La buena noticia para madres y padres es que los niños aprenden la ciencia de manera natural. Los niños y niñas pequeños siempre están experimentando: cuando tiran objetos al suelo, salpican agua en la bañera o hacen rodar una pelota, están explorando y aprendiendo cosas del mundo que los rodea. Aunque lleves un tiempo desconectado de la ciencia, hay muchas formas de guiar a tus hijos para que hagan nuevos descubrimientos. Te presentamos algunas ideas para ayudar a tus pequeños científicos.

Déjales llevar la iniciativa

Fíjate en lo que les despierta interés de manera natural. Intentarán resolver problemas por sí solos, por ejemplo, tratar de encajar un rompecabezas de distintas formas. Dales espacio para encontrar soluciones, pero permanece atento por si se atascan. Por supuesto, si la situación se vuelve insegura en algún momento, es importante intervenir para ayudarlos.

Hazlos reflexionar

Invítalos a reflexionar sobre lo que ocurre cuando juegan y hacen experimentos. Por ejemplo, puedes aprovechar la hora del baño para observar qué objetos flotan y cuáles se hunden. Hazles preguntas para animarlos a profundizar en su comprensión: “¿por qué crees que ese juguete se ha quedado en la superficie y el otro se ha hundido?”

Pasa tiempo con ellos al aire libre

¡En el exterior hay muchas cosas por descubrir! Pasea con tus hijos y habla con ellos de los animales que vean, el tiempo que hace y las plantas que estén floreciendo. También pueden tocar con delicadeza las hojas y las piedras, escuchar los sonidos de los animales y describir las sensaciones que esas experiencias les despiertan. Pregúntales por qué creen que las hojas y las flores tienen colores y aromas diferentes. También puedes intentar hablar con ellos sobre el tiempo: “¿hace sol o está nublado?” Esto contribuirá a que se interesen por el entorno natural.

Fomenta su curiosidad

Muéstrales a tus hijos distintos objetos, como hojas, caracolas, piedras o tejidos suaves. Invítalos a sentirlos y explorarlos. Expliquen en qué se parecen o se diferencian. Esto les generará curiosidad y los animará a indagar en conceptos como la forma, el tamaño y la textura. También puedes intentar hacer lo mismo con los alimentos: “¿Es dulce o amargo?” “¿Es suave o crujiente?”

Aprende con ellos

Lo más importante no es tener todas las respuestas, sino acompañarlos en el aprendizaje. Observen juntos qué sucede si mezclan pinturas de distintos colores o comprueben qué pelota rebota más alto. Si no conoces la respuesta a alguna pregunta, toma nota para tratar de responderla con ellos en otro momento. Recuerda: la ciencia consiste en explorar y en hacerse preguntas, ¡y eso no solo se limita a los niños! Disfruta de aprender con ellos de los descubrimientos científicos que hagan juntos.

Artículo de Mandy Rich, Redactor de contenidos

fuente: UNICEF.org

 digitales de UNICEF

Este reconocimiento es parte de la celebración del Día Nacional de la Cultura Tradicional y Popular Chilena, que se conmemora cada 15 de septiembre en homenaje al nacimiento de Margot Loyola.

El Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda fue el escenario donde esta mañana la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, junto a la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Noela Salas; la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez y la directora del Servicio Nacional del Patrimonio, Nélida Pozo, encabezó la ceremonia de entrega del Premio a la Trayectoria Nacional en Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios 2024. El galardón con que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio reconoce anualmente a personas, representantes de colectivos o agrupaciones con destacada trayectoria en la creación, formación e investigación en cultura tradicional y patrimonio inmaterial.

“El Premio a la Trayectoria Margot Loyola Palacios nace con el fin de honrar y reconocer la cultura tradicional y popular chilena. Un galardón que creamos como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y que ya lleva nueve versiones reconociendo a quienes, al igual que ella, han seguido la senda de la creación, formación e investigación de la cultura tradicional y el patrimonio inmaterial de Chile”, señaló la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo.

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Este 2024 el premio recayó en el músico, poeta, artesano, dirigente y gestor cultural indígena José Segovia Vergara ,“Patara”, de la Región Metropolitana; en la cantora, poeta popular y payadora María Cecilia Astorga Arredondo de la Región de Valparaíso; en el periodista, escritor e investigador de la cultura tradicional y el patrimonio cultural inmaterial, Juan Guillermo Mauricio Prado Ocaranza, de la Región Metropolitana y en la alfarera mapuche, María Isabel Cachaña Machacan, de la Región de La Araucanía.

En tanto Osvaldo Cádiz, presidente del Comité Asesor en Patrimonio Inmaterial del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y viudo de la maestra señaló: “Un 15 de septiembre de 1918 nace en el Maule, en la zona de los “mauchos”, Ana Margot Loyola Palacios, que dedicaría toda la vida al rescate de lo que es ser chileno. Hoy día se han premiado a representantes de ese Chile secreto y profundo que tanto amó esta mujer, considerada la maestra de Chile. Ellos son fieles representantes de ese acervo cultural heredado por cientos de años y que se han ido plasmando en su quehacer, en su ser”.

Sobre las y los galardonados

Tras analizar más de treinta postulaciones, recibidas desde las distintas regiones del país, el jurado decidió reconocer al destacado poeta, artesano, dirigente y gestor cultural indígena, José Germán Segovia Vergara, “Patara”. Con una trayectoria de más de cuarenta años como director artístico e integrante de agrupaciones musicales andinas como Arak Pacha, Guamaru y Khantati es también creador de poesías y relatos que conectan la vida del legendario altiplano y el desierto chileno. También ha destacado por liderar la creación de la Coordinadora Nacional Indianista (Conacin) y el proyecto Centro de Desarrollo Cultural y Espiritual Cerro Blanco.

También resultó ganadora del Premio Margot Loyola 2024, María Cecilia Astorga Arredondo. Cantora, poeta popular y payadora de la Región de Valparaíso con más de cuarenta años de trayectoria. Cultora y maestra del arte de la paya, es considerada la primera mujer chilena que asume profesionalmente este oficio y un pilar de la nueva generación de payadoras chilenas.

Asimismo, Juan Guillermo Prado Ocaranza, es galardonado con este reconocimiento por su trayectoria de más de 40 años como periodista, escritor e investigador de la cultura tradicional y el patrimonio cultural inmaterial. Ha publicado investigaciones sobre la historia del folklore y la religiosidad popular, recibiendo distinciones a nivel nacional y desempeñándose como director en instituciones como la Sociedad Chilena de Historia y Geografía.

Finalmente, María Isabel Cachaña Machacan, fue merecedora del premio por construir una trayectoria de más de treinta años como alfarera mapuche de la localidad de Trovolhue, comuna de Carahue en la Región de La Araucanía. Gracias a este oficio y arte ha resguardado saberes de la cultura de la greda y de la milenaria tradición de mujeres alfareras e indígenas de la zona.

Sobre el Premio Margot Loyola

Este es el noveno año consecutivo que se entrega el Premio a la Trayectoria Nacional en Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios, un reconocimiento de carácter nacional, para aquellas personas, agrupaciones o colectivos que a través de su actividad, oficio o profesión enriquecen nuestra cultura tradicional y el patrimonio cultural inmaterial, permitiendo que sus quehaceres y saberes contribuyan a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

La entrega del reconocimiento es parte de la celebración del Día Nacional de la Cultura Tradicional y Popular Chilena, que se conmemora cada 15 de septiembre en homenaje al nacimiento de Margot Loyola.

Fuente: el mostrador.cl

El ministro de Defensa del país felicita al ejército y al Mosad por los “grandes logros” sin citar la operación en Líbano | El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este viernes para abordar las explosiones en Líbano | Las deflactaciones de hoy han ocurrido en ‘walkie-talkies’ de Hezbolá y dejan 14 muertos y 450 heridos, un día después del ataque a los buscas que causó 12 muertos y 2.800 heridos

Israel ha anunciado este miércoles la movilización de “fuerzas, recursos y energía” hacia la frontera con Líbano. El ministro de Defensa del país ha felicitado también al ejército y al Mosad por los “grandes logros” sin citar la operación en Líbano, según unas palabras pronunciadas durante una visita a una base aérea, informan fuentes oficiales israelíes.

Además, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne este viernes para abordar las explosiones en Líbano dirigidas contra la milicia chií Hezbolá, ha señalado el embajador de Eslovenia ante la ONU, Samuel Zbogar, a raíz de las explosiones en diferentes ciudades de Líbano que han causado este miércoles al menos 14 muertos y 450 heridos, según datos del Ministerio de Sanidad.

En Dahiye, en el sur de Beirut y feudo de Hezbolá, se oyó una detonación durante el entierro de cuatro de los muertos la víspera. Informaciones preliminares apuntan a que las explosiones han sido en walkie-talkies.

Este nuevo incidente ocurre 24 horas después de que miles de buscas empleados por Hezbolá, grupo enfrentado actualmente con Israel por la guerra en Gaza, explotaran en diferentes puntos del país, en un ataque atribuido a Israel; todas las sospechas se centran en el Mosad, su servicio secreto exterior.

Fruto de ese ataque, las autoridades sanitarias libanesas han elevado a 12 las víctimas mortales, mientras que los heridos rondan los 2.800. La guerrilla chií apoyada por Irán ha prometido venganza. Por su parte, Human Rights Watch (HRW) ha calificado de ilegal el empleo de este tipo de explosivos: “El derecho internacional humanitario prohíbe el uso de bombas trampa”

Fuente: elpais.com

La titular del Trabajo sostuvo que “por eso creo que es tan importante el protocolo de tramitación que firmamos con la oposición, porque pone una fecha cierta para que este proyecto de ley esté despachado en enero del 2025, con o sin acuerdo, pero despachado, subrayó.

A nosotros nos habría gustado generar un seguro social robusto, por eso la idea era llevar el 6% de la cotización a un seguro social, dejando un 10% en capitalización individual”, dijo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, cuando abordó la dilatada tramitación de la reforma previsional en el Congreso, pero subrayó la importancia de despachar el proyecto, “con o sin acuerdo” en enero del próximo año.

Y en esto, en opinión de la secretaria de Estado, ni las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema anunciadas por parlamentarios de distintos sectores, debiera impedirlo.

“El Congreso Nacional ha tenido distintos momentos de tensión. No solamente estas acusaciones que se han interpuesto ahora, sino que también con motivo de los dos plebiscitos constituyentes”, recordó en entrevista con Radio Pauta.

“Ha sido parte del proceso que nos ha tocado como Gobierno y aun así hemos podido sacar importantes legislaciones laborales como las 40 horas, la ley Karin y el salario mínimo, por decir algunas y también ha sido parte de lo que le ha tocado a la propia reforma previsional. Siempre ha surgido alguna otra materia que hace que la discusión se entorpezca”, indicó Jara.

“Por eso creo que es tan importante el protocolo de tramitación que firmamos con la oposición, porque pone una fecha cierta para que este proyecto de ley esté despachado en enero del 2025, con o sin acuerdo, pero despachado”, subrayó.

Porque “esta falta de respuesta a la ciudadanía tiene que transparentarse de alguna manera y no puede ser que haya una discusión ad eternum”.

Sobre los tiempos que ha tomado llevar adelante la reforma, explicó que “a pesar de que este periodo ha sido un poco más lento, ha sido precisamente porque se han estado tratando de construir los acuerdos más grandes. No es algo fácil, pero el resultado es el que está en riesgo”.

Precisó que “hay dos caminos que están corriendo en paralelo. El primero es que el proyecto se está tramitando semana a semana en el Senado. Y se tramita ad referéndum y que es parte del acuerdo de tramitación”.

De hecho, “ya se aprobó la creación de un seguro de lagunas previsionales, que es muy útil en caso de cesantía o de informalidad. Se aprobó además el aumento al tope imponible y antes de ayer estuvimos viendo mecanismos que faciliten la cotización de los independientes”.

Pero señaló que “lo que está siempre en riesgo y ha sido una realidad del proyecto de este Gobierno, del gobierno pasado y del anterior, es si nuestro sistema va a seguir solamente la capitalización individual o va a tener algo de equilibrio”.

“Y eso es lo que ha estado totalmente en juego. Porque cuando tú dejas los riesgos del envejecimiento solamente a cargo de las personas mayores de manera individual, lo que queda es un sistema privado más que un sistema de seguridad social“, advirtió.

“No es lo que se espera de una sociedad que se hace cargo de temas tan relevantes en el marco de la seguridad social, como la salud, la salud laboral, la cesantía, el pre y posnatal, donde hay apoyos sociales”, acotó.

En relación a las críticas que el proyecto ha recibido incluso desde sectores de izquierda, la autoridad dijo que “tienen cierta razón, en el sentido de que esta no es la reforma que el Gobierno quería originalmente”.

“A nosotros nos habría gustado generar un seguro social robusto, por eso la idea era llevar el 6% de la cotización a un seguro social, dejando un 10% en capitalización individual”, detalló.

“Hay una realidad política, que es el pueblo de Chile quien elige a sus parlamentarios, y eso indica que uno tiene que ocupar tácticas políticas a efecto de poder realizar o consolidar que los cambios se empiecen a producir”, indicó.

En ese sentido afirmó que “soy de aquellas personas que creen que cuando uno se pone entre todo o nada, generalmente queda con nada“.

Y añadió que “eso es lo que ha pasado un poco en las dos reformas anteriores. O sea, algunos tenían una posición hacia un lado, otros hacia el otro, y al final no pasó nada con ninguno de las dos reformas anteriores”.

“Lo segundo es que las críticas desde el oficialismo tienen que ver con que desconfían que la oposición o la derecha incumplan su palabra. Y que esto no termine votándose en enero del 2025, y así nos lo han manifestado”. afirmó.

En palabras de Jeannette Jara, los temores del oficialismo tienen fundamento, porque “estuvimos muy cerca de un acuerdo en la Cámara de Diputados, pero la oposición pidió postergarlo hasta después del segundo plebiscito y después de eso tampoco se mostró disposición”.

“Con todo, creo que va a haber reforma previsional, porque la realidad social tiene que hacerle algún sentido a los que estamos en política”, enfatizó, para agregar luego que “esto lleva demasiado tiempo, y es un riesgo para el sistema democrático. O sea, no podemos ser tan indiferentes a la realidad de las personas”, afirmó.

Fuente: la nación.cl

En el período militar se expropió el patrimonio natural de Chile a todos los chilenos y se establecieron las bases jurídicas para entregarle ese patrimonio a unos pocos bajo títulos de propiedad”, explica la ecologista Sara Larraín, y menciona entre distintos ejemplos el decreto 701.

Este decreto, promulgado al comienzo de la dictadura en 1974, generó un modelo forestal basado en plantaciones de especies exóticas como pino y eucalipto, financiando en un 75% a las plantaciones forestales de empresas privadas hasta 2012. En muchos de estos casos, las plantaciones reemplazaron bosque nativo.

“El decreto 701 en el sector forestal dio luz verde a un pequeño grupo de empresarios para la destrucción del bosque nativo para plantar pino. Se echaron todo el Maule y también la cordillera de Nahuelbuta”, ha explicado Larraín.

Modelo forestal

Desde ese entonces, el sector forestal tomó un impulso inusitado en Chile: mientras en 1974 había 0,29 millones de hectáreas plantadas, en 2022 el país contaba con 3 millones de hectáreas de plantación forestal. El decreto marcó un antes y un después en ese crecimiento: mientras que entre el 70 y el 74 se plantaban 30 mil hectáreas de plantación forestal por año, del 75 en adelante la cifra ascendió a 80 mil hectáreas por año para las décadas siguientes.

Una de las personas que han estudiado el impacto del modelo forestal en el bosque nativo, es el investigador de la Universidad Austral y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Antonio Lara. Según algunas de sus investigaciones, entre 1974 y 1992, al menos 200 mil hectáreas de bosque nativo fueron sustituidas por plantación forestal.

Otro estudio liderado por el investigador y centrado en las regiones más afectadas, determinó que entre 1978 y 1987 se sustituyó 31% del bosque nativo de la cordillera de la costa en la región del Maule, por plantación forestal.

En la región del Biobío, en este mismo período, hubo 6 comunas donde más del 30% de su superficie de bosque nativo fue reemplazada por plantación forestal. El impulso promulgado por el decreto instaló una tendencia que continuó años después: según datos de Conaf, entre 2001 y 2019 Chile perdió 540 mil hectáreas de bosque nativo, y 38% de estas fueron reemplazadas por plantaciones de pino y eucalipto.

Monocultivo agrícola

Además, el decreto permitía talar bosque nativo sin necesidad de reforestarlo, cuando los suelos fueran destinados para plantaciones agrícolas. Según un estudio del periodista de la fundación Terram, Maximiliano Bazán, entre 1987 y 2008 se talaron 148 mil hectáreas de bosque nativo para este fin.

A pesar de que en 2008 se aprobó una ley que debería haber puesto fin a esta práctica, Conaf continuó entregando planes de manejo con los que se talaron otas 22 mil hectáreas de bosque nativo hasta 2020, cuando la Contraloría determinó que esos planes de manejo fueron ilegales.

Impacto hasta hoy

A lo largo de los años, científicos de Chile han acumulado evidencia sobre el impacto ambiental que generan las plantaciones forestales y las prácticas de la industria.

Una de ellas es la tala rasa que se practica en miles de hectáreas donde los árboles se talan en ciclos cortos de entre 14 y 22 años, liberando a la atmósfera todo el carbono capturado por los árboles.

Esto se suma a que los mantos homogéneos de árboles iguales y de especies como el pino y eucalipto, que son mucho más inflamables que las nativas, propicia que los incendios se conviertan en mega incendios, liberando aún más carbono a la atmósfera.

Además de acrecentar el cambio climático, diversos estudios muestran que las plantaciones forestales tienen una mayor evapotranspiración que los bosques nativos, generando un impacto negativo en los caudales de los ríos ya afectados por la sequía.

Además, la tala rasa deja al suelo desprovisto de cobertura exponiéndolo a una gran erosión. La erosión de suelos a escala nacional es uno de los factores que contribuyen a la falta de infiltración de aguas lluvias, lo que profundiza tanto la sequía como las inundaciones.

Esto sin contar la pérdida de biodiversidad, de servicios ecosistémicos y de hábitats para la fauna que supone la tala de bosque nativo a escala nacional, y que ha dejado a diversas especies arbóreas en estado vulnerable de conservación.

Fuente: el desconcierto.cl

Foto: Agencia UNO.

Paine recuerda a sus víctimas este 11 de septiembre: El “triste récord” de víctimas de la dictadura

Por: Agencia EFE | 11.09.2024

La comuna de Paine, ubicada en la salida sur de la Región Metropolitana, sería la que tiene el mayor porcentaje de detenidos desaparecidos que dejó la dictadura de Pinochet. A 51 años del Golpe de Estado, en el pueblo siguen preguntándose “dónde están”.

Sobre la comuna rural de Paine, en la periferia de Santiago, pesa el “triste récord”, como dicen sus vecinos, de tener el mayor porcentaje de detenidos desaparecidos y ejecutados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Este miércoles 11 de septiembre se cumplen 51 años del Golpe de Estado que dio inicio al cruel periodo militar donde 70 hombres en un pueblo de 27.000 habitantes, la mayoría de ellos campesinos que participaron en la Reforma Agraria impulsada por Salvador Allende (1970-1973), fueron detenidos, torturados, ejecutados y desaparecidos.

Dramáticos testimonios:

Flor Lazo tenía 10 años cuando su padre, Samuel, y sus dos hermanos fueron detenidos la noche del 16 de octubre de 1973, en un episodio que concentró casi un tercio de las detenciones de la comuna, uno de los más violentos que se recuerdan en el lugar.

“Llegaron los militares con el rostro pintado de negro, golpearon la puerta con las armas, nos tiraron al suelo y pidieron que se vistieran los hombres de la casa”, contó a la Agencia EFE la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine.

“En mi inocencia, seguí a mi papá y un militar me apuntó en la frente: ‘Camina un paso más y te mato aquí mismo’”, recordó que le dijo. Se los llevaron y nunca más los volvió a ver.

Los tres hombres fueron asesinados al día siguiente y sus cuerpos fueron encontrados 38 años después.

“Hubo un revanchismo hacendal en Paine”

En el Paine rural de la Unidad Popular, el movimiento campesino protagonizó con fuerza la Reforma Agraria, iniciada en la década de 1960 y profundizada con Allende, para acabar con el sistema de “inquilinaje” (similar al feudalismo) instalado en el campo chileno desde el siglo XVII.

“Esta reforma fue uno de los procesos más profundos y revolucionarios en Chile porque cambió fuertemente la estructura de propiedad y, con eso, las relaciones sociales que todavía eran de dependencia de los trabajadores respecto al patrón de fundo”, explica a EFE la antropóloga Gloria Ochoa.

“Los campesinos querían su propio terreno para poder sembrar sin tener que estar dando la mitad (al patrón)”, relató a EFE Rosa Vidal, hija de Hugo Vidal, campesino ejecutado por los militares.

Ochoa, coautora del libro 'Yo soy… Mujeres familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine', apunta que el momento “era muy efervescente” porque los agricultores vieron la oportunidad de luchar por mejores condiciones a través de “tomas de fundos y organizaciones de asentamientos”.

Carolina Maillard, también antropóloga y coautora del libro, destaca el papel que tuvieron dueños de fundos y camiones en la represión de Paine: “Hubo un revanchismo(...) para cortar cualquier intento de transformación".

La madrugada del 3 de octubre Hugo Vidal de 1973 fue detenido delante de su hijo de 5 años y su hija, Rosa, que tenía entonces un año y 9 meses. Fue asesinado, junto a otros campesinos, horas después.

En 1974 encontraron los restos, pero fueron escondidos hasta entrada la democracia: “Carabineros los hizo desaparecer hasta el año 1991, cuando fueron encontrados en el Instituto Médico Legal, en sacos de papas”, relató Rosa.

“Que digan dónde los dejaron”

Las mujeres que, si bien no fueron hechas desaparecer, sí fueron “duramente humilladas y reprimidas”, apunta Ochoa, lideraron por décadas la búsqueda de sus familiares.

“De un día para otro, ellas, que habían sido relegadas al espacio privado, tuvieron que salir a buscar a sus padres, maridos, hermanos, y hacerse cargo de sus trabajos y del resto de la familia”, dice Maillard.

“Fue un impacto feroz; nunca estuvieron preparadas para eso”, añade.

Desde el Memorial de Paine, dedicado a los desaparecidos y ejecutados de la comuna, Lazo recordó que su madre “salía todos los días en la mañana y regresaba cerca de la noche en busca de una respuesta”. Pero nunca llegaba.

Hoy, 24 hombres de Paine siguen desaparecidos y, junto a otros miles, integran el inédito Plan de Búsqueda impulsado por el Gobierno del progresista Gabriel Boric, que por primera vez deja a manos del Estado la búsqueda de los desaparecidos.

“Se busca que (el Plan) trascienda más allá de este Gobierno (...) va bien focalizado y nos tiene ilusionados”, indicó Lazo.

La dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda se hallaron los restos de 307, pero aún faltan por encontrar a otras 1.162 personas, según cifras oficiales.

Después de 51 años, la reivindicación de los familiares sigue intacta: “Que digan dónde los dejaron –reclama Rosa Vidal– porque seguimos en la incertidumbre de dónde están”.

Fuente: el desconcierto.cl

David Acuña afirmó que "la línea de la pobreza para una familia de cuatro personas son 600 mil, y eso es insuficiente".

"A una familia hoy día no le alcanza a llegar a fin de mes, por eso hablamos constantemente del salario", sostuvo el dirigente a Cooperativa durante la marcha.

"Queremos que hoy todos los pactos sociales, todos los pactos que se están planteando desde los distintos sectores tiene que ser con los trabajadores en la mesa, con el movimiento social en la mesa", expresó Acuña.

Durante la marcha del Día Internacional del Trabajador, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, se refirió a las demandas actuales de la principal coalición de sindicatos del país y sostuvo que es necesario contar "con un salario vital que vaya más allá de lo suficiente y de lo mínimo".

En conversación con Cooperativa, Acuña afirmó que "nosotros tenemos demandas históricas, pero también propuestas. Hemos propuesto hoy al Gobierno conversar sobre el salario y creemos que es necesario poder contar con un salario vital que vaya más allá de lo suficiente y de lo mínimo".

"Hoy la línea de la pobreza para una familia de cuatro personas son 600 mil pesos, y eso es insuficiente, y el salario recién va a llegar a 500 mil pesos a partir de junio. A una familia hoy día no le alcanza a llegar a fin de mes, por eso hablamos constantemente del salario", agregó el dirigente.

"Pero también queremos hablar sobre negociación ramal, la negociación colectiva para la justa repartición de las utilidades de las empresas. Queremos que hoy todos los pactos sociales, todos los pactos que se están planteando desde los distintos sectores tiene que ser con los trabajadores en la mesa, con el movimiento social en la mesa", planteó el presidente de la CUT.

Consultado sobre la reforma de pensiones, Acuña explicó que "nosotros hemos planteado llegar a un gran acuerdo, pero tenemos diferencias. Creemos que el 6% tiene que ser completamente solidario, que se tiene que crear un ente estatal que permita generar competencia real en un sistema que, lamentablemente, ha precarizado".

"Y cuando hablamos de seguridad, no solamente es seguridad pública, nosotros también queremos la seguridad para las familias de llegar a fin de mes, pero también la seguridad de que los pensionados puedan vivir y no sobrevivir", concluyó.

Fuente:cooperativa cl

A un mes y medio de que se inicie el juicio contra Los Gallegos –brazo local del Tren de Aragua–, histórico debido a la cantidad de imputados (38), tres jueces han presentado todo tipo de excusas para no integrar el Tribunal Oral. Al final, la Sala quedará integrada solo por magistradas.

A casi dos semanas de que la causa judicial en contra de la organización criminal Clan de Los Gallegos –brazo armado en Chile del Tren de Aragua– ingresara al Tribunal Oral en lo Penal de Arica, para la realización del juicio oral el próximo 22 de abril, ya existen tres jueces que, por iniciativa propia o por acción de una de las partes intervinientes en este proceso judicial, han declarado su inhabilidad para excusarse de participar en este.

Ha sido tanta la complejidad en este caso, que incluso la Corte Suprema decidió que, de manera “temporal y “excepcional”, se borrarán los antecedentes personales de los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) y de la Corte de Apelaciones de Arica desde el portal web de la institución, mientras se desarrolla el juicio en contra la organización criminal.

La incomodidad para los magistrados partió el mismo 22 de febrero, fecha en que se recibió el expediente desde el Juzgado de Garantía caratulado con el RIT 41-2024 y que se mantiene bajo reserva, y posteriormente se realizó el sorteo de los jueces del Tribunal Oral, para conformar la Sala que tendrá a su cargo este juicio con 38 acusados de delitos relacionados con el crimen organizado.

La tríada quedó conformada por la jueza presidenta y titular, Sara Pizarro Grandón; Eduardo Rodríguez Muñoz como redactor; Sergio Álvarez Cáceres como juez integrante; y Caroline Guzmán Muñoz como jueza alterna.

Y si bien la dinámica de integración de las salas es un procedimiento rutinario en los tribunales, esta, en particular, ha presentado ciertas particularidades que han dejado entrever que la causa no es cómoda para los jueces. Probablemente, la razón radica en el riesgo que reviste aplicar justicia a una banda que actúa como franquicia de la organización matriz venezolana Tren de Aragua, a través de la cual se perpetraron secuestros, homicidios por encargo y con técnicas de crueldad extrema, uso de armas de alto poder de fuego y extorsiones, algo nunca visto en la región y en el país.

Así, recurriendo a diversas razones estipuladas en el Código Orgánico de Tribunales, los jueces Eduardo Rodríguez Muñoz y Sergio Álvarez Cáceres, en una primera ronda, y luego Óscar Huenchual Pizarro –que fue incorporado ante una de las inhabilidades declaradas–, han intentado zafarse de la integración de la Sala que les correspondió por sorteo.

Sin duda, el proceso en que deberán impartir justicia es complejo y atípico, ya que por un tiempo –de al menos 6 meses que se espera dure el juicio– tendrán que, bajo estrictas medidas de seguridad, ponderar la acusación del Ministerio Público que involucra la solicitud de 11 penas de presidio perpetuo y delitos relacionados con el crimen organizado, tales como siete homicidios calificados; tráfico de personas migrantes, de armas y de drogas; además de explotación sexual de mujeres migrantes y extorsiones.

De los diez jueces titulares del Tribunal Oral en lo Penal de Arica, hoy increíblemente la causa del Clan de Los Gallegos está en manos de una Sala compuesta solo por mujeres: la jueza titular Sara Pizarro Grandón –que está desde el primer sorteo y que decidió no inhabilitarse– y dos magistradas que operan de forma telemática desde Villarrica y Pitrufquén, María Zapata Pavez y Caroline Guzmán Muñoz, a través de un plan de regularización de causas impulsado por la Corte Suprema desde el 2022, para poner al día aquellas causas rezagadas desde la pandemia de COVID-19.

La decisión de los tres jueces de evitar la integración del tribunal, sin duda, desafía el principio de inexcusabilidad que deben cumplir y que está establecido en la propia Constitución Política del Estado. Sobre este deber, el artículo 76, inciso 2°, de la Carta Magna, establece claramente que “reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aún por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión”.

El juez “amigo” de un condenado

Como si la causa del Clan Los Gallegos quemara las manos, el mismo día en que el Tribunal Oral decidió la conformación de la Sala que asumiría el juicio el próximo 22 de abril, los jueces Sergio Álvarez Cáceres y Eduardo Rodríguez Muñoz expusieron formalmente, a través de certificados ante el tribunal, las razones para que fuesen recusados por las partes y así evitar su participación en el juicio.

Con bastante diligencia y para “afirmar” ambas inhabilidades, la Defensoría Penal Pública, por medio del abogado Rodrigo Torres Díaz, validó las causales expresadas por los magistrados Álvarez y Rodríguez y presentó una solicitud al Tribunal Oral, indicando que “se declare su inhabilidad en la causa, recusándolos directamente por las causales indicadas respectivamente por ambos magistrados. Por tanto, ruego a S.S. acceder a lo solicitado, procediéndose al nombramiento de 2 nuevos jueces para integral el tribunal”.

En el caso del juez Álvarez, el certificado que acreditó su inhabilidad señala que le afectaba “la causal de recusación del artículo 196 numeral quince del Código Orgánico de Tribunales, respecto de un acusado del cual se dictó sentencia en el Juzgado de Garantía de esta ciudad”.

Lo llamativo de la razón esgrimida es que, ante el tribunal, Álvarez reconoció lo que literalmente dice la normativa: “Tener el juez con alguna de las partes amistad que se manifiesta por actos de estrecha familiaridad”.

En rigor, el juez admitió ante sus pares tener vínculo de amistad íntima con uno de los condenados del mismo Clan de Los Gallegos y que se habría acogido a un juicio abreviado para evitar una pena excesiva.

En su exposición no precisó de quién se trataba. Tampoco el asunto fue abordado en dos audiencias sucesivas del Tribunal Oral efectuadas el 28 y 29 de febrero pasados, donde se dio a conocer su inhabilidad. En esa oportunidad, ninguno de los intervinientes en el proceso pidió que explicitara el vínculo y la identidad del condenado sobre el que declaraba el estrecho vínculo.

Si bien el juez no aclaró dicha relación, fuentes allegadas a la investigación confirman que la amistad del juez es con Álvaro Muñoz Sotomayor, empresario nocturno chileno que poseía dos discotecas en las cuales eran prostituidas jóvenes venezolanas y colombianas por parte de Los Gallegos. Cuando la PDI detuvo a Muñoz encontró en su poder 20 mil dólares en efectivo, producto de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Hoy, Muñoz se encuentra cumpliendo condena.

La recusación fue resuelta internamente y acogida por magistrados del mismo tribunal, obviando el procedimiento previsto en el Código Orgánico de Tribunales, que en su artículo 204 señala que “de la recusación de un juez de letras conocerá la Corte de Apelaciones”.

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El juez cónyuge de una fiscal

La segunda inhabilidad presentada el mismo 22 de febrero provino del juez y exdefensor penal Eduardo Rodríguez Muñoz. El magistrado también, a través de un certificado ante el tribunal, declaró su impedimento para integrar la Sala por una razón de implicancia, al expresar “la existencia del vínculo conyugal con una fiscal adjunto del Ministerio Público”.

Efectivamente, es el marido de la exdefensora penal y hoy fiscal adjunta Érika Romero Velásquez, por lo que le resultaba aplicable el numeral 2 del artículo 195 del Código Orgánico de Tribunales. En dicha norma se plantea que un magistrado no puede intervenir en una causa, al “ser el juez cónyuge, conviviente civil o pariente consanguíneo en cualquiera de los grados de la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, o ser padre o hijo adoptivo de alguna de las partes o de sus representantes legales”.

Si bien la razón tiene fundamento legal, lo extraño de esta situación es la representación que el magistrado hace solo para esta causa y resulta que –en rigor– esta causal podría afectarle permanentemente en todo su ejercicio, considerando que la fiscal adjunta se desempeña regularmente en el Ministerio Público y una de sus funciones es litigar en ese tribunal.

Hasta hoy ningún organismo superior a nivel judicial ha observado esta situación y sugerido que el magistrado sea trasladado a tribunales no penales, para evitar así que un juez oral deba inhabilitarse cada vez que su señora interviene en un proceso que es de su competencia.

Menos aún se ha hecho una revisión de la inhabilidad que afectaría a la fiscal adjunta y que está prevista en el artículo 55 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, al tener vínculo matrimonial con un juez penal.

En el inciso 3° de esa normativa, se declara como impedimento para su ejercicio “ser el fiscal cónyuge, conviviente civil, o pariente por consanguinidad o afinidad en cualquiera de los grados de la línea recta y en la colateral por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, del juez de garantía o de alguno de los miembros del tribunal del juicio oral ante quienes deba desempeñar sus funciones”.

El juez omnipresente en la causa

Tras retornar de sus vacaciones en la última semana de febrero, un tercer juez oral también decidió excusarse de integrar la Sala que verá el juicio contra el Clan de Los Gallegos. Se trata del magistrado Óscar Huenchual Pizarro, cónyuge de la abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Arica, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá y vicepresidenta de la Empresa Portuaria Arica (EPA), Claudia Moraga Contreras.

En un procedimiento registrado en dos audiencias realizadas por el Tribunal Oral durante los días 28 y 29 de febrero pasados, la Defensoría Penal Pública representó como inhabilidad del juez su “implicancia” en un proceso relacionado con la causa principal del Clan de Los Gallegos. La causal fue rechazada por el tribunal y, al fracasar ese primer intento, fue el propio juez quien “refrescó” su memoria en ese mismo acto y declaró una segunda, contraviniendo el procedimiento habitual para estos casos, donde los magistrados exponen sus causales de implicancia o recusación antes de que comience el debate sobre estas materias.

La primera causal expuesta por la Defensoría Penal Pública se refería a que al juez le afectaba una implicancia prevista en el artículo 195, numeral 8 del Código Orgánico de Tribunales, esto es, “haber el juez manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente, con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia”.

Según la Defensoría, el magistrado no gozaría del criterio de imparcialidad, por haber integrado, en calidad de fiscal judicial, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Arica el pasado 23 de diciembre. En esa oportunidad fue revisado un recurso de apelación presentado en contra de Gendarmería de Chile, respecto del traslado de imputados de la causa del Clan de Los Gallegos a otros penales del país, por razones de seguridad.

Al rechazar la implicancia, el Tribunal Oral estableció que era improcedente aplicarla, debido a que el juez Huenchual no resolvió sobre el fondo de la causa, sino más bien –según señala la resolución del 28 de febrero– “conoció únicamente la petición de la defensa vinculada con el traslado de los imputados a otros territorios jurisdiccionales, más no ya, en lo tocante a las probanzas vinculadas con la participación y el hecho punible”.

Al reanudarse la audiencia y con el magistrado Huenchual integrando la Sala, él mismo decidió representar una nueva inhabilidad. Desde el estrado realizó una lata exposición, intentando convencer a los intervinientes de que debería ser recusado, dado que le afectaba la causal del artículo 196, inciso 10, del Código Orgánico de Tribunales, es decir, “haber el juez manifestado de cualquier modo su dictamen sobre la cuestión pendiente, siempre que lo hubiere hecho con conocimiento de ella”.

En su alegación, planteó que habría tomado conocimiento de la causa cuando ejercía como fiscal judicial en la Corte de Apelaciones, al conocer antecedentes relacionados con la investigación ordenada por el tribunal de alzada, ante la resolución del juez de Garantía Héctor Barraza Aguilera en septiembre del año pasado, en la que puso a disposición de los abogados defensores la lista con 56 testigos con reserva de identidad de la causa del Clan de Los Gallegos

Esta vez, el Tribunal Oral decidió –el 29 de febrero– enviar la recusación de Huenchual a la Corte de Apelaciones, aplicando el artículo 204 del Código Orgánico de Tribunales, que establece que es el tribunal de alzada el que debe resolver si existe mérito para aplicarla. La resolución de la Corte de Apelaciones sobre esta materia, instancia donde la esposa del magistrado ejerce como abogado integrante y posee estrechas relaciones con los ministros, aún se encuentra pendiente.

Corte de Arica se pronuncia

Ante las consultas de El Mostrador por la situación que afecta a la causa, al declararse inhabilidades o recusaciones de tres jueces orales, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, Juana Ríos Meza, emitió un comunicado reconociendo la existencia de estos incidentes.

Para el caso del juez Huenchual, precisó que respecto de la resolución del Tribunal Oral que no acogió la implicancia representada por la Defensoría, “está pendiente en esta Corte de Apelaciones un recurso de apelación para que sea este tribunal de alzada el que determine si el magistrado Huenchual está afectado por una causal de inhabilidad o no”.

La versión entregada por la presidenta del tribunal de alzada no se ajusta al texto del acta de las audiencias del 28 y 29 de febrero del Tribunal Oral, ya que, en rigor, la implicancia rechazada y a la que hace referencia, nunca fue elevada en un recurso de apelación, dado que el propio Código Orgánico de Tribunales en su artículo 205 señala que “las sentencias que se dictaren en los incidentes sobre implicancia o recusación serán inapelables”.

Fue, más bien, la recusación expuesta por el propio magistrado, al fallar el primer intento de la Defensoría, la que sí fue derivada para su conocimiento, según consta en el acta judicial del 29 de febrero. El documento precisa que “la causa para su conocimiento y resolución, se fue a la Iltma. Corte de Apelaciones de Arica. Esta sede tendrá que resolver la pertinencia o impertinencia de la causal de recusación, por razón de texto”.

Asimismo, informó que la Defensoría Penal Pública también requirió la inhabilidad de la jueza telemática María Zapata Pavez, por no ser titular y no desempeñarse presencialmente en el tribunal. Esta petición fue rechazada por el Tribunal Oral también el 29 de febrero, criterio que es compartido por la Corte de Apelaciones, expresando en su comunicado que “dicha magistrada presta servicios como jueza destinada para estos efectos, según resolución de la Excelentísima Corte Suprema, que es un programa especial previsto en la ley y resuelto por el máximo tribunal del país, por lo cual, está autorizada a integrar la Sala virtualmente. Por lo tanto, es una jueza que puede intervenir de manera virtual desde un tribunal de la República, tal como lo ha hecho desde el año pasado”.

Sin embargo, la Defensoría Pública Regional, en respuesta a la situación que afecta a la causa del Clan de Los Gallegos, señaló a El Mostrador que “nos parece que la integración del tribunal oral, para el desarrollo de este juicio, debería verificarse con la totalidad de los jueces de manera presencial en el tribunal. Sólo de este modo se puede dar respeto irrestricto a los principios establecidos por nuestro legislador, principios relativos a la oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, todos los cuales rigen la incorporación y valoración de la prueba que sea rendida en el juicio oral, público y contradictorio”.

En cuanto a un eventual temor que estaría motivando a los jueces orales a desentenderse de este proceso judicial, dicho organismo sostuvo que “no tenemos conocimiento formal de que algún juez determinado haya manifestado tener aquella sensación. Todas las audiencias desarrolladas ante el Juzgado de Garantía, desde junio de 2022, hasta la audiencia de preparación de juicio oral se han desarrollado de manera absolutamente normal, conforme a cánones de seguridad previamente establecidos, motivo por el cual no observamos motivo para entender que el juicio oral no sea desarrollado de la misma manera, asegurando el debido resguardo de todos los intervinientes que participaran en el mismo”.

Por su parte, el Fiscal Regional Mario Carrera, en una declaración muy escueta, dijo que “desde el Ministerio Público no se ha pedido la inhabilitación de ningún juez”. Ante las consultas sobre las razones que han expuesto los magistrados para no integrar la Sala, declinó referirse al tema.

Lea aquí los documentos:

Acta audiencias 28 y 29 febrero

Acta audiencias 28 y 29 feb p2

Acta audiencias 28 y 29 feb p3

Acta audiencias 28 y 29 feb p4

Acta audiencias 28 y 29 feb p5

Acta audiencias 28 y 29 feb p6

Acta audiencias 28 y 29 feb p7

Acta audiencias 28 y 29 feb p8

Solicitud Defensoría recusaciones

Resol 23 feb recusaciones 1

Resol 23 feb recusaciones 2

Certificado Juez Alvarez

Autoapertura

fUENTE: elmostrador.cl

“Vénganse a Chile, ¡tenemos trabajo para todos ustedes!”. Anticiparse a la investigación recién iniciada, atribuyendo móviles políticos sin fundamentos, a un crimen oportunamente detectado por la policía, es un descaro mayúsculo de quienes promovieron la migración indiscriminada de venezolanos a nuestro país.

Miguel Lawner(*). Santiago. 5/3/2024. El expresidente Sebastián Piñera, recientemente fallecido, viajó el año 2019 a la ciudad colombiana de Cúcuta, invitado por el expresidente de dicho país, Iván Duque, donde se encontraría con otros mandataros sudamericanos, en apoyo a una supuesta sublevación popular contra el Gobierno venezolano, que resultó un fracaso total. No concurrieron a la cita mandatarios de Argentina y Brasil y a última hora también desertó Mike Pence, vicepresidente de Donald Trump, seguramente advertidos que el encuentro sería un fracaso.

Piñera otorgó visas especiales a los venezolanos interesados en emigrar a nuestro país, con el apoyo de su Ministro Pablo Longueira, quién emitiría la famosa frase que motiva el titular de este artículo.

Cúcuta marcaría el inicio de un problema migratorio mayúsculo para Chile, que terminaría con crearnos un conflicto migratorio actualmente fuera de control, del cual se han aprovechado organizaciones delictuales como el siniestro Tren de Aragua. Piñera abrió de par en par la puerta a los venezolanos, lo que justificaría varias veces en los meses siguientes.

Resulta inaceptable, fuera de toda ética periodística, la insistencia de la derecha política chilena, y en especial de su vocero, El Mercurio, por involucrar al Gobierno venezolano en el secuestro y muerte del exoficial venezolano Ronald Ojeda, reprochándole al actual Gobierno por un episodio que afortunadamente ha logrado esclarecer en tan corto tiempo, al identificar a los culpables, dos de ellos prófugos y uno detenido. La insistencia por culpar al Gobierno venezolano de este crimen, es tan inaceptable, como desentendiéndose de su responsabilidad al abrir las puertas a refugiados sin discriminar respecto a sus antecedentes penales.

En la edición del día domingo, El Mercurio destina su principal titular del Cuerpo A, a este asunto: “Fiscalía atribuye a ‘célula’ ligada al crimen organizado el asesinato de Ojeda, pero persisten dudas sobre el móvil”.

Subtitulares: “Plagio “atípico”. “Evidencias (¿?) indicarían que captores no buscaban dinero mediante una extorsión, sino que habrían ultimado casi de inmediato a su rehén”.

Otro subtitular: “Disidente Iván Simónovis insiste en la motivación política. ‘No hay forma de que me convenzan de que el gobierno de Maduro no está detrás de esto’”.

Cuerpo A. página tres: La Semana Política: “Secuestro tenebroso”. “La arista política”.

Cuerpo A. Página 4. Titular a seis columnas: “Agencias de Inteligencia venezolanas sirven al régimen y están sancionadas fuera del país”. Artículo de más de media página.

Cuerpo C. Primera página. Extenso artículo a seis columnas: “Persisten dudas sobre el móvil del secuestro y asesinato del ex teniente Ronald Ojeda.”

Cuerpo C. Página 2. Artículo a página completa: “Tohá aboga por el esclarecimiento del crimen de Ojeda y legisladores no descartan móvil político”.

Subtitular: “Tenemos un grave problema con el crimen organizado y lo más alarmante es que no se ve ninguna señal que permita aventurar que esta situación pueda tener un vuelco, dicen especialistas como Pilar Giannini, ex Jefa de la División de Seguridad de Interior”.

Más abajo en el mismo artículo: “Las 230 horas en que el exmilitar estuvo desaparecido”.

Cuerpo C. Página 4: Artículo a media página: “Las interrogantes que siguen abiertas tras la aparición del cuerpo del ex teniente, en un secuestro ‘atípico’”.

Este artículo se complementa con una fotografía del secuestro, obtenida de un vídeo, que se titula: “Aún se cuestiona la forma en que Ronald Ojeda fue secuestrado en su domicilio”.

Cuerpo C. Resto de Página 4: Iván Simonovis, Ex Jefe de Seguridad, por crimen de Ronald Ojeda: “A mí no hay forma que me convenzan que el gobierno de Nicolás Maduro no está detrás de todo esto”.

La derecha política chilena está hoy desorbitada en su afán por hacer imposible la convivencia pacífica en Chile y en impedir, por cualquier lícito o no, que el Gobierno de Gabriel Boric pueda cumplir con el mandato otorgado por la ciudadanía.

Anticiparse a la investigación recién iniciada, atribuyendo móviles políticos sin fundamentos, a un crimen oportunamente detectado por la policía, es un descaro mayúsculo de quienes promovieron la migración indiscriminada de venezolanos a nuestro país. Son ellos quienes deben darnos explicaciones al resto de los chilenos, por incentivar una migración masiva a nuestro país, cuyas consecuencias estamos viviendo, entre otros, con este lamentable episodio.

El Mercurio, como siempre, cumple con su misión de ser el brazo publicitario mayor de esta deleznable operación.

Tal como nos enseñaron los alumnos de la Universidad Católica hace ya varias décadas, cuando colgaron un lienzo en el frontis de la Casa Central: “Chilenos: El Mercurio Miente”.

Fuente: elsiglo.cl

(*)Miguel Lawner. Premio Nacional de Arquitectura, fue director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) en el Gobierno de Salvador Allende, académico en universidades chilenas y del extranjero.