estallido social

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago determinó que el exoficial de Carabineros fue quien provocó las graves lesiones oculares que afectaron a Gatica el 8 de noviembre de 2019. Pero, al mismo tiempo, lo absolvió de la acusación por apremios ilegítimos al considerar que actuó en legítima defensa, aplicando retroactivamente la Ley Naín-Retamal, y de manera proporcional frente a los ataques registrados durante esa jornada. La sentencia estableció que Crespo utilizó la escopeta antidisturbios ajustándose a la regulación interna vigente, la que no establecía con claridad un ángulo de disparo estandarizado ni una distancia mínima obligatoria. Además, consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no permitieron acreditar que Crespo actuó con la intención de castigar a los manifestantes.

Créditos imagen de portada: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno

Tras seis años de investigación, los jueces del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal absolvieron este martes al exoficial de Carabineros, Claudio Crespo, de la acusación de apremios ilegítimos que provocaron las lesiones graves que dejaron ciego a Gustavo Gatica el 8 de noviembre de 2019. En la sentencia se aplicó retroactivamente la Ley Naín-Retamal y se consideró que el exteniente coronel actuó en legítima defensa. Además, se estableció que Crespo utilizó la escopeta antidisturbios en base a la normativa institucional y de manera proporcional a los ataques que aquel día enfrentó su unidad. También consideraron que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no permitieron precisar si el ángulo de disparo de Crespo tuvo como objetivo impactar el rostro de Gatica u otro manifestante.

Los jueces Cristina Cabello, René Bonnemaison y Carolina Herrera consideraron que la secuencia de video presentada por el Ministerio Público permite concluir que Crespo fue el autor de los disparos que lesionaron gravemente a Gatica, y que las acciones del exoficial se enmarcaron durante una de las jornadas más violentas del estallido social. Los magistrados apuntaron que, entre las 17.00 y 19.00 horas del 9 de noviembre de 2019, las fuerzas especiales de Carabineros tuvieron dificultades para afrontar los ataques de la denominada primera línea, y que los funcionarios policiales actuaron de acuerdo con los principios de uso progresivo y proporcional de la fuerza para recuperar el orden público. 

Así, por ejemplo, lo señaló la jueza Cabello: “La prueba demostró que el personal (de Carabineros) empleó la fuerza de manera gradual durante toda la jornada, agotando sistemáticamente los medios menos lesivos antes de recurrir a la escopeta. Este contraste con la conducta ofensiva, agresiva y progresivamente más violenta en los manifestantes”. 

En su veredicto, los jueces concluyeron que el exoficial Crespo actuó en legítima defensa y que el uso de la escopeta antidisturbios se ajustó a la normativa interna de Carabineros. Según el tribunal, esta regulación interna no establecía con claridad un ángulo de disparo estandarizado ni una distancia mínima obligatoria. 

Uno de los argumentos esgrimidos por la magistrada Cabello para concluir que Crespo actuó en legítima defensa fue que Gustavo Gatica aparece registrado en dos videos “lanzando objetos contundentes hacia los funcionarios momentos previos a su lesión”, y “que al momento de resultar herido, portaba una piedra en su mano derecha que razonablemente estaba destinada a ser arrojada”.

Además, el tribunal cuestionó los peritajes presentados por el Ministerio Público para sostener que Crespo actuó al margen de la normativa y con la intención de castigar a los manifestantes. Los jueces determinaron que dichas pericias no permiten establecer si el exoficial dirigió el disparo hacia el tercio superior del cuerpo de los manifestantes. El próximo 13 de mayo se entregará el texto final del veredicto.

FUENTE: CIPERCHILE.CL

Movilizaciones, protestas e inestabilidades se prevén con la aplicación de medidas restrictivas, autoritarias y militarizadoras de parte del personero de la ultraderecha, como autorizar escuchas del Presidente a comunicaciones de ciudadanos, derogar derechos de las mujeres y diversidad sexual, oponerse a la nueva Constitución, aumentar penas judiciales a detenidos en manifestaciones, hacer crecer el número de cárceles, suprimir el INDH y restar a Chile de organismos internacionales de derechos humanos. Al mismo tiempo está la intención de fortalecer las AFP, privatizar Codelco, respaldar a los consorcios financieros e implementar acciones represivas contra la migración. Es así que una explosión social podría producirse con un Gobierno ultraconservador que levantara un muro a los procesos de reclamo y cambios que se están produciendo en el país.

Gonzalo Magueda. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 12/11/2021. Dadas las condiciones actuales de Chile, se prevé una escalada de movilizaciones, protestas y acciones ciudadanas si se llegan a implementar las medidas restrictivas de derechos, autoritarias y militarizadoras que considera el programa y las propuestas del candidato presidencial de la ultraderecha, José Antonio Kast.

Precisamente porque van en sentido contrario a legislaciones, proyectos y demandas sociales instaladas sobre todo en los dos últimos años. De hecho, para Kast lo ocurrido en octubre de 2019 no fue una revuelta social, sino “un estallido de violencia”.

El hoy aspirante a La Moneda se opone férreamente a una nueva Constitución y promovió el Rechazo a ese proyecto, lo que adelanta que siendo mandatario trabajará en contra de la nueva Carta Magna que está elaborando la Convención Constitucional y seguramente alentará rechazarla en el plebiscito de 2022. Eso será, de partida, un punto de tensión con la ciudadanía.

En la línea ultraconservadora, su administración echará abajo derechos de las mujeres metiendo cambios, por ejemplo, en la legislación que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales; cerrará el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y se prevé reducción de gastos para este sector. Kast anunció que cerrará el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y restará a Chile de organismos internacionales y regionales de derechos humanos. También prometió más cárceles en todo el territorio, laborando con “agentes privados” y el aumento de penas judiciales a detenidos durante manifestaciones y que ejerzan “la violencia urbana”. En esa línea, el personero de ultraderecha junto a sus asesores, está por reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en zonas de comunidades mapuches y regiones del sur, mejorar los sueldos de Carabineros y Gendarmería, oponerse a la reforma de las policías y plantea la defensa política y jurídica de los uniformados ante su accionar. Es sabido que Kast implementará una política represiva frente a la migración, no solo construyendo zanjas y reforzando la militarización de fronteras, sino dando continuidad a lo obrado por el Presidente Sebastián Piñera, de expulsar migrantes. En el programa se plantean cuestiones como dar la atribución el Ejecutivo de intervenir comunicaciones de ciudadanos y crear un comité de seguridad en La Moneda que reemplace al comité político, dando un perfil más policíaco al gabinete ministerial. Junto a todo eso, programáticamente José Antonio Kast está por defender y fortalecer las AFP, las Isapres, privatizar Codelco, apoyar a los consorcios financieros, reducir el gasto social del Estado y proyectar un aumento de la privatización de la economía.

En este cuadro es donde se prevé una situación de crisis social con un alto grado de oposición ciudadana a lo que sería un Gobierno de Kast. Dadas las experiencias recientes en el país, esto llevaría a movilizaciones y protestas, y generaría un alto grado de inestabilidad donde, seguramente, se producirían fuertes choques entre los estamos militares y policiales con manifestantes y ciudadanos.

Está claro que, por ejemplo, el movimiento feminista defendería los derechos alcanzados e insistiría en las demandas actuales; habría una expresión latente de las agrupaciones y sectores de los derechos humanos, del mundo de la cultura; las movilizaciones sociales, estudiantiles y sindicales serían de alta intensidad y alcance. La situación en La Araucanía tendría a tensionarse aun más, con previsible aumento de la violencia sobre todo de parte del Estado.

Es esperable que a nivel ciudadano habría una persistencia en alentar y defender una nueva Constitución, el proceso constituyente y lograr la aprobación del nuevo texto constitucional en el plebiscito del próximo año, lo que produciría un fuerte choque con lo que podría ser la administración de Kast.

Es así que, contradictoriamente con lo que expresa la candidatura de la ultraderecha, todo anuncia desorden e inestabilidad en caso de que Kast llegue a la presidencia. De allí que él mismo sostenga la posibilidad “del orden” en base a restricciones, autoritarismo y militarización.

Una experiencia repetida en otras administraciones de ultraderecha en la región, con alza de la protesta social, la movilización ciudadana, la violación a los derechos humanos, la inestabilidad política, el rechazo internacional y el acrecentamiento de la lucha por la democracia.

 Fuente: elsiglo.cl