-2020.
Institucionalizar el predominio de lo militar sobre lo político a través de la “securitización” de la esfera pública y privada, por otro lado, ha llevado consigo la limitación de los derechos ciudadanos (entre ellos, la libertad de expresión y circulación), la represión y las recurrentes violaciones de DD.HH. por parte de las FF.AA. y las policías, violencia que en la práctica ha sido bastante selectiva/clasista. En el caso de la militarización de la política migratoria, numerosos expertos internacionales han alertado que, además de ineficiente (en EE.UU. se detienen cerca de 2.7 millones de inmigrantes al año, pero hay 12 millones de ilegales, más los 51 millones de emigrantes legales, ello a pesar de los enormes presupuestos y un número mayor de Guardia Nacional, policías y milicias dedicadas al tema), así como la participación de elementos militares en funciones de vigilancia y revisión migratoria, representa una amenaza para los DD.HH., especialmente de las mujeres, niñas y adolescentes de una vida libre de violencia. La situación puede acrecentarse por la decisión de los gobiernos de ceder el control de labores que incluyen la inspección de personas y sus equipajes a elementos que no cuentan siquiera con capacitación policial y tampoco nociones básicas sobre violencia de género.
En México, tras varias décadas (2006), “…de intervención militar en seguridad pública no han logrado poner fin a la violencia implacable de los cárteles mexicanos y han propiciado innumerables atrocidades cometidas por soldados y marinos, con casi total impunidad”, señaló Tyler Mattiace, investigador para México de Human Rights Watch, además de exponerlos a seductora corrupción. En el caso de las inmigraciones, señalan otros organismos de DD.HH. que, cuando estas tareas han sido asignadas a soldados y marinos en el pasado, han detenido en forma arbitraria, en ocasiones sobre la base de pruebas inventadas, los han mantenido en bases militares sin imputarles ningún delito, los han sometido a golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y, a veces, han amenazado con violarlos, a menudo para extraer confesiones por la fuerza.
Los gobiernos civiles presentan esta creciente militarización de la seguridad pública como un mal necesario para devolver la seguridad al país, en este caso argumentando el uso de las policías y de las FF.AA. en función de la restauración del orden público (inmigraciones) y el resguardo de la infraestructura crítica (frontera norte, por ejemplo), dos conceptos amplios y polisémicos que necesitan ser anclados y precisados para no legalizar un autoritarismo per se. Esto, a la vez y en función de esa concepción pre moderna/wesfaliana razón de Estado (medidas que toma el gobernante para salvaguardar al Estado), plantea en lo práctico siempre el dilema de preferencia entre las personas y la seguridad nacional, donde la prioridad no son las personas, sino la protección nacional de amenazas externas y de la inestabilidad interna, concepción de limitantes democráticas que ha sido superada por otras concepciones de seguridad, como la seguridad democrática y seguridad humana, que ponen a las personas en el centro.
Esta militarización/limitación de la política migratoria, por ejemplo, obliga a muchos emigrantes a viajar por rutas clandestinas que los hacen vulnerables a múltiples riesgos, que incluyen muertes, desapariciones forzadas, secuestros, corrupción, discriminación racial y étnica, tráfico y trata de personas, abuso de autoridad, situaciones climáticas extremas, accidentes en tren, marítimos y carreteros, entre otros. Los expertos manifiestan que esta estrategia no funciona, que lo único que consigue es devolver los procesos migratorios a las sombras: favorecer el tráfico de humanos.
Este tipo de decisiones nos introduce con más fuerza (aunque Chile siempre ha sido militarista), a ese militarismo que Vicenç Fisas definió como la tendencia de los aparatos militares a asumir un sobrerrol de control en la vida social, ya sea a través de los llamados “objetivos militares” o por medio de los llamados “valores” militares, instrumentos que han sido aptos para el dominio y hegemonía político-cultural en la sociedad. Como lo advierte la organización de promoción de los DD.HH. en las Américas, WOLA, “la democracia retrocede mientras aumentan los roles militares para enfrentar desafíos y/o amenazas no militares”.
Claramente, los liderazgos democráticos no escucharon a Alfred Stepan, quien postuló que la clave para preservar las nuevas democracias y su desarrollo era garantizar que nadie llamara y/o apoyara una solución militar frente a las inseguridades y desafíos pendientes. Tampoco oyeron a Samuel Huntington cuando planteó que la amplitud de la misión militar (la seguridad ampliada operacionalizada a través de la polivalencia) incrementaría el cuerpo y la influencia institucional militar en asuntos ajenos a la defensa, además de sus presupuestos.
Esta ampliación del rol militar, por otro lado, tiene efectos negativos en otros organismos públicos creados para estos propósitos (ej., la esencial reforma y potenciación policial) o por crear (ej., policía de fronteras) en términos de rol-misión, presupuesto, planta de personal, entre otros, al debilitar las posibilidades presupuestarias en la difícil disyuntiva que planteaba el profesor Samuelson y que padecen todos los gobiernos, de “cañones o mantequilla”. En época de incendios, por ejemplo, bajó el presupuesto de los guardaparques en un 21% para zonas protegidas acá en Chile (500 trabajadores resguardan 18 mil hectáreas) o bomberos, que necesita el doble de presupuesto para funcionar óptimamente, dijo el año pasado Raúl Bustos, presidente saliente de la Junta Nacional de Bomberos, mientras el Ejército se reforzó con equipos optrónicos, drones y zanjas en la frontera norte (el Ejército, al igual que la Marina, compraron escopetas antidisturbios “Meriva” durante la protestas).
Esto es más delicado aún si tenemos todavía presente que, como lo expresó hace unos años el doctor Ignacio Cifuentes, aún los valores democráticos y el respeto a los DD.HH. “no han calado suficientemente hondo en la cultura (estratégica) de la familia militar, persistiendo y reproduciéndose de manera generalizada en sus discursos, lo que concluiría en una cierta relativización del mal como diría Hannah Arendt” en función de la razón de Estado, al ver los conflictos en términos binarios, de “nosotros contra ellos”. A la vez, hay que destacar que las instituciones encargadas de las fuerzas con armas (Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa) son las que más limitan el acceso a la información, variables básicas para el control democrático, de acuerdo con un reciente estudio de la Asociación Nacional de la Prensa y el Consejo de Transparencia. Defensa también ha sido uno de los sectores que menos se ha democratizado a pesar de las jefaturas civiles, de iniciativas como los Libros de la Defensa o la Ley 20.424 de modernización del ministerio (el control civil se relativiza con la gran autonomía legal con que cuentan las FF.AA.).
De acuerdo a Naciones Unidas, el número de emigrantes a nivel internacional en 2019 fue de 272 millones (3,5% de la población mundial) y alerta que la guerra, la violencia, la desigualdad/crisis económicas y la crisis climática (sumemos la pandemia) agravarán este escenario, lo que está erosionando la línea que separa las versiones más y menos radicales frente a la inmigración (es decir, ese racismo semiescondido que tienen las identidades nacionales). Migrar no es un delito, sino un derecho y se ha hecho desde el inicio de la humanidad (ej., el corredor de Bering Siberia-Alaska fue abierto hace 12.600 años más o menos). Es a partir de esta concepción que se decide cómo se construye la política migratoria en un país y cómo se trata a las personas que ingresan al territorio nacional.
Los responsables y los líderes políticos mundiales afrontan el complejo desafío de garantizar una gobernanza migratoria, una que se haga de manera justa, mutuamente beneficiosa y respetando los derechos humanos. Algunas personas reconocen la contribución positiva de la inmigración al bienestar económico, social y cultural, a la prosperidad nacional (en el caso de Chile habla de un 2,6% más del PIB para el 2030), como lo destaca un informe del FMI frente a la gran diáspora venezolana (7.1 millones), pero otros la ven como una amenaza, un enemigo que trae caos: se le acusa de cambiar las fisonomías de los países y sus anclajes identitarios (esa vieja ideología del reemplazo de Madison Grant de 1916 y tan en boga en la extrema derecha de hoy), además de traer el crimen.
La globalización y la revolución científico-tecnológica ha difuminado las fronteras y el concepto de soberanía legitimado desde el tratado de Westfalia de 1648 (guerra de los 30 años). Es decir, la vulnerabilidad será la nueva normalidad mientras mantengamos la apertura social y económica junto a la creación de redes y la interdependencia. Muchos de los cambios que experimenta Chile y el mundo en términos de sistemas político, económico, social, cultural, ecológico, etc., son irreversibles; es decir, no se puede volver al objetivo de lo absoluto en nada, ni menos en lo relativo a esa interpretación de la soberanía expresada en el artículo 1º de la Carta Fundamental de Chile que previene que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional (léase, entre otros, resguardo del territorio y sus fronteras).
Frente a este escenario las respuestas punitivas, si bien son necesarias en ciertos momentos, son de corto plazo e ineficaces para los temas de fondo. Hay que buscar otras formas de pensar y otras respuestas (ej., ir incorporando la inmigración en las estrategias de desarrollo nacional). Se requiere de un cambio en el abordaje teórico más una planificación prospectiva, multidimensional y compleja. La soberanía nacional hoy solo tiene sentido en muchos aspectos si influye en el plano internacional. La soberanía interior (resolución de problemas) y el resguardo de los intereses nacionales solo es posible mediante la soberanía exterior (contribución a los problemas globales, de forma que incorporen los enfoques e intereses del país como cooperación/integración, codesarrollo, seguridad inteligente, entre otros). La región debería tratar de tener una estrategia común que homologue y potencie las políticas nacionales de migraciones en el marco de regionalismo posthegemónico, lo que además de hacer más eficientes y eficaces las respuestas, permite evitar suspicacias y fomentar respuestas negativas al tratarse de países vecinos.
No es entendible que Chile no haya firmado el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (Pacto de Marrakech) y sus 23 objetivos (cooperación para abordar las causas, mejorar las vías legales, medidas concretas en contra de la trata de personas, respeto de los derechos de las personas, regreso seguro y digno). Tampoco es entendible que Chile carezca de una Estrategia Nacional de Seguridad, anclada al modelo de desarrollo democrático, que permita una ecuación compleja entre desafíos-amenazas-riegos, capacidades, recursos y repuestas sistémicas (sinergias) frente a temas complejos y dinámicos como el de las migraciones o la seguridad. Extraña también que no haya una socialización pública, una educación cívica tolerante e inclusiva
Seguimos mirando el futuro desde un espejo retrovisor, parafraseando a Marshall McLuhan, con la agravante de ir erosionando aún más la ya debilitada democracia. Como le escribía Vicente Huidobro a su amigo Juan Emar en 1925: “Siempre las mismas caras tristes. La gente baila llorando y me han dicho que en el Parque Forestal a las parejas las alumbran los guardias con una linterna. Una linterna en sí no representará gran cosa, pero sí representa un valor como símbolo de la mentalidad de un país. Es un síntoma de la idiotez reinante. Querer reducir a toda la ciudad a un patio de colegio jesuita vigilado por el paco de la esquina y que 500 mil habitantes queden tan tranquilos significa más que una linterna sola, significa un síntoma de enfermedad mortal…”. El uso de las FF.AA. (a su pesar, han manifestado algunos miembros) en ciertos temas de seguridad interna, aunque necesaria en determinadas circunstancias, es una respuesta momentánea e insuficiente y que puede acarrear varios efectos negativos, graves e irreversibles.
El Gobierno, el Parlamento y los partidos deben entender que es un grave error seguir militarizando la seguridad pública.
Fuente: elmostrador.cl
Este fin de semana se desarrolla la Expo Paine Rural 2023, una feria costumbrista que muestra lo mejor del campo de la Región Metropolitana en que se realizará el Campeonato Nacional Juvenil de Cueca y la premiación al “Rey de la Sandía”.
El evento fue lanzado el pasado 9 de enero en el Paseo Bandera por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien destacó la iniciativa y comentó que “en tiempos difíciles para la economía nacional, sobre todo para las comunas rurales, creo que es un deber de todos los santiaguinos y de todos los habitantes de esta región, apoyar a nuestras comunas rurales”.
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“Aquí hay muchos productores que, durante mucho tiempo por la pandemia, no pudieron vender sus productos artesanales, gente de mucho esfuerzo que queremos promover y apoyar, haciendo esta invitación a todas y a todos los que no saben qué hacer el fin de semana, a asistir a la Expo Paine”, agregó la autoridad.
La Expo Paine Rural comenzó el viernes 13 y terminará el domingo 15 de enero entre las 10:00 y 00:00 horas en el Estadio Tricolor Municipal de la comuna.
Este sábado 14 se presentarán destacados conjuntos folclóricos como “Canto Aguilino” y “Los camperos del Maipo”, siendo el broche de oro el show de “Illapu” a las 23:00.
El domingo 15 se realizará el Campeonato Nacional de Cueca Juvenil de Paine, entre varias actividades ecuestres, jornada que será cerrada con el show de “A los 4 Vientos”, un grupo de cuequeros de Limache, los que tienen cuatro discos y ganadores del premio Grupo Revelación de "El Pandero de Oro".
El valor de la entrada general es de $4.000 (+ cargo por servicio) y para personas mayores de 60 años $2.000 (+ cargo por servicio). Los menores de edad hasta 1,40m no pagan su ingreso.
Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketpro y de forma presencial en la tesorería municipal.
Puedes conseguir las entradas pinchando aquí.
Puedes encontrar información sobre estacionamientos y la programación detallada de la Expo Paine Rural 2023 pinchando aquí.
Fuente t13.cl
Este 14 de enero y todos los sábados de enero 2023, los y las artistas, trabajadores, agentes y gestores parte de agrupaciones, organizaciones, gremios o sindicatos dedicado las culturas las artes y el patrimonio se reúnen para opinar, proponer y proyectar la estrategia quinquenal de política cultura para la Región Metropolitana por el período 2023-2028.
Según señala la La Tercera, el Presidente del Senado Walker explicó algunas de las indicaciones, una de ellas respecto a la fecha en que entrará en operación el consejo constitucional, que sería el 7 de junio de 2023 en vez del 19 de junio. Por adelantarse la fecha de la elección, que podría realizarse el 7 de mayo, pero solo podría realizarse si es que la reforma se aprueba por ambas cámaras del Congreso durante las primeras semanas de enero.
También se informó que se propuso que el plebiscito de salida se ejecute el 17 de diciembre del 2023, en vez del 26 de noviembre, fecha acordada originalmente pero cuestionada por el Servel.
Desde la Bancada Independiente, la diputada del distrito 14 Camila Musante impulsó una serie de indicaciones, que como señala en su Instagram, «Espero que la indicación en relación al reconocimiento a las diversidades y pueblos originarios levante un consenso en la Comisión de Constitución y se apruebe durante esta tarde.», afirma.
La Senadora Fabiola Campillai presentó una indicación que apunta a modificar la cantidad de representantes elegidas en elección popular para integrar el consejo. “El Consejo Constitucional estará compuesto por 155 personas elegidas en votación popular, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo de este artículo, aplicándose las reglas siguientes:”
El Partido Republicano a través del senador Edwards ingresó 12 indicaciones, donde destacan la implementación de un plebiscito de entrada.
El miércoles 11 se vota en segundo trámite la reforma constitucional que busca habilitar un nuevo proceso.
Aquí puedes descargar las indicaciones: COMPARADO INDICACIONES 15614
Las críticas al Acuerdo Constitucional
Cómo señaló el destacado arquitecto Miguel Lawner en relación a una de las aristas más cuestionada del llamado «Acuerdo por Chile» el rol de los expertos, señaló en la columna de opinión «El acuerdo de la infamia»: «¿Quién puede ser un experto? ¿Experto en qué? ¿En Derecho constitucional? ¿En Salud, Educación, Vivienda, Economía? Por ejemplo: yo puedo considerarme un experto en materias de políticas de Vivienda y Ciudad. Pero otros dirán con igual mérito, que Iván Poduje también es un experto en dichas materias. ¿Hay dudas de como procederíamos él y yo en formular el derecho a una vivienda digna y adecuada? Uno preocupado de promover la vivienda como un bien común y el otro en mantener y/o perfeccionar la vivienda como un producto de mercado.
No existen expertos libres de una ideología, ni en Chile ni en ninguna parte»
En la misma línea el pasado viernes 6 de Enero, se produjo una articulación de la bancada independiente con el mundo social para conversar sobre el acuerdo constitucional en un proceso que se califica como virtualmente “cerrado, sin margen de conversación política”.
Ante esto, el grupo de organizaciones sociales y parlamentarios reunidos en la Casa del Profesor, dependencia del Colegio de Profesores en calle General Bulnes 519, esquina Catedral, discutieron posibles acciones conjuntas, valorando la convergencia entre los mundos sociales y políticos.
A la convocatoria asistieron los diputados y diputadas de la bancada independiente, estando presentes Camila Musante, Mónica Arce, Hernán Palma y un representante del gabinete de la diputada Viviana Delgado. Los convocados de las organizaciones sociales que asistieron fueron Mario Aguilar, por el Colegio de Profesores, Luis Mesina por No más AFP, Esteban Silva representando a Chile Mejor sin TLC, Rodrigo Chandia en representación de Chile Diverso, una representante de Modatima y Marcos Muñoz por Revista de Frente, entre otros.
Mario Aguilar, anfitrión y representando al Colegio de Profesores, saludó la convergencia entre parlamentarios y organizaciones sociales, calificándola como positiva. Planteó que desde el colegio de profesores “rechazan el acuerdo de la Élite”, sosteniendo que “sus 12 bordes no tocan la constitución del 80”
“Ni Guzmán ni Pinochet se atrevieron a tanto” añadió Aguilar, a propósito de la figura del comité de expertos y el consejo de admisibilidad propuestos en el proyecto de reforma constitucional que habilita el nuevo proceso constituyente capturado por la clase política.
Fuente: revistadefrente.cl
Así lo expresó la diputada Nathalie Castillo, quien afirmó que “apoyamos a las comunidades que se ven enfrentadas, una vez más, a este megaproyecto”.
Coquimbo. 13/01/2023. La diputada Nathalie Castillo, en conjunto con otros y otras diputadas defensores del medioambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, se refirió al proyecto minero-portuario “Dominga”, cuya definición -para su aprobación o no- en el Comité de Ministros y Ministras quedó establecida para el próximo miércoles 18 de enero.
En la instancia, la congresista integrante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputadas y Diputados, señaló que “sabemos lo importante que significa para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric avanzar en proyectos de inversión que tengan un concepto y un enfoque medioambiental sustentable, con respeto a los desarrollos de las economías locales, como la pesca y la agricultura familiar campesina”.
Complementó enfatizando los impactos negativos de los distintos informes técnicos y científicos en la institucionalidad chilena e internacional.
“Eso es un elemento que el Comité no debe prescindir. Por lo tanto, apoyamos a las comunidades que se ven enfrentadas, una vez más, a este megaproyecto. No están solos y no están solas” indicó la legisladora.
Y afirmó que “ya transcurrió casi una década de la tramitación de este proyecto y tenemos la necesidad de avanzar en conjunto, como Estado, en dar mejores garantías económicas a los diversos territorios que se encuentran en brechas por la falta de oportunidades de inversión pública e inversión social, pero esto debe ser con un enfoque de derechos ambientales”.
Finalmente, la diputada relevó la importancia de haber suscrito el Acuerdo de Escazú durante el 2022. “Aprobar ‘Dominga’, dar luz verde a este proyecto minero-portuario, sería cerrar la puerta al espíritu de ese instrumento internacional. Por lo que esperamos que el Comité de Ministros y Ministras cumpla con el compromiso de un Gobierno ecológico y sustentable para los territorios y para ello contarán con nuestro apoyo como parlamentarios y parlamentarias”, señaló.
Cabe señalar que la congresista integra la coordinadora “Nivel Ambiental Región de Coquimbo” cuyo enfoque es preservar la biodiversidad y proteger el ecosistema.
Fuente: elsiglo.cl