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Movilizaciones, protestas e inestabilidades se prevén con la aplicación de medidas restrictivas, autoritarias y militarizadoras de parte del personero de la ultraderecha, como autorizar escuchas del Presidente a comunicaciones de ciudadanos, derogar derechos de las mujeres y diversidad sexual, oponerse a la nueva Constitución, aumentar penas judiciales a detenidos en manifestaciones, hacer crecer el número de cárceles, suprimir el INDH y restar a Chile de organismos internacionales de derechos humanos. Al mismo tiempo está la intención de fortalecer las AFP, privatizar Codelco, respaldar a los consorcios financieros e implementar acciones represivas contra la migración. Es así que una explosión social podría producirse con un Gobierno ultraconservador que levantara un muro a los procesos de reclamo y cambios que se están produciendo en el país.

Gonzalo Magueda. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 12/11/2021. Dadas las condiciones actuales de Chile, se prevé una escalada de movilizaciones, protestas y acciones ciudadanas si se llegan a implementar las medidas restrictivas de derechos, autoritarias y militarizadoras que considera el programa y las propuestas del candidato presidencial de la ultraderecha, José Antonio Kast.

Precisamente porque van en sentido contrario a legislaciones, proyectos y demandas sociales instaladas sobre todo en los dos últimos años. De hecho, para Kast lo ocurrido en octubre de 2019 no fue una revuelta social, sino “un estallido de violencia”.

El hoy aspirante a La Moneda se opone férreamente a una nueva Constitución y promovió el Rechazo a ese proyecto, lo que adelanta que siendo mandatario trabajará en contra de la nueva Carta Magna que está elaborando la Convención Constitucional y seguramente alentará rechazarla en el plebiscito de 2022. Eso será, de partida, un punto de tensión con la ciudadanía.

En la línea ultraconservadora, su administración echará abajo derechos de las mujeres metiendo cambios, por ejemplo, en la legislación que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales; cerrará el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y se prevé reducción de gastos para este sector. Kast anunció que cerrará el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y restará a Chile de organismos internacionales y regionales de derechos humanos. También prometió más cárceles en todo el territorio, laborando con “agentes privados” y el aumento de penas judiciales a detenidos durante manifestaciones y que ejerzan “la violencia urbana”. En esa línea, el personero de ultraderecha junto a sus asesores, está por reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en zonas de comunidades mapuches y regiones del sur, mejorar los sueldos de Carabineros y Gendarmería, oponerse a la reforma de las policías y plantea la defensa política y jurídica de los uniformados ante su accionar. Es sabido que Kast implementará una política represiva frente a la migración, no solo construyendo zanjas y reforzando la militarización de fronteras, sino dando continuidad a lo obrado por el Presidente Sebastián Piñera, de expulsar migrantes. En el programa se plantean cuestiones como dar la atribución el Ejecutivo de intervenir comunicaciones de ciudadanos y crear un comité de seguridad en La Moneda que reemplace al comité político, dando un perfil más policíaco al gabinete ministerial. Junto a todo eso, programáticamente José Antonio Kast está por defender y fortalecer las AFP, las Isapres, privatizar Codelco, apoyar a los consorcios financieros, reducir el gasto social del Estado y proyectar un aumento de la privatización de la economía.

En este cuadro es donde se prevé una situación de crisis social con un alto grado de oposición ciudadana a lo que sería un Gobierno de Kast. Dadas las experiencias recientes en el país, esto llevaría a movilizaciones y protestas, y generaría un alto grado de inestabilidad donde, seguramente, se producirían fuertes choques entre los estamos militares y policiales con manifestantes y ciudadanos.

Está claro que, por ejemplo, el movimiento feminista defendería los derechos alcanzados e insistiría en las demandas actuales; habría una expresión latente de las agrupaciones y sectores de los derechos humanos, del mundo de la cultura; las movilizaciones sociales, estudiantiles y sindicales serían de alta intensidad y alcance. La situación en La Araucanía tendría a tensionarse aun más, con previsible aumento de la violencia sobre todo de parte del Estado.

Es esperable que a nivel ciudadano habría una persistencia en alentar y defender una nueva Constitución, el proceso constituyente y lograr la aprobación del nuevo texto constitucional en el plebiscito del próximo año, lo que produciría un fuerte choque con lo que podría ser la administración de Kast.

Es así que, contradictoriamente con lo que expresa la candidatura de la ultraderecha, todo anuncia desorden e inestabilidad en caso de que Kast llegue a la presidencia. De allí que él mismo sostenga la posibilidad “del orden” en base a restricciones, autoritarismo y militarización.

Una experiencia repetida en otras administraciones de ultraderecha en la región, con alza de la protesta social, la movilización ciudadana, la violación a los derechos humanos, la inestabilidad política, el rechazo internacional y el acrecentamiento de la lucha por la democracia.

 Fuente: elsiglo.cl