El sector político conservador promovió el envío de militares a la zona sur del país que ya dejó un indígena asesinado con involucramiento de personal de la Armada, y no ha hecho nada respecto a exigir justicia y procesamientos frente a las 400 víctimas de daño ocular, los 4 mil heridos, 2 mil querellas y la veintena de muertes el 2019, pero se centra en rechazar el indulto para muchachas y muchachos en prisión preventiva sin procesamiento. Se apuesta a construir más cárceles y aumentar penas por “violencia urbana” durante las protestas, y pagar abogados para defender a uniformados acusados de violaciones a los derechos humanos. La derecha y ultraderecha defienden las Afp, las Isapres, la educación privada, los consorcios financieros nacionales y trasnacionales, mantención de mecanismos que permiten la colusión y el abuso, lo que generaría nuevos estallidos, marchas, protestas e inestabilidad social en Chile. Además, en su dura pugna inter-sectores, los conservadores no garantizan gobernabilidad ni estabilidad.
La derecha orgánica y fáctica del país está enfrentada a un primer escollo y es una aguda crisis intra-sector, donde se levanta un grupo ultraderechista frente a un segmento tradicional y que los tiene entrampados en disputas ideológicas, programáticas, electorales y políticas que llegaron a enturbiar las relaciones por declaraciones agresivas y acciones destempladas por redes sociales. Ése es un primer factor que incuba la idea de que la derecha chilena tiene serios problemas para garantizar estabilidad y gobernabilidad. A ello se suma la disputa por reconocer o no el legado o la gestión del Presidente Sebastián Piñera que, como sea, es el mandatario de ese sector.
Decir que no se seguirá la ruta de Piñera es otro elemento que marca la confusión, la falta de certeza y la credibilidad dentro del campo conservador. En los documentos programáticos de este año que se conocen de distintas orgánicas de la ultraderecha y la derecha, prácticamente no hay ninguna propuesta de modificación sustancial del modelo económico que, entre otros asuntos, apunta a la existencia de las pensiones privadas (Afp), la privatización de la salud (Isapres), de la educación, al no pago de impuestos apropiados por parte de las trasnacionales y consorcios financieros y familias súper ricas del país, permite mecanismos de colusión de empresas con afectaciones a las personas, no encara los formatos de abusos desde las grandes empresas y en los servicios privados, le da continuidad a que el cobre y el litio esté en manos extranjeras, no contempla altas penas de cárceles para delincuentes financieros y “de cuello y corbata”, no tiene en el centro la violación de los derechos humanos, no prioriza por derechos de las mujeres y la juventud. En definitiva, es constatable que en la derecha no reside ningún cambio real respecto a la estructura económica, el modelo neoliberal y los cambios reclamados por la sociedad chilena.
Las vocerías de la derecha han dedicado mucho tiempo y espacio los últimos meses para rechazar una ley de indulto que beneficia a muchachas y muchachos en prisión preventiva, sin proceso judicial, con denuncias de fabricación de pruebas de parte de Carabineros, pero en cambio no han solicitado ninguna acción para procesar y sancionar a los agentes del Estado que provocaron alrededor de 400 víctimas con trauma o daño ocular debido a perdigones, balines y bombas lacrimógenas. Tampoco los dirigentes y partidos de la derecha han elevado algún reclamo o petición de justicia y respeto a los derechos humanos respecto a unos 4 mil heridos en manifestaciones, más de dos mil querellas por torturas, abusos sexuales, golpizas, detenciones ilegales y maltratos de parte de Carabineros y uniformados y sobre la veintena de muertos en protestas durante 2019.
Es más, los sectores conservadores se sumaron al argumento del Presidente Sebastián Piñera de que en Chile no hubo violación masiva y sistemática de derechos humanos. Frente a los miles de casos de heridos, detenidos y abusados, no hay más de cinco agentes del Estado condenados y otro grupo reducido está en largos procesos que les permite andar en libertad. Esto, a decir por ejemplo de la legisladora y abogada de derechos humanos, Carmen Hertz, constituye una situación de impunidad en el país. Durante el actual Gobierno de derecha, en la zona sur del país, y particularmente en las zonas indígenas mapuches, la violencia aumentó considerablemente, lo que incluye el asesinato de comuneros a manos de fuerzas policiales y militares. Los hechos de violencia se extendieron, adquirieron nuevas formas, los delitos de robo de maderas y otros aumentaron, hubo más atentados incendiarios y episodios violentos nunca aclarados, lo que incluyó ataque de grupos paramilitares de ultraderecha a mapuches.
Al mismo tiempo, durante la administración de derecha se desplegó más contingente de Carabineros con más armamento y vehículos de guerra, lo que incluyó formar un comando que al final terminó ligado al asesinado de un indígena y una situación de montaje, fabricación y ocultamiento de pruebas, ocultamiento de evidencia, mentiras, obstrucción a la justicia y prácticas irregulares.
Aumentó la militarización de provincias del Biobío y La Araucanía, fueron desplazados el Ejército y la Armada, elementos que protagonizaron el asesinato de otro mapuche, en circunstancias que no han sido aclaradas y que apuntan a la impunidad para los militares. Desde la derecha y la ultraderecha se desecha la reforma de fondo de las policías y asumir otra política para las Fuerzas Armadas, apostando a la continuidad de la doctrina de seguridad nacional, enemigos internos, represión para mantención del orden, incluso subiendo los salarios a los uniformados y dándole garantías de protección ante acusaciones por violar los derechos humanos o no cumplir protocolos en situaciones como movilizaciones sociales.
Se apunta a la construcción de más cárceles, aumentar las penas a la “violencia urbana” que haya en las protestas, dar más atribuciones a Carabineros para enfrentar manifestaciones, dotar al jefe del Ejecutivo de la atribución de acceder secretamente a comunicaciones de ciudadanos, pagar altas contrataciones de abogados para defender a uniformados acusados de apremios a civiles, indultar a los condenado por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos, entre otras medidas conocidas. La tesis del orden establecida con mucho énfasis estas semanas por la derecha, incluye también buscar el próximo año endurecimientos en la legislación, y formas de castigo para quienes se manifiesten. Habría más y mejor equipamiento para Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas y contar con mejores “elementos disuasivos” para actuar frente a movilizaciones.
Si todo lo anterior se suma a la defensa de las Afp e Isapres, de la salud y la educación privada, a bajar los estándares de derechos de las mujeres (como retroceder en el aborto por tres causales y suprimir el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género), apoyo a las grandes empresas del retail y de servicios, garantías al sector financiero y trasnacional, mantención de mecanismos que posibilitan el abuso desde el sector privado, continuar con la militarización para enfrentar la situación en el sur, salir con todo contra las marchas y movilizaciones, no es difícil prever que en el país se produciría un escenario de inestabilidad, violencia, represión y mucho desorden, con proliferación de marchas, huelgas, estallidos, manifestaciones de todo tipo, enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares, y situaciones de crisis para el Gobierno. Muchos académicos, legisladores y representantes de la sociedad civil han sido categóricos en cuanto a que la pobreza, el abuso, la represión, el autoritarismo, los servicios privatizados, están en el origen de la protesta, los estallidos, las manifestaciones, la rabia y muchas veces el desborde popular. Los antecedentes indican que esa situación persistiría si la derecha continúa con presencia y fuerza en espacios de conducción gubernamental y legislativa. La mantención del estado actual del país, es un apostar al desorden y la inestabilidad.
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