El sociólogo cuestionó que se apode a la Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales (Filcs23) como «cumbre de ideólogos de izquierda».

El sociólogo Alberto Mayol lanzó una dura respuesta al diario La Tercera por la cobertura que realizaron de la I Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales (Filcs23) que se realizará en la comuna de Recoleta.

La nota en cuestión, titulada Chomsky, Loncon y Mayol: La cumbre de ideólogos de izquierda que organiza Jadue en Recoleta, pone énfasis en los invitados al evento y, si bien el excandidato presidencial aparece en el título, después no tiene ninguna otra mención en el artículo.

 Recoleta invita a la primera Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales

Molesto, el autor de El derrumbe del modelo y Big Bang decidió responder con un comentario irónico al director del diario La Tercera, José Luis Santa María, través de su cuenta de Twitter.

«No me había enterado que había una cumbre de ideólogos, lo confundí con una feria del libro. No sabía que yo era ideólogo, confundí ello con otras opciones: escritor, profesor, libretista de ópera, analista político, investigador, consultor», partió señalando.

Luego agregó: «No sabía, estimado Director, que se puede titular una noticia con un nombre propio y no mencionarlo en el cuerpo del texto. No sabía muchas cosas. Y usted y su equipo me las han enseñado».

«Eternamente agradecido, Alberto Mayol, ideólogo (de izquierda)», cerró el sociólogo.

La I Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales (Filcs23) se realizará durante 10 días a partir del próximo 6 de abril en el zócalo de la Municipalidad de Recoleta.

En ella se espera que participen más de 150 expositores. Entre los nombres más destacados están el intelectual estadounidense Noam Chomsky; la expresidenta de la Convención, Elisa Loncon; el excandidato presidencial Jorge Arrate; la antropóloga feminista Rita Segato; el exfutbolista Carlos Caszely; los músicos Manuel García y Mauricio Redolés, entre otros.

«Nos parece de suma gravedad que un medio de comunicación minimice el preocupante hecho donde un funcionario público impone como condición la expulsión de una periodista para acceder a entregar la información que le corresponde comunicar», plantea el rostro de TVN en una carta enviada a El Mercurio junto a la periodista Lara El-Narekh.

Luego de que la periodista Paulina de Allende-Salazar fuera despedida de Mega tras referirse a Daniel Palma como «paco», en medio de un despacho para «Mucho Gusto» efectuado este jueves, horas después de su deceso en medio de un operativo en Santiago Centro, este sábado El Mercurio publicó una lapidaria carta de  Santiago Pavlovic, quien junto a Lara El-Narekh decidió solidarizar con su colega. 

«¿Cuántas veces el lector, nosotros, amigos o familiares, nos hemos referido a nuestros carabineros coloquialmente, hasta con cariño, con la palabra ‘paco’ tan anclada en nuestra cultura popular nacional?», se cuestionan ambos en el comentado escrito.

Paralelamente, ambos se refieren a la radical determinación del canal privado de prescindir de sus servicios, aludiendo a una «intempestiva decisión del canal Mega de desvincular a una periodista de vasta experiencia y destacada trayectoria como Paulina De Allende-Salazar, por un lapsus que indignó a un general de la institución», lo que en opinión de los autores de la carta, «tiene un tufillo a oportunista populismo».

Por otra parte, los ideólogos del escrito relevaron el trabajo de más de dos décadas de Paulina de Allende-Salazar en la señal de Avenida Bellavista, previo a su llegada a Mega. De hecho, aludieron a su «acuciosa labor» en TVN denunciando a figuras políticas por no pagar contribuciones por sus segundas viviendas, además de recordar que fue quien «destapó el horrendo escándalo de la pedofilia en la Iglesia Católica chilena».

«Nos parece de suma gravedad que un medio de comunicación minimice el preocupante hecho donde un funcionario público impone como condición la expulsión de una periodista para acceder a entregar la información que le corresponde comunicar», plantean refiriéndose a la actitud del general Alex Chaván, quien vetó a Allende-Salazar el jueves, en medio de un concurrido punto de prensa tras el crimen de Daniel Palma.

«Este comportamiento, que atenta contra la libertad de informar, principio fundamental de cualquier sociedad democrática, es inaceptable y no puede pasar desapercibido ni normalizarse», agregan los periodistas destacando la envergadura de la determinación adoptada por Mega.

fuente: eldesconcierto.cl

Han pasado 38 años desde que funcionarios de Carabineros perpetraran el secuestro, tortura y degollamiento de tres militantes del Partido Comunista de Chile, brutal crimen conocido como “Caso Degollados”. La conmoción que causó este triple homicidio, ejecutado cuando el país se encontraba en Estado de Sitio durante la dictadura civil-militar de Pinochet, y la posterior investigación que lo vínculo a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros y el Comando Conjunto de la FACH,  provocaron cuatro meses después la caída de César Mendoza, general director de Carabineros y miembro de la Junta Militar desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Úrsula Fuentes Rivera. Periodista “El Siglo”. 29/3/2023. Durante la mañana del jueves 28 de marzo de 1985, el publicista, pintor, diseñador gráfico y miembro de Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), Santiago Nattino Allende, fue secuestrado cerca de su domicilio, en la intersección de las calles Apoquindo con Badajoz, tras ser abordado por un sujeto que lo encañonó e hizo subir a un vehículo que esperaba en la esquina.

Al día siguiente, pasadas las 8:30 horas y mientras recibía a los estudiantes del Colegio Latinoamericano de Integración (ubicado en avenida Los Leones 1401, Providencia), fue secuestrado el profesor, inspector escolar y dirigente de la AGECH, Manuel Guerrero Ceballos, junto al sociólogo y jefe de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada Maluenda, quien era también apoderado de ese establecimiento educacional y a esa hora llevaba a sus hijos a clases.

En los dos operativos los secuestradores actuaron con gran disponibilidad de medios. En el caso de Santiago Nattino señalaron a viva voz que eran policías y que detenían a la víctima por problemas económicos. En el otro secuestro hay testigos que indican que un helicóptero sobrevolaba el sector y que había desvíos de tránsito perpetrados por carabineros motorizados y a pie. Durante el secuestro de Parada y Guerrero además se le disparó a quemarropa a un profesor que intentó impedir el plagio.

De acuerdo a investigaciones posteriores, desde un station wagon Chevrolet Opala se bajaron tres sujetos y con violencia agarraron al sociólogo y al profesor, conduciéndolos al cuartel de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), ubicado en la calle Dieciocho, donde antes del golpe militar estaban las oficinas del diario El Clarín y donde luego, bajo el nombre de “La Firma”, había operado el “Comando Conjunto”, una organización clandestina de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que durante los años 70 compitió con la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) en el exterminio de las cúpulas de los partidos que habían pertenecido a la Unidad Popular.

En ese lugar, Nattino, Guerrero y Parada fueron torturados, “quemándoles cigarrillos en el cuerpo, sacándoles las uñas, aplicándoles electricidad y quebrándoles los huesos de la frente a culatazos”, según detalló el hijo de Manuel Guerrero, el sociólogo Manuel Guerrero Antequera, tras rememorar en su cuenta de blog la tragedia que vivió su padre, testimonio dado a conocer en 2011 por el medio informativo El Periodista.

Posteriormente, en la madrugada del sábado 30 de marzo, fueron llevados en vehículo hasta Quilicura, siendo degollados con un corvo atacameño que había pertenecido al militar y agente de la DINA, Marcelo Moren Brito, muriendo los tres desangrados. Sus cuerpos fueron abandonados entre unos matorrales, frente al fundo “El Retiro”, cercano al aeropuerto Pudahuel. Ese mismo sábado, pasado el mediodía, sus restos fueron encontrados por dos campesinos con evidentes rasgos de tortura y ensañamiento.

A las horas siguientes de conocido este brutal crimen, se produjo un gran revuelo a nivel nacional e internacional. Las autoridades del Gobierno dijeron en un comienzo, intencionadamente, que fue consecuencia de una purga entre comunistas. El almirante José Toribio Merino habló de un “crimen del PC”, el general César Mendoza dijo que se trataba de “un ajuste de cuentas” y el ministro de Defensa, Patricio Carvajal, culpó al “comunismo dirigido desde Moscú”.

Sin embargo, la Comisión Rettig de 1991 estableció de acuerdo con los antecedentes narrados y reunidos en la investigación judicial, que Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino fueron ejecutados por agentes estatales, debido a su militancia y a las actividades que realizaban.

Comando Conjunto

Según consigna el tomo II, pág, 222 del Informe Rettig, la causa del crimen de los tres militantes comunistas fue la investigación que estaban realizando sobre la estructura y funcionamiento del Comando Conjunto, cuya existencia había sido revelada tras las declaraciones del exagente y exsuboficial de la FACH, Andrés Valenzuela Morales, alias “El Papudo”, a la periodista de la revista Cauce, Mónica González, quien tomó contacto con José Manuel Parada (encargado de la sección de investigación y documentación de la Vicaría de la Solidaridad), para que corroborase la información de Valenzuela.

“En Chile había muy pocas personas como José Manuel que manejaban casi toda la información acerca de los aparatos represivos, pues le llegaban a diario los testimonios de los luchadores sociales y sus familiares que habían sido apresados. Él, al conocer el carácter de la información y antes de entrar en su detalle, le sugirió a la periodista que había una persona que contaba con toda su confianza y que podía triangular la información indicada por Andrés Valenzuela con su propia experiencia de detención en manos del Comando Conjunto: mi padre”, indicó Manuel Guerrero hijo.

Parada recordó el plagio de su amigo y compañero Manuel Guerrero en 1976, quien era el único sobreviviente de los secuestros y torturas ejecutadas por el Comando Conjunto, por lo tanto, pieza clave en la investigación sobre los métodos operativos y de tortura del grupo de la FACH. “Con la venia de Mónica González, los tres se pusieron a analizar las largas horas de grabación del testimonio y mi padre con José Manuel no podían creer a lo que estaban accediendo: la estructura completa del Comando Conjunto, sus acciones, las fechas de detención de los militantes comunistas detenidos desaparecidos, los sitios en que fueron ultimados, los nombres y alias de los agentes de las distintas ramas de las fuerzas armadas y de civiles que participaban en el Comando”, señaló el hijo del profesor degollado.

El 30 de octubre de 1984, meses antes de la publicación de la entrevista que el exagente Valenzuela le concedió a la periodista Mónica González (la cual fue publicada finalmente en el diario Caracas de Venezuela, pues el Estado de Sitio en Chile y la clausura de revistas opositoras lo impedían), una banda asaltó la sede del Movimiento Democrático Popular (MPD), coalición que reunía a partidos de izquierda como el Partido Comunista, el Partido Socialista-Almeyda, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), la Izquierda Cristiana y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), en la lucha por el retorno de la democracia apuntando a la transformación de la economía para favorecer fundamentalmente al mundo trabajador y poblacional que en aquellos años sufría una situación de cesantía y hambruna real.

Entre las pertenencias robadas en la sede del MPD estaba la libreta de apuntes del arquitecto y militante comunista, Ramón Arriagada Escalante, en la que él mantenía anotadas sus reuniones con diversos militantes del PC, entre ellos José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.

Cuatro meses después, el 25 de febrero de 1985, Ramón Arriagada fue detenido por agentes de la entonces secreta DICOMCAR.​ Durante el tiempo que fue retenido, Arriagada fue torturado e interrogado sobre el actuar de Parada y Guerrero.​ En ese tiempo Parada, según informaría Arriagada bajo tortura, investigaba al Comando Conjunto, trabajo que había iniciado después de que los periodistas Mónica González y Edwin Harrington, director de la revista Cauce, acudieran a la Vicaría de la Solidaridad para sacar al exagente Valenzuela de Chile. ​

De acuerdo con los antecedentes judiciales del “Caso Degollados”, los agentes de la DICOMCAR también creían que Parada y Guerrero poseían estrecha cercanía con la dirigencia en la clandestinidad del Partido Comunista, mientras que de Nattino sospechaban que se encargaba de reingresar militantes a Chile de manera clandestina. ​

En las semanas siguientes Arriagada pudo informar a Parada de que había sido secuestrado e interrogado sobre sus actividades, sin embargo, el sociólogo de la Vicaría optó por no salir del país, pese a que estaba consciente del riesgo que corría.

“Por desgracia, y por razones que aún me cuesta comprender, la entrevista al exagente Andrés Valenzuela fue publicada en el extranjero sin autorización de mi padre y José Manuel, antes que ellos pudieran ponerse a salvo. Los agentes del Comando Conjunto, ahora agrupados en el departamento de la DICOMCAR, apenas se enteraron del testimonio de Valenzuela se pusieron en alerta y decidieron cortar literalmente el problema por la raíz: eliminar a José Manuel y mi padre, para impedir que la verdad circulara por el mundo. Por ello allanaron y secuestraron la imprenta de la AGECH en marzo de 1985. Buscaron frenéticos ese lugar pensando que ahí se encontraban los stenciles de publicación del testimonio de Valenzuela sobre el Comando Conjunto. La imprenta estaba a nombre del artista gráfico Santiago Nattino. por lo que ese mismo día lo secuestraron y lo llevaron a calle Dieciocho, al local de la DICOMCAR, lo esposaron a un parrón y comenzaron su tortura”, precisó Manuel Guerrero Antequera.

Asimismo, el hijo del profesor degollado resaltó que “la información que entregó el exagente Valenzuela era una bomba”. En ella se establecía, entre otros aspectos, que Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, alias “La Pochi”, había participado como agente del Comando Conjunto en la detención ilegal de Manuel Guerrero Ceballos en 1976. “Sí, Viviana Ugarte Sandoval, la esposa del general de la FACHA Patricio Campos, quien fue la persona nombrada por las Fuerzas Armadas para participar en la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos, convocada en agosto de 1999 con el objetivo de recabar información acerca del paradero de los detenidos desaparecidos en Chile. Curiosa y precisamente, la información que correspondía a las víctimas del Comando Conjunto fue alterada, de acuerdo con las declaraciones de Otto Trujillo, “Colmillo Blanco”, otro agente del Comando Conjunto que contó su versión de la verdad al diario La Nación, advirtió Guerrero Antequera.

Investigación judicial

El 1 de abril de 1985, el mismo día de los funerales de Guerrero y Parada, la Corte Suprema designó a José Cánovas Robles, un anciano juez a punto de irse a retiro, como ministro en Visita para investigar el crimen de los tres degollados. Las evidencias apuntaron a la participación de carabineros pertenecientes a la DICOMCAR, tanto en los asesinatos de los tres profesionales comunistas, como en los secuestros del arquitecto Ramón Arriagada el 25 de febrero de 1985 y de cuatro profesores dirigentes la AGECH, quienes fueron detenidos la noche del 28 de marzo de 1985 en la sede e imprenta de la asociación, ubicada en Londres 75-B, local que estaba a nombre de Santiago Nattino, donde él además recibía correspondencia y mantenía una línea telefónica. Cabe mencionar que los cuatro profesores detenidos en la sede fueron liberados al día siguiente de su aprehensión, después de una jornada entera de interrogatorios.

La investigación determinaría que los asesinatos fueron ordenados por el jefe del Departamento de Asuntos Externos e Internos de la DICOMCAR, Guillermo González Betancourt (conocido como “bototo” entre la oficialidad de Carabineros), y ejecutados por los cabos Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes y por el sargento José Florentino Fuentes Castro.

En el vehículo que trasladó a Parada, Guerrero y Nattino hasta Quilicura, además de González Betancourt, también iban el capitán Patricio Zamora Rodríguez y Miguel Estay Reyno, conocido como “El Fanta”, exmilitante comunista convertido en delator y colaborador de la dictadura. ​

El 1 de agosto el juez Cánovas encargó reos a los dos presuntos pilotos del helicóptero policial que habría sobrevolado la escena del secuestro en los minutos previos al plagio del profesor Guerrero y José Manuel Parada, y dejó bajo arraigo a otros doce funcionarios, entre ellos el coronel Luis Fontaine Manríquez, jefe de la DICOMCAR, el coronel Julio Luis Michea Muñoz y el teniente coronel Iván González Jorquera.

El 2 de agosto de 1985, un día después de la resolución de Cánovas, el general director de Carabineros, César Mendoza, tuvo que renunciar al mando y a la Junta del Gobierno, la cual integraba desde el golpe militar 1973. Ese mismo día, consultado por la prensa por qué se iba, Mendoza respondió: “Porque se me antojó, no más” y luego agregó: “Se está desgranando el choclo…”. En su reemplazo asumió el general Rodolfo Stange, quien en las semanas siguientes ordenó la disolución de la DICOMCAR. ​

Tras retomar el caso, Cánovas encargó reos a diez funcionarios, pero en enero de 1986 la Corte Suprema revocó los autos de procesamiento y un año después el juez dictó el sobreseimiento temporal de la causa.​ En 1989 Cánovas se acogió a retiro y asumió como ministro en visita Milton Juica.

En 1994, tras varios años de investigación, el juez Juica condenó a tres miembros del servicio secreto de la policía a presidio perpetuo por el asesinato y a otros trece funcionarios a penas entre 41 días y 18 años de presidio. Posteriormente, la Corte de Apelaciones aumentó a seis las condenas de presidio perpetuo. ​Al año siguiente, la Corte Suprema finalmente confirmó cinco de las seis condenas a presidio perpetuo: Guillermo González Betancourt, José Fuentes Castro, Alejandro Sáez Mardones, Claudio Salazar Fuentes y Miguel Estay Reyno. En el caso de Patricio Zamora Rodríguez se bajó a 15 años y un día de presidio.

Desde fines del 2017 solo cumplió condena Miguel Estay, mientras los otros condenados fueron liberados sin cumplir la condena de presidio perpetuo. Esta situación ha sido denunciada por varias organizaciones de derechos humanos, principalmente por la Comisión Funa, que ha investigado y denunciado la impunidad este tipo de delitos.

El “Fanta”

Miguel Estay Reino, alias “El Fanta”, fue un militante de las Juventudes Comunistas y tras el golpe cívico militar de 1973, un colaborador de la dictadura de Pinochet. Fue amigo de la familia del profesor Manuel Guerrero y compañero de éste en militancia.

Dada su participación en el crimen de los tres comunistas degollados, Estay Reino cumplía una condena de cadena perpetua en el penal de Punta Peuco. El 10 de agosto de 2021 falleció en el hospital San José, a los 68 años, por causas asociadas al Covid-19, según informó Gendarmería.

En su libro “El Fanta: Historia de una Traición”, la periodista Nancy Guzmán relata que “Miguel Estay Reyno se cambió de bando aparentemente sin sufrir tortura, llegando a ser de los más activos agentes de la dictadura”. Con un enorme agravante: delató a sus dos hermanos menores, ambos militantes del Partido Comunista. Esto les significó prisión y tortura.

Santiago Nattino y “El Siglo” en Clandestinidad

El publicista y artista plástico Santiago Nattino fue distinguido en varios concursos nacionales e internacionales de afiches. Realizó trabajos gráficos y visuales para las campañas electorales de la izquierda chilena y durante la Unidad Popular fue jefe del Departamento de Divulgación del Servicio Agrícola y Ganadero.

Con el golpe de Estado en 1973 cayó preso en el Estadio Nacional. Tras ser liberado, apoyó a El Siglo clandestino creando decenas de originales fáciles de reproducir, adaptables a distintas situaciones.

Durante la dictadura realizó afiches para la Vicaría de la Solidaridad y diseñó el logotipo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).

“Tres sillas vacías recuerdan a don Santiago y a los Manueles”

En 2006 la ex Presidenta Michelle Bachelet inauguró el Memorial a las víctimas del Caso Degollados, en el lugar donde los cuerpos de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero fueron encontrados por campesinos: en la comuna de Quilicura, al lado de la autopista Vespucio Norte, frente al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

Todos los años se realiza ahí una conmemoración donde participan familiares de las víctimas, miembros del Partido Comunista, del Colegio de Profesores de Chile y en ciertas ocasiones, autoridades políticas o de Gobierno.

El memorial está conformado por tres sillas de acero, de 10 metros de altura, que se pueden visualizar desde el cielo dada su cercanía al aeropuerto y que hacen alusión a sillas escolares, no sólo para representar el espíritu de los tres asesinados y rememorar el aporte que hicieron a la educación, sino también para recordar su secuestro en sí, que fue en un establecimiento educacional, en el caso de Manuel Guerrero y José Manuel Parada.

A 38 años de este salvaje crimen y en “Conmemoración a estos Mártires de la Democracia”, el Colegio de Profesores y Profesoras, el Partido Comunista y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) convocaron para este domingo 2 de abril, a una caravana que saldrá a las 10 horas desde avenida Vicuña Mackenna 31, sede del PC, hacia el Memorial de las Tres Sillas, donde a las 12 horas se realizará un acto en memoria de estas tres víctimas de los corvos del régimen de Pinochet.

fuente: elsiglo.cl

Así lo señaló el senador Daniel Núñez, quien planteó la necesidad de “combatir la delincuencia con las herramientas de la democracia” y eso paso por el respeto irrestricto de los derechos humanos. El legislador del Partido Comunista, en entrevista con ElSiglo.cl, explicó por qué finalmente no llevaron la nueva ley al Tribunal Constitucional. Anotó que “hay que dejar en claro que los mayores peligros que contenía esta Ley, quedaron eliminados con el debate que dimos en el Congreso” y precisó que “no es real que pueda ser usada para reprimir protestas sociales”. Núñez sostuvo que la primera vulneración que sufre la población en sectores populares es la acción del narco y el crimen organizado. Insistió en que “la reforma de Carabineros y el mejoramiento o modernización de Carabineros es una necesidad”. Dijo que desde la derecha, aprovechándose de la situación que se vive, nuevamente quieren atacar y excluir al PC.

Fue una semana activa y vertiginosa para el senador Daniel Núñez (Partido Comunista), metiéndose de lleno a la discusión y votación de la polémica Ley Nain-Retamal, planteando objeciones y contra-propuestas.

Junto a eso, asumiendo posiciones y entregando argumentos frente a la tormentosa agenda de seguridad pública, los debates legislativos, las campañas mediáticas y hasta críticas al Partido Comunista.

¿Por qué, finalmente, los legisladores del Partido Comunista decidieron no ir al Tribunal Constitucional por la Ley Nain-Retamal?

En primer lugar, la Ley fue promulgada el jueves y eso hacía imposible ir al Tribunal Constitucional, además, había que reunir 39 firmas de diputados y diputadas y 13 firmas de senadores y senadoras. Por tanto, por cuestión de tiempo y de reunir las firmas necesarias, no contábamos con esa posibilidad de ir al TC. Pero, además, el Gobierno comprometió, en el debate legislativo, que el aspecto más polémico de esta norma, sobre el  uso privilegiado de la fuerza, iba a ser mejor precisado en las reglas del uso de la fuerza, que es un proyecto de ley que el Ejecutivo enviará al Congreso. Considerando ese conjunto de situaciones, no era posible ir al Tribunal Constitucional y esa fue la realidad a la que nos enfrentamos.

¿Consideras que igual habrá que tener cuidado con la aplicación de esta Ley?

Por supuesto. Vamos a estar extremadamente vigilantes con una Ley que surge por aprovecharse del dolor de un país y que cuando se comenzó a discutir tenía aberraciones jurídicas y en materia de derechos humanos brutales como, por ejemplo, la impunidad total a los altos mandos, o hacer un uso indiscriminado de las armas letales con un criterio totalmente subjetivo de la policía, y eso logramos que se eliminara. No obstante tenemos reparos en algunos puntos y nos parece que ante esta situación vamos a estar muy vigilantes en cuanto a que siempre, ante algo tan necesario como es el combate a la delincuencia, se haga con las herramientas de la democracia, y una de las herramientas de la democracia es el respeto a los derechos humanos. Si surge cualquier situación de violación a los derechos humanos, un exceso policial, lo vamos a denunciar y si es necesario lo llevaremos a los organismos internacionales. Y no renunciamos a hacer adecuaciones necesarias. 

El Gobierno le dio un contundente respaldo a Carabineros. Junto con eso, ¿no debería trabajar con la policía uniformada, preventivamente, para evitar que haya violación a los derechos humanos, abusos o excesos? 

Hay que dejar en claro que los mayores peligros que contenía esta Ley, quedaron eliminados con el debate que dimos en el Congreso, y una Ley que contenía aberraciones como la impunidad para los altos mandos y el uso indiscriminado de armas de fuego, ya no están presentes. Eso es muy importante, porque cuestiones que fueron impugnadas por organismos de derechos humanos internacionales y nacionales se lograron sacar de la Ley.

Sobre esa base, siempre hay situaciones de imprecisiones, de dobles lecturas, que están preocupando, y que deben quedar solucionadas y precisadas en el proyecto de ley que el Gobierno debe enviar al Congreso sobre las reglas del uso de la fuerza policial. Eso puede ayudar a que las policías tengan criterios más claros -incluso las fuerzas militares- de uso racional y proporcional de las armas. 

Quiero enfatizar que el combate a la delincuencia, al narcotráfico y al crimen organizado debe hacerse con las herramientas y los recursos de la democracia y uno de esos recursos es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Ninguna política de seguridad ciudadana puede sustentarse sobre la base de un actuar autoritario, discrecional, represivo y con uso excesivo de la fuerza. Eso es contrario a la democracia, es contrario a legitimar a las policías.

La Ley no es para manifestaciones sociales

Hay inquietud de que esta nueva Ley y las medidas en esta “batalla a la delincuencia”, puedan afectar a la ciudadanía, a la vida cotidiana de la gente, sobre todo en zonas populares. Se piensa que estas nuevas atribuciones de Carabineros se pueden usar para ir en contra de manifestantes sociales.

Eso no es verdad. No es real que la Ley Nain-Retamal, como fue promulgada, pueda ser usada para disolver, contener o reprimir protestas sociales. La Ley sólo estipula que Carabineros podrá hacer uso de armas de fuego o armas letales sólo cuando esté en riesgo su vida, la de terceros o él quedar gravemente herido. En ninguna protesta social, o en ninguna manifestación, jamás está en riesgo la vida de un policía, quien se va a manifestar no va a amenazar la vida de un carabinero, no lleva armas de fuego para dispararle. Además, frente a la protesta social hay protocolos, los carabineros van con su equipamiento de protección, con vehículos que también les permite resguardar su vida…

¿Es exagerado decir que si un manifestante se acerca con un palo a golpear a un carabinero, el carabinero podrá dispararle?

Si un manifestante se acerca con un palo a un carabinero y ese carabinero está con su escudo, con su casco, con sus implementos de seguridad, su vida no corre riegos y no puede, por tanto, responder con un arma de fuego. La Ley Nain-Retamal no lo permite. En eso hay que ser claro y tajante. A diferencia del texto original que salió de la Cámara Baja que sí lo permitía. Ese texto, que no quedó, estipulaba que si dos o más personas podían causarle lesiones, el carabinero podía usar su arma de fuego. Eso sí, aunque le moleste a algunos, era un “gatillo fácil” y sí podía ocurrir que en protestas sociales usaran el arma de fuego, eso se eliminó de Ley, por tanto, no existe la posibilidad de que un manifestante agreda a un policía y que éste responda haciendo uso de su arma de fuego.

Es constatable que en poblaciones, comunas populares, localidades de regiones, hay inquietud de que puedan estar más vulnerables a un accionar policial represivo.

Mira, la primera vulneración que vive la gente en esas zonas que me señalas, es de parte de la delincuencia, del narcotráfico, del crimen organizado, de bandas delictivas, ese es el mayor temor que tiene la gente en la actualidad. Que una “bala loca” mate a un familiar, que lo asalten llegando a la casa, que un altercado con un narco termine en que le disparen, que le entren a robar al comercio o a la casa, ese es el temor que hoy está presente en los sectores populares.

Ahora, terminar con ese temor debe hacerse en el marco del Estado de Derecho, sin afectar a personas inocentes, sin molestar a las ciudadanas y ciudadanos, y por eso insistimos en aquello del uso indiscriminado de las armas por parte de las policías. Un arma de fuego mal usado por un policía, puede provocar la muerte de un inocente, y eso sería contradictorio con el objetivo de resguardar la seguridad de la población. Otro factor es el uso proporcional de la fuerza, que debe ser ratificado en las reglas que existen. 

Sabemos que hay una situación compleja, por eso debemos estar atentos a las situaciones que se puedan provocar y cuando haya violaciones a los derechos humanos y excesos policiales, habrá que denunciarlo, como lo hicimos en otros momentos. Las denuncias que hicimos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social o de los casos de corrupción brutal como el famoso “pacogate” donde los altos mandos se gastaron las platas que debían ir a mejorar las condiciones de Carabineros, son denuncias que no dañan a la policía, la fortalecen, porque le permiten corregir errores, combatir la corrupción, separar de las filas a quienes cometan violaciones a los derechos humanos. Esas denuncias las hicimos desde nuestro rol como parlamentarios del Partido Comunista y eso se va a mantener, independientemente de quien sea el Presidente que esté en La Moneda, independientemente del Gobierno que haya y si somos o no somos parte de un Gobierno, porque esto es parte natural de nuestra esencia y compromiso democrático.

Reforma a Carabineros, Estado de Excepción

¿Hay que insistir en la reforma a la institución de Carabineros? Porque parece que eso se olvidó.

La reforma de Carabineros y el mejoramiento o modernización de Carabineros es una necesidad. Entre otras cosas, porque estamos enfrentando un enemigo delictual nuevo, que tiene prácticas que no conocíamos, vinculadas a carteles de drogas y crimen organizado, y debemos ponernos al día. También ir a las malas prácticas policiales en la represión a la gente, que provocaron daños terribles y no queremos que se repitan, como 400 personas mutiladas en sus ojos. Hay que insistir en que es una necesidad la reforma a las policías, nadie debe ver eso como una amenaza y habrá que hacerlo en conjunto con las instituciones policiales. 

¿Estás de acuerdo en establecer el Estado de Excepción en la Región Metropolitana u otras regiones?

Hoy la exigencia que nos instala la derecha de Estado de Excepción es absolutamente ineficiente, poco eficaz y busca respuestas populistas que no solucionan el problema. Si sacas a los militares a la calle será difícil que encuentren esos puntos críticos, a todos los narcos y delincuentes, sin metodología investigativa. Además, tenemos al contingente militar estresado desplegado en La Araucanía y la frontera norte. Detrás de eso no hay una propuesta seria, no hay una preocupación efectiva y sincera por combatir la delincuencia, sino ir a medidas populistas e ineficaces. No soy partidario de ninguna forma de un Estado de Excepción en el país. 

¿Y el plan de intervención en muchas comunas para atacar la delincuencia?

Tendríamos que conocer esos planes, más en detalle, lo analizaremos, pero no me quiero pronunciar porque no conozco esos planes. 

¿Qué frase te sinterizaría lo que hay que hacer en este momento con el tema de la seguridad pública?

La frase es combatir la delincuencia con las herramientas de la democracia. 

Durante la semana, legisladores y dirigentes de la derecha, incluso algunos de Socialismo Democrático, dijeron que el Partido Comunista no quería aprobar leyes para ayudar a la labor de Carabineros. 

Eso no es real. Lo que pasa es que lo que entendemos, comprendemos y asumimos es que fortalecer la labor policial es darle todas las herramientas que sean necesarias para combatir el crimen, pero junto con eso, denunciar y terminar todas las malas prácticas que puedan deslegitimar el accionar de la policía y debilitar a la institución policial. Plantear que debemos inhibirnos cuando hay un mal procedimiento de Carabineros, que debemos inhibirnos cuando hay un caso de corrupción, es dañar a la policía y a la democracia. 

Las exigencias de renuncias y deshacerse del PC

En todo este escenario, hubo declaraciones de presidentes y secretarios generales de partidos de la derecha, de legisladores de oposición, exigiendo la renuncia de ministros y subsecretarios, de jefes de servicio, y se habló de sacar de escena al Partido Comunista, le exigieron al Presidente Gabriel Boric que se desprendiera del PC.

Hay un intento, dada la angustia, la conmoción que hay en el país, la sensación de dolor con lo que está pasando con la muerte de los carabineros, de aprovechamiento político. Se quieren aprovechar del dolor y la preocupación que hay en el país para atacar al Partido Comunista y volver a generar el escenario de la exclusión e incluso de la ilegalización del Partido Comunista. Nosotros somos un actor validado y reconocido en la democracia, siempre hemos defendido la democracia, tenemos credenciales de respeto a la institucionalidad que son intachables, a diferencia de la derecha que -ahora que estamos en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado-, respaldó el derrocamiento de un Gobierno y defendió y justificó una represión que dejó miles de ejecutados, desaparecidos, torturados y exiliados. Imagínate, se cumplen 50 años del golpe de Estado y la derecha está planteando la exclusión, el deshacerse del Partido Comunista. 

No creo que esas exigencias descabelladas de hacer renunciar ministros o de sacar al PC del camino vayan a ser escuchadas y menos implementadas. Por el contrario, hemos estado en diálogo permanente con el Presidente Boric, nuestros dirigentes han estado en La Moneda, y siempre será bueno que nadie en la centroizquierda, como se dice en el lenguaje popular, “agarre papa” y se suba a la campaña anticomunista. 

Pero de Socialismo Democrático se habló de “traición”, de “darle la espalda” al Presidente, se criticó a la alcaldesa de Santiago, se dijo que el PC actuaba de manera irresponsable.

No es el minuto de echarle más leña al fuego con declaraciones, respuestas o dimes y diretes. Es claro que debemos tener un sentido de responsabilidad para en minutos de crisis, de mucha tensión política, manejarnos con la mente fría y con templanza.

Se constata un remezón en la agenda del oficialismo, al menos coyunturalmente.

Lo primero es que en este momento debemos actuar con más unidad que nunca para apoyar al Presidente Gabriel Boric y no perder de vista el rumbo transformador del Gobierno, con una agenda sólida y que está caminando, y que es lo esencial, lo que nos da sentido como un Gobierno transformador, de beneficio para la gente, y que nos llevó a ganar las elecciones.

Hugo Guzmán. Periodista. Santiago. 8/4/2023. 

FUENTE: elsiglo.cl

En 2001 el juez Juan Guzmán entregó en custodia a la Universidad de Chile 89 cajas con restos óseos de presuntos desaparecidos. En 2014 se inundó la bodega donde estaban guardadas y fueron afectadas por hongos. En 2019 fueron trasladadas al Servicio Médico Legal (SML), donde hasta hoy no las han periciado. En medio de la polémica generada por esta información, CIPER accedió a un informe enviado por el SML al Ministerio de Justicia el año pasado en el que se mencionan estas cajas y se afirma que ese servicio mantiene restos óseos de cerca de 300 presuntas víctimas, obtenidos entre 1990 y 2015, sin identificar. Por estos antecedentes, la exministra Marcela Ríos ordenó una auditoría al SML.

La declaración de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se difundió a la velocidad del rayo: “Esto es parte de la política de impunidad que ha tenido el Estado durante todos estos años. Tienen que haber responsabilidades políticas por esta nueva negligencia”. El comunicado hacía referencia a la información que les entregó la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien les señaló que existían 89 cajas con osamentas sin periciar ,de presuntas víctimas de la dictadura, desde hace más de 20 años.

Esas 89 cajas no eran una novedad para las autoridades. El año pasado el Servicio Médico Legal (SML) le informó al Ministerio de Justicia que las tenía en su poder. Además, el servicio indicó a la secretaría de Estado que mantiene restos óseos de 300 presuntas víctimas sin identificar. De hecho, en septiembre pasado la ministra Paola Plaza solicitó a la misma secretaría de Estado que se asignaran recursos para periciar los restos contenidos en las cajas. Hasta hoy el oficio de la magistrada no ha sido respondido por el gobierno. 

Altas fuentes del Ministerio de Justicia señalaron a CIPER que el SML está prácticamente colapsado. Una persona que conoce en detalle las relaciones que Justicia y ese servicio mantuvieron durante 2022 confirmó que, desde septiembre pasado, está en curso una auditoría para conocer la cantidad de restos óseos que efectivamente están en el SML, la fecha en qué llegaron y el nombre de las personas a cargo.

Esa auditoría se inició luego de que en agosto el SML le enviara un informe a la entonces ministra Marcela Ríos, donde detalló en parte esa información. La exministra consideró que esos antecedentes eran insuficientes. En ese informe se mencionó la existencia de las cajas que habían llegado desde la Universidad de Chile y que ahora desataron la polémica.

Lo que no se tocó en ese informe, y que hasta hoy es una información que muy pocos manejan, es el olvido en que esas cajas estuvieron durante 23 años. CIPER reconstruyó esa historia. El detalle más delicado lo contó el actual director del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Universidad de Chile, Julio Cárdenas:

-En 2014 hubo una inundación en la Facultad de Medicina. La directora de la época baja al subterráneo y se encuentra con muestras (las cajas) llenas de hongos y humedad. 

Según su versión, hasta antes de 2014 pocos en la universidad conocían de la existencia de las cajas.

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (Fuente: Web Universidad de Chile)

-La Universidad de Chile no las recepcionó, sino que fue el académico de la universidad, Luis Ciocca. Y no informó al resto de los académicos. Las dejó en un lugar donde él tenía acceso, pero no hay un ingreso oficial, ni un recuento, que como departamento, existiera en esa época.

En 2001 el entonces juez Juan Guzmán Tapia le había encomendado a Ciocca que las resguardara. En esa época, Ciocca era el director del Departamento de Anatomía y Medicina Legal. En 2014, siempre según la versión de Julio Cárdenas, la inundación del subterráneo donde las cajas estaban guardadas reveló su existencia. Pero las muestras quedaron deterioradas.

-Como departamento no hay información que haya quedado registrada por parte del profesor Ciocca. Y se decide que la doctora Laura Börgel, toxicóloga, y la doctora Carmen Cerda, hagan un levantamiento de todas las especies que había ahí y un estudio de la contaminación por hongos. Era inviable que esas muestras se pudiesen enviar directamente al Servicio Médico Legal en esas condiciones-, explicó Cárdenas a CIPER, quien señaló que el trabajo de limpieza de los restos “tomó entre tres a cuatro años”. Recién en 2019, dijo, las cajas fueron entregadas al SML.

Luis Ciocca, odontólogo y experto en pericias forenses, fue quien identificó, en 1976, los restos de Marta Ugarte, una profesora de militancia comunista asesinada por la DINA, el organismo represivo que intentó hacer desaparecer su cuerpo arrojándolo al mar desde un helicóptero. Ese plan fracasó luego de que el cuerpo apareciera en la playa La Ballena, 180 kilómetros al norte de Santiago. 

De ahí en adelante Ciocca se perfeccionó como forense y ha participado en la identificación de numerosos cuerpos de desaparecidos. En conversación con CIPER, ratificó que las osamentas contenidas en las 89 cajas que le mandó a resguardar el exjuez Guzmán Tapia, fueron afectadas por la inundación en 2014 del subterráneo de la Facultad de Medicina. Aunque según él, el daño no fue mayor.

En el informe que el SML le envió a la exministra de Justicia, Marcela Ríos, se indica que son 80 las cajas que llegaron desde la Universidad de Chile, y no 89. Ciocca aseguró que la variación en el número se produjo porque, mientras estas estaban en un subterráneo de la Universidad, varios ministros en visita solicitaron algunas de ellas porque se relacionaban con las causas que estaban investigando.

En todo caso, en ese mismo informe del SML se mencionan otros restos óseos que están en poder del servicio y que tampoco han sido periciados en su totalidad.

RESTOS DE 300 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

“Junto con saludar, me dirijo a usted para dar respuesta al requerimiento indicado en antecedente, relativo al plan de identificación de osamentas y su estado de avance”. Así parte el informe firmado por el entonces director del SML, Gabriel Zamora, dirigido a la exministra de Justicia, Marcela Ríos.

En ese documento se detalla el trabajo realizado por la Unidad de Derechos Humanos del SML, la que ha trabajado sobre la base de 1.469 personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura: 1.092 corresponden a detenidos desaparecidos y 377 a ejecutados políticos sin entrega de cuerpo. “La mayoría de ellas permanecen desaparecidas y sus cuerpos no han sido encontrados, y las causas aún se encuentran tramitadas en los Tribunales”, se indica en el informe al que CIPER tuvo acceso.

El mismo documento informa que del total de desaparecidos, se han podido identificar los restos de 310 personas, por lo que están pendientes de identificación 1.159 víctimas. 

Un detalle relevante contenido en el informe, es que el SML reconoce que tiene en su poder los restos de cerca de 300 personas que aún no son identificados: “La Unidad de DD.HH. tiene en custodia restos estimados en 300 presuntas víctimas, encontradas entre los años 1990 y 2015. Sobre esto, se ha trabajado arduamente en la obtención de sus perfiles genéticos”.

Servicio Médico Legal

La manera en que ha trabajado el SML para poder identificarlos, es hacer cruces genéticos con muestras que van dejando en una base de datos los familiares de los desaparecidos. Pero, hasta ahora, esa técnica no ha permitido identificar la mayoría de los restos.

El documento indica que de las osamentas halladas en el Patio 29 del Cementerio General, hay 124 cuerpos en custodia del SML: “Estos se encuentran debidamente conservados (esqueletados), y se ha podido identificar a 76 personas, las que fueron entregadas a sus familiares”.

Y sobre las cajas que llegaron en 2019 desde la Universidad de Chile, el informe indica que se trata de material que no cuenta “con inventario ni cadena de custodia”. Agrega que se trata de 80 cajas, y no de 89 como se ha difundido, y que “corresponde en gran medida a casos exhumados por la Unidad de Identificación y Museos, entre los años 1994 y 2002, por orden del ministro Juan Guzmán, en diferentes lugares de Chile, como cementerios, lugares campestres y localidades varias” (vea aquí el informe del SML).

El documento establece que fue el ministro Alejandro Solís quien dio “instrucciones de registrar, inventariar y evaluar el contenido de dichas cajas para establecer su relevancia médico legal y su relación con casos vinculados a graves violaciones a los DDHH durante la dictadura militar”. El ex ministro Solís cesó sus funciones en el Poder Judicial en 2012, al cumplir 75 años, por lo que han pasado más de 10 años sin que esa orden se cumpla.

El avance ha sido en extremo lento. Según el informe del SML, “actualmente se han revisado solo 10 cajas, inventariando material y seleccionando muestras útiles para datación y/o análisis genético”. Pero la lentitud no ha sido solo del Servicio Médico Legal. Recién en 2019 las cajas fueron entregadas por la Universidad de Chile. En eso puede haber influido la inundación del subterráneo donde se mantuvieron durante 18 años y la contaminación por hongos que sufrieron.

89 CAJAS QUE NO SE HAN PERICIADO EN 23 AÑOS

El ministro Juan Guzmán no le tenía confianza al Servicio Médico Legal. Eso fue lo que le dijo a CIPER el exdirector del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Luis Ciocca. Él trabajó con Guzmán y, según su versión, el entonces ministro sospechaba de la rigurosidad del SML. “Hubo un conflicto con el Servicio Médico Legal de desconfianza, porque en el servicio había muchas situaciones especiales. Incluso gente infiltrada que alteraba las osamentas. Cuando yo estaba empezando en la medicina legal metían huesos antiguos para despistar a los peritos”.

Por ese motivo, dice Ciocca, en 2001 Juan Guzmán le pidió resguardar las 89 cajas, que estaban marcadas con los nombres de los lugares en que fueron obtenidos los restos, como Pisagua y Cerro Chena, entre otros.

La entrega de esas cajas quedó registrada en un oficio enviado el 8 de mayo de 2001 por Guzmán al SML: “(…) se ha decretado oficiar a Ud. a fin de comunicarle que, con esta fecha se ha dispuesto solicitarle sean devueltas a este tribunal todas las osamentas que fueron remitidas a ese servicio para las pericias de rigor, las que quedarán en custodia y resguardo del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile”, escribió Juan Guzmán en ese documento.

Durante los siguientes 23 años esos restos óseos no fueron periciados y, lo que es peor, estuvieron en serio riesgo de descomposición ¿Más grave aún? Volvieron a ingresar al SML sin “cadena de custodia”. Eso puede ser fatal para las investigaciones judiciales, porque implica que esas cajas pudieron ser intervenidas.

El actual director del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la universidad, Julio Cárdenas, quien asumió en 2021, asegura que el decano de la Facultad de Medicina en 2001, Jorge Las Heras, le dijo a Ciocca que “no habían recursos para resguardar y guardar las osamentas y, a pesar de eso, las dejó en un subterráneo”.

Esta explicación choca con el comunicado que divulgó este viernes la Facultad de Medicina del plantel, en donde señaló que entre 2001 y 2019 se “custodió y resguardó el material tal como se le encomendó por orden judicial”.

Consultado Ciocca por los efectos de la inundación de 2014, aseguró: “me dijeron que, a pesar de eso, no había habido daño en las cajas, porque eso fue cuando yo ya no era director. No me había jubilado todavía, pero me había ido de Medicina Legal”.

Posterior a la inundación, lo que se hizo fue un proceso de catalogación, limpieza y descontaminación de las osamentas, con recursos propios de la Facultad de Medicina, según explica Cárdenas.

-También había documentos de (causas judiciales que llevaba el ministro) Mario Carroza, en los que aparecían incluso investigaciones sobre el fallecimiento de Pablo Neruda -asegura el director.

Juan Guzmán Tapia, primer juez que procesó a Augusto Pinochet

El proceso de limpieza duró hasta 2018. El 19 y 20 de enero del 2019 se entregó al SML todo el material.

-Aquí no puso plata ni Fiscalía, ni ninguna agrupación. El departamento usó sulfato de cobre para bajar el índice de contaminación. Eso fue con todas estas cajas. Había que hacerlo en forma de vaporizador -dice Cárdenas. 

Luis Ciocca comenta que su preocupación sobre el destino de esas muestras comenzó a acrecentarse cuando se preparaba para su retiro, según dice, por los años 2010 a 2014.

-La primera vez que pregunté fue en un acto de aniversario de la Policía de Investigaciones, porque me encontré con un ministro en visita en la época del presidente Piñera. Le dije que tenía guardadas unas osamentas desde que las dejó el ministro Guzmán, que no sabía qué hacer con ellas. Él me dijo que oficiara a la Corte Suprema”, cuenta Ciocca, quien asegura que efectivamente informó al máximo tribunal:

-La Corte me contestó que no tenía atribuciones y le traspasó el tema a alguno de los ministros en visita del momento. Estos ministros en visita disponen que haya un contacto nuestro con el Servicio Médico Legal a objeto de que ese servicio vaya al Departamento de Medicina Legal y retiren las osamentas-, agrega.

El ex académico comenta que mientras fue director del Departamento de Medicina Legal, los ministros en visita le hacían consultas sobre las 89 cajas. “Me preguntaban ‘¿estará en custodia en el Departamento de Medicina Legal este caso?’. Yo buscaba, lo encontraba y se lo mandaba”, narra. 

Actualmente, el profesor Ciocca afirma que está ayudando a la ministra Paola Plaza con su repositorio de archivos: “Llegó a mí buscando antecedentes. No por estas cajas, porque esto yo lo daba por resuelto. Para mí estas cajas están en la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal y allí tenían que periciarlas. No fueron 89 cajas, fueron menos al servicio, porque yo entregué varias antes a los ministros”.

Consultado sobre por qué en todos esos años ni el SML ni los ministros dispusieron que se hicieran pericias para identificar esos restos, Ciocca dice:  “No sé. El desorden solamente. El desorden de la justicia, incluso, porque son incapaces de decir ‘esta causa que tenía el ministro Guzmán pasó a este juez’”.

Cuando en 2002 el entonces ministro Juan Guzmán comenzó a delegar sus causas, fueron varios los ministros que las asumieron. CIPER hizo un barrido en expedientes judiciales y algunos de los que se hicieron cargo de esas indagatorias fueron Alejandro Solís, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda, Patricia González, Mario Carroza, Daniel Calvo y Paola Plaza, entre otros. 

Según consta en el informe del SML enviado al Ministerio de Justicia, el ministro que ordenó al servicio trabajar con esas cajas fue Solís y lo hizo en 2012. Pasaron siete años -en los que una inundación afectó a los restos- para que las cajas fueron entregadas al Servicio Médico Legal. Y 11 años después, aún no se perician. 

AUDITORÍA AL SERVICIO MÉDICO LEGAL

El 26 de septiembre pasado, cuando el gobierno ya sabía de las cajas que habían sido trasladadas desde la Universidad de Chile al SML, la ministra en visita Paola Plaza le envió un oficio a la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos. En él documento pedía recursos para periciar los restos contenidos en las cajas.

“La contratación transitoria de un equipo externo con dedicación exclusiva de dos antropólogos, dos arqueólogos, un bioquímico y un informático, para que actúen en conjunto y bajo la supervisión estrecha del equipo de trabajo de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal en el proceso de identificación forense”, dice el oficio de Paola Plazza, el que CIPER tuvo a la vista.

Hasta hoy, cuatro meses después, no ha sido respondido. 

Desde el Ministerio de Justicia -encabezado ahora por Luis Cordero-, dicen que recibieron el oficio el 29 de septiembre y que lo derivaron a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Agregan que no han entregado una respuesta formal a Paola Plaza y que lo harán «una vez concluya la revisión especial que este Ministerio está realizando a la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, la que debería estar terminada en marzo de 2023». 

Esa auditoría fue encargada por la exministra Ríos el 31 de agosto de 2022, luego de que considerara que el informe que le envió el SML no era suficiente. Según fuentes que conocieron de cerca las conversaciones entre Justicia y el servicio, la exsecretaria de Estado buscaba conocer, en detalle, cuántas osamentas están bajo custodia del SML, en qué fecha llegaron y quiénes han sido las personas responsables de ese material (revise aquí el oficio con que se inició la auditoría).

Antes de eso, la entonces ministra Ríos se había reunido con el director del SML en esa época, Gabriel Zamora, en abril y mayo de 2022. En esas reuniones, ella le pidió el detalle del avance del Plan de Identificación de Osamentas. Desde la cartera de Justicia dijeron que en agosto aún no tenían respuesta, por lo que el día 3 de ese mes enviaron un oficio reiterando la solicitud (vea aquí ese documento). Como la respuesta la consideraron insuficiente, a fines de agosto ordenaron la auditoría.

En paralelo a esa auditoría, la ministra Plaza buscaba saber por qué los restos óseos no habían sido periciados. El 24 de agosto de 2022, junto a una actuaria y un subprefecto de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la PDI, la magistrada concurrió hasta la Unidad de Derechos Humanos del SML. Allí se entrevistaron con la jefa de la oficina, Marisol Intriago, quien estaba acompañada por dos antropólogos.

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) (Fuente: Web AFDD)

“(…) Se procedió a inspeccionar un número indeterminado de cajas plásticas con material sin periciar, trasladadas desde el Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, lo que de inmediato se dispuso inventariar”, relata el documento enviado por Plaza al Ministerio de Justicia, en el que solicitó recursos.

La ministra Plaza indicó en el oficio que las pericias debían realizarse desde ya. Pero, el entonces director subrogante del SML, Froilán Estay, le respondió -según el mismo oficio- que no contaban con los “recursos humanos para atender con prontitud la diligencia requerida”. Por eso recurrió al gobierno.

Los familiares de detenidos desaparecidos se enteraron de la existencia de estas 89 cajas este jueves 2 de febrero. En Calama, en las dependencias de la gobernación regional, hubo una reunión convocada por la ministra en visita y donde participaron distintos actores gubernamentales. “Se informó la existencia de 89 cajas de osamentas en custodia del Servicio Médico Legal (SML), que le fueran traspasadas desde el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile en 2019, las cuales podrían eventualmente corresponder a alguna víctima de desaparición forzada”, señaló el Ministerio de Justicia a través de un comunicado en la noche del jueves pasado.

La noticia provocó la protesta de distintos grupos, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, por la negligencia con la que se han tratado estos restos durante años: “Es una situación gravísima que debe ser investigada y que se encuentren las responsabilidades”, afirmaron. En las últimas horas la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, indicó que estas situaciones “huelen a impunidad y complicidad”.

CIPER se contactó con la ministra Paola Plaza, quien no quiso referirse al tema. Desde el Servicio Médico Legal no contestaron nuestras preguntas. En el Ministerio de Justicia indicaron que “tanto el programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del área como el SML han expresado el interés de generar espacios de trabajo conjunto con los familiares”. 

Consultada por CIPER, la exministra Marcela Ríos apuntó que “esta fue una prioridad de mi administración, y mía personal. Desde que yo asumí, y a pesar de que la supervisión del Servicio Médico Legal tradicionalmente no se hace por parte de los ministros, me preocupé de hacerlo porque este es también un compromiso presidencial. Hicimos la mayor cantidad de reasignaciones presupuestarias para aumentar los recursos, y nos preocupamos de la compra de materiales, vehículos y el fortalecimiento de la planta funcionaria. También inicié gestiones con EuroSocial -instancia de la Unión Europea en apoyo a América Latina-, para lograr apoyo técnico que nos permita avanzar en la identificación de las osamentas”.

Fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron que prontamente debieran haber novedades respecto del respaldo para realizar pericias. También están en trámite solicitudes de apoyo técnico a las embajadas de España y Dinamarca. Puntualmente, el ministerio está trabajando con Dinamarca una iniciativa que, de prosperar, podría generar un banco de huellas genéticas.

fuente:ciperchile.cl