person_outline
search

Carabineros de Chile

El caso de Enrique Eichin: justicia a destiempo

Luego de una marcha estudiantil, al arquitecto -de 58 años en ese entonces- le llegó un balín de pintura en el ojo dejándolo con estallido ocular y sin visión en el ojo derecho. Entre el 2013, año en el que recibió el impacto, y el 2022, momento en que finalmente se realizó el juicio, Enrique Eichin ha vivido con cuadros depresivos, pero no ha descansado nunca en su lucha por encontrar justicia.
 
 

Por Camila Sierra

Hace 3 días

 0  0


 

 

 

Por Camila Sierra Madrid

 

Cuando Enrique Eichin participó en la marcha estudiantil convocada por la CONFECH el 11 de abril del 2013, jamás imaginó que llegaría con un ojo menos a su casa. Nueve años atrás, y ya se registraban agresiones con pistolas de aire comprimido como forma de represión en las protestas, en este caso estudiantiles. Si bien no se trataba de balines de goma ni de acero–eran pistolas que disparaban balines de pintura con el objetivo de marcar a los manifestantes para luego detenerlos, según carabineros, con mayor facilidad- quedó demostrado que la peligrosidad de este método disuasivo no es algo menor.

El arquitecto, en ese entonces de 58 años, marchó junto a la que era su pareja y la hija de esta, llegando hasta el escenario de la actividad. Luego de un rato comenzaron a retirarse. Fue en ese tránsito en que fueron testigos de la llegada de un grupo de Carabineros desde un pasaje aledaño, quienes comenzaron a reprimir, según sus declaraciones, violenta e intempestivamente a quienes se manifestaban.

“Desde el contingente, un funcionario de la policía comenzó a disparar ráfagas de balines de pintura, haciendo caso omiso de todo protocolo para el uso de armas disuasivas, lo que tuvo como consecuencia varios heridos. Entre ellos, Enrique Eichin, quien recibió el impacto de un balín en su ojo derecho, provocándole un estallido ocular y perdiendo así de manera definitiva tanto la visión como el globo ocular”, se lee en el comunicado público de la familia que circuló a fines de marzo de 2022.

La razón, es que casi una década después, el 30 de marzo de 2022 comenzó el juicio oral en contra del uniformado que ejecutó el disparo, el capitán de Fuerzas Especiales Jaime García Muñoz, quien durante todo este tiempo permaneció en la institución ejerciendo las mismas labores represivas, incluso siendo ascendido a Mayor y luego a Teniente Coronel. El martes 26 de abril y luego de una extensa y acuciosa audiencia que se prolongó por casi un mes, se dictó sentencia en el caso de Enrique Eichin.

 

DE LA JUSTICIA MILITAR A LA JUSTICIA CIVIL

Enrique Eichin y su familia no cesaron jamás en la búsqueda de justicia. Apenas ocurrido el ataque, él y los suyos interpusieron una querella ante el Juzgado de Garantía. La medida  fue recepcionada por la Fiscal Giovanna Herrera Andreucci, encargada de ver delitos de alta complejidad, a quien se le encargó el caso ya que se trataba de un funcionario de carabineros el que estaba involucrado. Sin embargo, Herrera se declaró incompetente y remitió el expediente a Fiscalía Militar.

Ante tal diligencia, el Juzgado de Garantía se declara competente. En palabras simples, dicho Juzgado dice que el caso debe quedarse en la justicia civil y no en la militar. Ante este hecho, la Fiscal Herrera apeló, llegando hasta la Corte Suprema, quien ratificó la decisión del Juzgado, es decir, que el caso permaneciera en en el ámbito civil.

Hasta ese momento, lo usual era que siempre que hubiera un uniformado involucrado -ya fuera de las Fuerzas Armadas, carabineros o militares- aunque la víctima fuera un civil los casos iban a justicia militar. Diversos organismos internacionales solicitaron al Estado de Chile reformar la justicia castrense.

En el año 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó limitar la jurisdicción penal militar al juzgamiento de militares por la comisión de delitos o faltas que por su naturaleza atentan contra bienes jurídicos propios del orden militar. Así mismo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus recomendaciones en julio de 2014, volvió a mencionarlo.

 

Más, en el año 2010 eso se modificó con la Ley 20.477. Sin embargo, seguía habiendo casos en que se solicitaba que tanto civiles como carabineros fueran juzgados por justicia militar. Recién en el año 2016 la legislación cambió totalmente con la Ley 20.968 que crea el delito de tortura, que especifica que los funcionarios que cometen ese tipo de delitos deben ser juzgados por la justicia ordinaria (es decir, la civil).

Más, en el 2015 “había que hacer de alguna manera que el caso no fuese a parar a la justicia militar. El juicio en el Tribunal Constitucional duró cerca de un año. La cosa es que el fallo salió favorable y para nosotros fue un impacto, era primera vez que un civil le ganaba a las fuerzas armadas en el Tribunal Constitucional”, declara Eichin a El Ciudadano.Esto dio como resultado final que el caso de Enrique debía continuar en la justicia común.

En ese momento cambia el Fiscal, quedando a cargo Patricio Millán. Más, él no tenía la calidad de Fiscal de casos de alta complejidad que tenía Giovanna Herrera -que se había asignado así en primera instancia al tener involucrado a un funcionario público-.

Corría el año 2016, y Enrique Eichin se encontraba en Alemania visitando a sus hijos y nietos. Mientras tanto en Chile, el Fiscal Millán llega a un acuerdo con la defensa de Jaime García (el funcionario que disparó), en el que se proponía una suspensión condicional del proceso, lo que quiere decir que el carabinero no debía tener más denuncias en su contra durante un año. Ciro Colombara, abogado de la víctima en ese entonces, se disponía a aceptar esa propuesta. “Ese acuerdo yo no lo podía respaldar”, declara Eichin, cambiando inmediatamente de abogado.

Ya con nuevo abogado defensor –Cristian Arias- Enrique Eichin y su familia se opusieron a ese acuerdo. En ese momento, ocurre un último cambio de Fiscal en el caso y lo toma Viviana Vergara Ayala, quien fue la primera en llamar a declarar a quien había recibido el impacto en su ojo.

Enrique Eichin manifestándose en Plaza de la Dignidad (en ese tiempo Plaza Italia) después de sufrido el ataque.

 

JAIME GARCÍA MUÑOZ: UN PELIGRO PÚBLICO

Para la víctima, Enrique Eichin, siempre ha sido muy importante que el funcionario que le disparó y le suprimió la visión de un ojo y junto con ello su globo ocular, salga de las calles y no ejerza más la fuerza pública.

“Cuando la Fiscal Viviana Vergara me llama a declarar me pregunta por qué quiero yo hacerle un juicio a Carabineros. Entonces yo le digo que este carabinero es un peligro para la sociedad, que es un peligro público. En ese momento le muestro la fotografía del mismo uniformado pero en otra situación, donde tiene a una quinceañera agarrada del pelo. Cuando le muestro la foto ella me dice de acuerdo, lo entiendo”, menciona Enrique con fuerza a El Ciudadano.

Pero, ¿quién es Jaime García Muñoz? Según información entregada por Eichin y otra recopilada por El Ciudadano, García Muñoz es un funcionario que se desempeñaba en Fuerzas Especiales de la institución. Al momento del ataque contra Enrique, era Capitán de Carabineros, luego fue nombrado Mayor y posteriormente Teniente Coronel.

En el tiempo de las marchas estudiantiles del 2013, en que se utilizaban balines de pintura para marcar manifestantes, fue instructor en su uso, además de ser la persona que certificaba a sus colegas en el uso de esta arma, por lo que se infiere que tenía un alto conocimiento técnico.

 

Jaime García Muñoz, uniformado que perpetró el ataque.

 

Imputado desde 2016 por el delito de lesiones graves gravísimas en contra de Enrique Eichin, hasta el momento del juicio en el año 2022, se encontraba activo en sus funciones. Al momento del Estallido Social ocurrido en la región chilena, se suspende una acción que se estaba llevando a cabo entre el Ministerio Público y la defensa de Enrique. Si bien los abogados de la víctima no participaron en la reunión en que se decide suspender las acciones que llevaban curso en ese momento, fueron notificados de que el carabinero en cuestión solicitaba la medida de suspensión ya que se encontraba acuartelado.

“Dijo que le interesaba participar en el juicio, pero que en el momento del Estallido social no podía porque estaba acuartelado. Podríamos bien suponer que acuartelado para seguir disparando en la calle”, manifiesta el arquitecto. “Yo no sé si el capitán Jaime García haya herido gente en el Estallido. Lo más probable es que lo haya hecho, pero yo no tengo conocimiento si hay una denuncia. Pero ahí no estaban disparando con paint ball, estaban disparando con escopetas y balines de acero y goma”, concluye Eichin.

El día en que Enrique Eichin recibe el impacto, se registraron más heridos. Sin embargo, se protegerá su identidad. Se trataba de cuatro personas, entre ellas un menor de edad, los cuales también presentaron una querella de forma conjunta durante el año 2013. Se desconoce si llegaron a buen puerto.

 

La vida nunca volvió a ser igual: “Tuve que aprender a ver de otra manera. Para mí lo importante no es lo personal, sino que no vuelva a ocurrir”

Enrique Eichin acostumbraba a ser de esos arquitectos a los que les gusta el trabajo en terreno. El momento de la construcción era su favorita. “Yo antes era un gato en los techos, caminaba sobre bigas sin ningún problema”, dice. Posterior al ataque, se encontraba trabajando en una casa que él mismo había proyectado. Fue la primera vez que internalizó que su cuerpo había cambiado. Al perder uno de sus ojos perdió también la tridimensionalidad, fundamental para un profesional que construye casas.

“Había que poner las estructuras de techumbre y todo lo demás. En esa oportunidad, como lo había hecho muchas veces antes, doy un salto hacia la otra cercha. Si caía, caía al cemento a cuatro metros de altura. Doy el salto y no alcanzo a llegar. En la desesperación me agarro de un fierro y hago péndulo, me voy con el cuerpo, me golpeo en la pelvis. Estuve orinando sangre tres días. Ahí me di cuenta que ya no era el mismo de antes, o sea, yo tenía que tomar extremas precauciones en la cosa de la construcción”, describe.

Luego de esa y otras experiencias, nunca más volvió a trabajar en proyectos grandes y poco a poco dejó de ejercer como arquitecto hasta jubilar. “Tuve que aprender a ver de otra manera. Bajar las escalas del Metro es una tortura, no me suelto de la baranda por nada del mundo. Cosas así le cambian la vida a uno. El caminar por los roqueríos junto al mar es una cuestión que ya no hago. Y así, muchas cosas he dejado de hacer”. 

Una de sus hijas, menciona que estar tanto tiempo pendientes del caso –casi una década dedicándose a esto- no le ha permitido a su padre reinventarse. “Yo necesito anímicamente cerrar el capítulo. Porque me afecta, me desgasta”, añade Enrique. Desde junio del 2013, cuando quedó “inactivo” de alguna manera como profesional, el arquitecto entró en una profunda depresión que lo acompaña hasta hoy en día.

“Yo he tenido largos períodos de tratamiento y también períodos no muy cortos en donde he dejado de tomar medicamentos. Yo hoy día estoy tomando antidepresivos, 300 milígramos diarios. Cuando estoy en juicio o tengo que hacer alguna cosa, aumentan mis niveles depresivos y de ansiedad, porque entro en otra dinámica, entonces es complicado y yo sé que eso no va a parar”, recalca Eichin. “Cuando me ocurren estas cosas, yo pierdo la noción del sueño. A veces estoy toda la noche despierto y me estoy acostando a las once de la mañana, a las dos de la tarde me estoy levantando y después estoy dos horas dando vueltas y me vuelvo a dormir”.

Desatada la revuelta, Enrique Eichin –al igual que toda la población- se percata de que los heridos con trauma ocular van en aumento conforme pasan los días de desobediencia civil a lo largo de todo el país. Conversó con la FECH (con quienes desde que ocurrió el hecho ha mantenido una relación fluida y de solidaridad) y manifestó estar dispuesto a dar a conocer su caso a los nuevos heridos para explicarles lo que se les viene. Para mí no hay distinción, son víctimas de la represión”, señala.

“Siento rabia, todavía impotencia por lo que me ocurrió porque no me debería haber ocurrido”, dice. Por todo esto, es que Enrique no ha cesado su lucha y lo que persiguió durante todos estos años, ha sido justicia, no solo por él, dice, sino que en solidaridad con el resto de los manifestantes. “Para mí lo importante no es lo personal, sino que no vuelva a ocurrir”, declara con fuerza.

Retrato de Enrique Eichin en acuarela.

 

Nueve años después, el juicio

Enrique Eichin dice ser una persona fuerte, a quien cuesta doblegar. “Cuando me vuelan un ojo, lo hacen estallar, no se me pasó por la mente decir ‘no, yo no voy nunca más a una marcha, yo no me meto más en nada’, al contrario”, menciona. Dice participar desde joven en manifestaciones con las cuales se siente afín a las consignas. “Cuando estábamos en contra de la autopista de Américo Vespucio, yo ahí estaba con los vecinos también”. Así mismo participó en las marchas en contra de las AFP y más manifestaciones que pedían a gritos dignidad.

Lamentablemente, el estallido ocular sufrido por Eichin no fue la primera vulneración a sus Derechos Humanos que vivió el arquitecto. Fue exiliado a Alemania entre los años 1974 y 1989, llegando de vuelta a Chile antes del plebiscito. “Evidentemente, yo he sido castigado por el Estado Chileno dos veces: la primera se me envía al exilio, y la segunda, me disparan y me vuelan un ojo”, menciona enfático.

En lo concreto, la cantidad de heridos oculares luego del estallido social alcanzó un número jamás documentado antes en la historia del mundo. “Yo cumplí nueve años desde que me volaron el ojo y yo creo que muchos jóvenes ni siquiera han presentado denuncia”, manifiesta.

Sin embargo, Enrique Eichin sabe que no es fácil denunciar ni llevar a cabo un proceso tan largo como él lo ha hecho. En una de las oportunidades en que lo llamaron a declarar, fue el único civil en la sala además de los Jueces, ya que se repletó de uniformados. Se descompensó y tuvo que ser asistido por un médico luego de declarar.

Después de todo, lo que esperó el arquitecto durante este tiempo fue que el uniformado que le disparó extirpándole parte de su visión, saliera de las calles y no pudiera volver a ejercer labores represivas, ya que para él, se trata de una persona peligrosa.

El martes 26 de abril de 2022 se dictó sentencia en su caso. El veredicto del Tribunal Oral en lo Penal resolvió que el capitán de Fuerzas Especiales Jaime García Muñoz es culpable del delito doloso de lesiones graves gravísimas, decretándose arraigo nacional.

El abogado de Eichin, Cristian Arias, logró generar convicción más allá de toda duda razonable, dada la alta confiabilidad de la prueba presentada y su consistente argumentación. De esta manera, superó así la pretensión de la defensa que pedía la absolución total y la del Ministerio Público, quien calificaba los hechos de cuasidelito por considerar que no concurría dolo por parte del funcionario.

A raíz de la decisión del tribunal, la parte querellante pidió doce años de prisión para el carabinero; la Fiscalía cinco años y un día y la defensa 541 días. Finalmente, el 6 de mayo se conoce al fin la sentencia: el Ministerio Público resolvió darle cuatro años de presidio a Jaime García Muñoz pero con el beneficio de pena remitida. Esto quiere decir que no cumplirá su condena en la cárcel, solo tendrá que ir a Gendarmería y llegar a un acuerdo de firma.

Así mismo, el Tribunal declaró inhabilidad para ejercer cargos públicos mientras dure la condena, lo que debería traducirse en que lo den de baja. Sin embargo, esto último debe resolverlo la institución de Carabineros. Se dictó también inhabilidad para derechos políticos –lo que significa que no puede sufragar, por ejemplo-.

“Me parece que la pena es, en principio justa, en el entendido que se dictan 4 años de presidio. Es importante que se declare culpable de un delito gravísimo, reconociéndose la intencionalidad de cometerlo. Sin embargo, en la práctica pasamos de lo justo a lo meramente simbólico, pues finalmente esto se traduce en que no pasará ningún día efectivo de reclusión, por una supuesta irreprochable conducta anterior”, declaró Enrique Eichin a El Ciudadano luego de conocer la sentencia.

Dice además, que le preocupa de sobre manera que si bien la sentencia dicta la inhabilidad absoluta para ejercer funciones públicas durante el tiempo de la condena, precisamente la institución a la que pertenece sea quienes lo tengan que dar de baja. “Sobre todo porque, aún a sabiendas de que estaba imputado en este caso de violación a los Derechos Humanos, lejos de ponerle pausa a su carrera, la institución policial decidió ascenderlo a Mayor y luego a Teniente Coronel. Cabe destacar que los hechos demuestran que ellos tenían certeza de que él era el que había provocado el estallido en mi ojo a los pocos días de lo ocurrido. Es decir, parecieran no solo avalar este tipo de crímenes, sino además, premiarlos”, concluye.

Finalmente, Enrique Eichin cierra con una sentida reflexión: “Hay que preguntarse ¿cuántas personas que sufren agresiones por parte de FFEE las denuncian? ¿Y cuántas tienen la posibilidad de saber efectivamente cuál de los funcionarios fue el agresor? ¿Quizás a cuántas personas este carabinero hirió con sus 320 tiros solo ese día? ¿A cuántas más a largo de todos estos años?”.

Fuente: elciudadano.cl

Pavlovic y despido de Paulina de Allende de Mega: «Tiene tufillo a oportunista populismo» stars

«Nos parece de suma gravedad que un medio de comunicación minimice el preocupante hecho donde un funcionario público impone como condición la expulsión de una periodista para acceder a entregar la información que le corresponde comunicar», plantea el rostro de TVN en una carta enviada a El Mercurio junto a la periodista Lara El-Narekh.
 

Luego de que la periodista Paulina de Allende-Salazar fuera despedida de Mega tras referirse a Daniel Palma como «paco», en medio de un despacho para «Mucho Gusto» efectuado este jueves, horas después de su deceso en medio de un operativo en Santiago Centro, este sábado El Mercurio publicó una lapidaria carta de  Santiago Pavlovic, quien junto a Lara El-Narekh decidió solidarizar con su colega. 

«¿Cuántas veces el lector, nosotros, amigos o familiares, nos hemos referido a nuestros carabineros coloquialmente, hasta con cariño, con la palabra ‘paco’ tan anclada en nuestra cultura popular nacional?», se cuestionan ambos en el comentado escrito.

Paralelamente, ambos se refieren a la radical determinación del canal privado de prescindir de sus servicios, aludiendo a una «intempestiva decisión del canal Mega de desvincular a una periodista de vasta experiencia y destacada trayectoria como Paulina De Allende-Salazar, por un lapsus que indignó a un general de la institución», lo que en opinión de los autores de la carta, «tiene un tufillo a oportunista populismo».

Por otra parte, los ideólogos del escrito relevaron el trabajo de más de dos décadas de Paulina de Allende-Salazar en la señal de Avenida Bellavista, previo a su llegada a Mega. De hecho, aludieron a su «acuciosa labor» en TVN denunciando a figuras políticas por no pagar contribuciones por sus segundas viviendas, además de recordar que fue quien «destapó el horrendo escándalo de la pedofilia en la Iglesia Católica chilena».

«Nos parece de suma gravedad que un medio de comunicación minimice el preocupante hecho donde un funcionario público impone como condición la expulsión de una periodista para acceder a entregar la información que le corresponde comunicar», plantean refiriéndose a la actitud del general Alex Chaván, quien vetó a Allende-Salazar el jueves, en medio de un concurrido punto de prensa tras el crimen de Daniel Palma.

«Este comportamiento, que atenta contra la libertad de informar, principio fundamental de cualquier sociedad democrática, es inaceptable y no puede pasar desapercibido ni normalizarse», agregan los periodistas destacando la envergadura de la determinación adoptada por Mega.

fuente: eldesconcierto.cl

Caso degollados: Una herida abierta en la memoria de Chile stars

Han pasado 38 años desde que funcionarios de Carabineros perpetraran el secuestro, tortura y degollamiento de tres militantes del Partido Comunista de Chile, brutal crimen conocido como “Caso Degollados”. La conmoción que causó este triple homicidio, ejecutado cuando el país se encontraba en Estado de Sitio durante la dictadura civil-militar de Pinochet, y la posterior investigación que lo vínculo a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros y el Comando Conjunto de la FACH,  provocaron cuatro meses después la caída de César Mendoza, general director de Carabineros y miembro de la Junta Militar desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

 

Úrsula Fuentes Rivera. Periodista “El Siglo”. 29/3/2023. Durante la mañana del jueves 28 de marzo de 1985, el publicista, pintor, diseñador gráfico y miembro de Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), Santiago Nattino Allende, fue secuestrado cerca de su domicilio, en la intersección de las calles Apoquindo con Badajoz, tras ser abordado por un sujeto que lo encañonó e hizo subir a un vehículo que esperaba en la esquina.

Al día siguiente, pasadas las 8:30 horas y mientras recibía a los estudiantes del Colegio Latinoamericano de Integración (ubicado en avenida Los Leones 1401, Providencia), fue secuestrado el profesor, inspector escolar y dirigente de la AGECH, Manuel Guerrero Ceballos, junto al sociólogo y jefe de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada Maluenda, quien era también apoderado de ese establecimiento educacional y a esa hora llevaba a sus hijos a clases.

En los dos operativos los secuestradores actuaron con gran disponibilidad de medios. En el caso de Santiago Nattino señalaron a viva voz que eran policías y que detenían a la víctima por problemas económicos. En el otro secuestro hay testigos que indican que un helicóptero sobrevolaba el sector y que había desvíos de tránsito perpetrados por carabineros motorizados y a pie. Durante el secuestro de Parada y Guerrero además se le disparó a quemarropa a un profesor que intentó impedir el plagio.

De acuerdo a investigaciones posteriores, desde un station wagon Chevrolet Opala se bajaron tres sujetos y con violencia agarraron al sociólogo y al profesor, conduciéndolos al cuartel de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), ubicado en la calle Dieciocho, donde antes del golpe militar estaban las oficinas del diario El Clarín y donde luego, bajo el nombre de “La Firma”, había operado el “Comando Conjunto”, una organización clandestina de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que durante los años 70 compitió con la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) en el exterminio de las cúpulas de los partidos que habían pertenecido a la Unidad Popular.

En ese lugar, Nattino, Guerrero y Parada fueron torturados, “quemándoles cigarrillos en el cuerpo, sacándoles las uñas, aplicándoles electricidad y quebrándoles los huesos de la frente a culatazos”, según detalló el hijo de Manuel Guerrero, el sociólogo Manuel Guerrero Antequera, tras rememorar en su cuenta de blog la tragedia que vivió su padre, testimonio dado a conocer en 2011 por el medio informativo El Periodista.

Posteriormente, en la madrugada del sábado 30 de marzo, fueron llevados en vehículo hasta Quilicura, siendo degollados con un corvo atacameño que había pertenecido al militar y agente de la DINA, Marcelo Moren Brito, muriendo los tres desangrados. Sus cuerpos fueron abandonados entre unos matorrales, frente al fundo “El Retiro”, cercano al aeropuerto Pudahuel. Ese mismo sábado, pasado el mediodía, sus restos fueron encontrados por dos campesinos con evidentes rasgos de tortura y ensañamiento.

A las horas siguientes de conocido este brutal crimen, se produjo un gran revuelo a nivel nacional e internacional. Las autoridades del Gobierno dijeron en un comienzo, intencionadamente, que fue consecuencia de una purga entre comunistas. El almirante José Toribio Merino habló de un “crimen del PC”, el general César Mendoza dijo que se trataba de “un ajuste de cuentas” y el ministro de Defensa, Patricio Carvajal, culpó al “comunismo dirigido desde Moscú”.

Sin embargo, la Comisión Rettig de 1991 estableció de acuerdo con los antecedentes narrados y reunidos en la investigación judicial, que Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino fueron ejecutados por agentes estatales, debido a su militancia y a las actividades que realizaban.

 

Comando Conjunto

Según consigna el tomo II, pág, 222 del Informe Rettig, la causa del crimen de los tres militantes comunistas fue la investigación que estaban realizando sobre la estructura y funcionamiento del Comando Conjunto, cuya existencia había sido revelada tras las declaraciones del exagente y exsuboficial de la FACH, Andrés Valenzuela Morales, alias “El Papudo”, a la periodista de la revista Cauce, Mónica González, quien tomó contacto con José Manuel Parada (encargado de la sección de investigación y documentación de la Vicaría de la Solidaridad), para que corroborase la información de Valenzuela.

“En Chile había muy pocas personas como José Manuel que manejaban casi toda la información acerca de los aparatos represivos, pues le llegaban a diario los testimonios de los luchadores sociales y sus familiares que habían sido apresados. Él, al conocer el carácter de la información y antes de entrar en su detalle, le sugirió a la periodista que había una persona que contaba con toda su confianza y que podía triangular la información indicada por Andrés Valenzuela con su propia experiencia de detención en manos del Comando Conjunto: mi padre”, indicó Manuel Guerrero hijo.

Parada recordó el plagio de su amigo y compañero Manuel Guerrero en 1976, quien era el único sobreviviente de los secuestros y torturas ejecutadas por el Comando Conjunto, por lo tanto, pieza clave en la investigación sobre los métodos operativos y de tortura del grupo de la FACH. “Con la venia de Mónica González, los tres se pusieron a analizar las largas horas de grabación del testimonio y mi padre con José Manuel no podían creer a lo que estaban accediendo: la estructura completa del Comando Conjunto, sus acciones, las fechas de detención de los militantes comunistas detenidos desaparecidos, los sitios en que fueron ultimados, los nombres y alias de los agentes de las distintas ramas de las fuerzas armadas y de civiles que participaban en el Comando”, señaló el hijo del profesor degollado.

El 30 de octubre de 1984, meses antes de la publicación de la entrevista que el exagente Valenzuela le concedió a la periodista Mónica González (la cual fue publicada finalmente en el diario Caracas de Venezuela, pues el Estado de Sitio en Chile y la clausura de revistas opositoras lo impedían), una banda asaltó la sede del Movimiento Democrático Popular (MPD), coalición que reunía a partidos de izquierda como el Partido Comunista, el Partido Socialista-Almeyda, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), la Izquierda Cristiana y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), en la lucha por el retorno de la democracia apuntando a la transformación de la economía para favorecer fundamentalmente al mundo trabajador y poblacional que en aquellos años sufría una situación de cesantía y hambruna real.

Entre las pertenencias robadas en la sede del MPD estaba la libreta de apuntes del arquitecto y militante comunista, Ramón Arriagada Escalante, en la que él mantenía anotadas sus reuniones con diversos militantes del PC, entre ellos José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.

Cuatro meses después, el 25 de febrero de 1985, Ramón Arriagada fue detenido por agentes de la entonces secreta DICOMCAR.​ Durante el tiempo que fue retenido, Arriagada fue torturado e interrogado sobre el actuar de Parada y Guerrero.​ En ese tiempo Parada, según informaría Arriagada bajo tortura, investigaba al Comando Conjunto, trabajo que había iniciado después de que los periodistas Mónica González y Edwin Harrington, director de la revista Cauce, acudieran a la Vicaría de la Solidaridad para sacar al exagente Valenzuela de Chile. ​

De acuerdo con los antecedentes judiciales del “Caso Degollados”, los agentes de la DICOMCAR también creían que Parada y Guerrero poseían estrecha cercanía con la dirigencia en la clandestinidad del Partido Comunista, mientras que de Nattino sospechaban que se encargaba de reingresar militantes a Chile de manera clandestina. ​

En las semanas siguientes Arriagada pudo informar a Parada de que había sido secuestrado e interrogado sobre sus actividades, sin embargo, el sociólogo de la Vicaría optó por no salir del país, pese a que estaba consciente del riesgo que corría.

“Por desgracia, y por razones que aún me cuesta comprender, la entrevista al exagente Andrés Valenzuela fue publicada en el extranjero sin autorización de mi padre y José Manuel, antes que ellos pudieran ponerse a salvo. Los agentes del Comando Conjunto, ahora agrupados en el departamento de la DICOMCAR, apenas se enteraron del testimonio de Valenzuela se pusieron en alerta y decidieron cortar literalmente el problema por la raíz: eliminar a José Manuel y mi padre, para impedir que la verdad circulara por el mundo. Por ello allanaron y secuestraron la imprenta de la AGECH en marzo de 1985. Buscaron frenéticos ese lugar pensando que ahí se encontraban los stenciles de publicación del testimonio de Valenzuela sobre el Comando Conjunto. La imprenta estaba a nombre del artista gráfico Santiago Nattino. por lo que ese mismo día lo secuestraron y lo llevaron a calle Dieciocho, al local de la DICOMCAR, lo esposaron a un parrón y comenzaron su tortura”, precisó Manuel Guerrero Antequera.

Asimismo, el hijo del profesor degollado resaltó que “la información que entregó el exagente Valenzuela era una bomba”. En ella se establecía, entre otros aspectos, que Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, alias “La Pochi”, había participado como agente del Comando Conjunto en la detención ilegal de Manuel Guerrero Ceballos en 1976. “Sí, Viviana Ugarte Sandoval, la esposa del general de la FACHA Patricio Campos, quien fue la persona nombrada por las Fuerzas Armadas para participar en la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos, convocada en agosto de 1999 con el objetivo de recabar información acerca del paradero de los detenidos desaparecidos en Chile. Curiosa y precisamente, la información que correspondía a las víctimas del Comando Conjunto fue alterada, de acuerdo con las declaraciones de Otto Trujillo, “Colmillo Blanco”, otro agente del Comando Conjunto que contó su versión de la verdad al diario La Nación, advirtió Guerrero Antequera.

Investigación judicial

El 1 de abril de 1985, el mismo día de los funerales de Guerrero y Parada, la Corte Suprema designó a José Cánovas Robles, un anciano juez a punto de irse a retiro, como ministro en Visita para investigar el crimen de los tres degollados. Las evidencias apuntaron a la participación de carabineros pertenecientes a la DICOMCAR, tanto en los asesinatos de los tres profesionales comunistas, como en los secuestros del arquitecto Ramón Arriagada el 25 de febrero de 1985 y de cuatro profesores dirigentes la AGECH, quienes fueron detenidos la noche del 28 de marzo de 1985 en la sede e imprenta de la asociación, ubicada en Londres 75-B, local que estaba a nombre de Santiago Nattino, donde él además recibía correspondencia y mantenía una línea telefónica. Cabe mencionar que los cuatro profesores detenidos en la sede fueron liberados al día siguiente de su aprehensión, después de una jornada entera de interrogatorios.

La investigación determinaría que los asesinatos fueron ordenados por el jefe del Departamento de Asuntos Externos e Internos de la DICOMCAR, Guillermo González Betancourt (conocido como “bototo” entre la oficialidad de Carabineros), y ejecutados por los cabos Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes y por el sargento José Florentino Fuentes Castro.

En el vehículo que trasladó a Parada, Guerrero y Nattino hasta Quilicura, además de González Betancourt, también iban el capitán Patricio Zamora Rodríguez y Miguel Estay Reyno, conocido como “El Fanta”, exmilitante comunista convertido en delator y colaborador de la dictadura. ​

El 1 de agosto el juez Cánovas encargó reos a los dos presuntos pilotos del helicóptero policial que habría sobrevolado la escena del secuestro en los minutos previos al plagio del profesor Guerrero y José Manuel Parada, y dejó bajo arraigo a otros doce funcionarios, entre ellos el coronel Luis Fontaine Manríquez, jefe de la DICOMCAR, el coronel Julio Luis Michea Muñoz y el teniente coronel Iván González Jorquera.

El 2 de agosto de 1985, un día después de la resolución de Cánovas, el general director de Carabineros, César Mendoza, tuvo que renunciar al mando y a la Junta del Gobierno, la cual integraba desde el golpe militar 1973. Ese mismo día, consultado por la prensa por qué se iba, Mendoza respondió: “Porque se me antojó, no más” y luego agregó: “Se está desgranando el choclo…”. En su reemplazo asumió el general Rodolfo Stange, quien en las semanas siguientes ordenó la disolución de la DICOMCAR. ​

Tras retomar el caso, Cánovas encargó reos a diez funcionarios, pero en enero de 1986 la Corte Suprema revocó los autos de procesamiento y un año después el juez dictó el sobreseimiento temporal de la causa.​ En 1989 Cánovas se acogió a retiro y asumió como ministro en visita Milton Juica.

En 1994, tras varios años de investigación, el juez Juica condenó a tres miembros del servicio secreto de la policía a presidio perpetuo por el asesinato y a otros trece funcionarios a penas entre 41 días y 18 años de presidio. Posteriormente, la Corte de Apelaciones aumentó a seis las condenas de presidio perpetuo. ​Al año siguiente, la Corte Suprema finalmente confirmó cinco de las seis condenas a presidio perpetuo: Guillermo González Betancourt, José Fuentes Castro, Alejandro Sáez Mardones, Claudio Salazar Fuentes y Miguel Estay Reyno. En el caso de Patricio Zamora Rodríguez se bajó a 15 años y un día de presidio.

Desde fines del 2017 solo cumplió condena Miguel Estay, mientras los otros condenados fueron liberados sin cumplir la condena de presidio perpetuo. Esta situación ha sido denunciada por varias organizaciones de derechos humanos, principalmente por la Comisión Funa, que ha investigado y denunciado la impunidad este tipo de delitos.

 

El “Fanta”

Miguel Estay Reino, alias “El Fanta”, fue un militante de las Juventudes Comunistas y tras el golpe cívico militar de 1973, un colaborador de la dictadura de Pinochet. Fue amigo de la familia del profesor Manuel Guerrero y compañero de éste en militancia.

Dada su participación en el crimen de los tres comunistas degollados, Estay Reino cumplía una condena de cadena perpetua en el penal de Punta Peuco. El 10 de agosto de 2021 falleció en el hospital San José, a los 68 años, por causas asociadas al Covid-19, según informó Gendarmería.

En su libro “El Fanta: Historia de una Traición”, la periodista Nancy Guzmán relata que “Miguel Estay Reyno se cambió de bando aparentemente sin sufrir tortura, llegando a ser de los más activos agentes de la dictadura”. Con un enorme agravante: delató a sus dos hermanos menores, ambos militantes del Partido Comunista. Esto les significó prisión y tortura.

 

Santiago Nattino y “El Siglo” en Clandestinidad

El publicista y artista plástico Santiago Nattino fue distinguido en varios concursos nacionales e internacionales de afiches. Realizó trabajos gráficos y visuales para las campañas electorales de la izquierda chilena y durante la Unidad Popular fue jefe del Departamento de Divulgación del Servicio Agrícola y Ganadero.

Con el golpe de Estado en 1973 cayó preso en el Estadio Nacional. Tras ser liberado, apoyó a El Siglo clandestino creando decenas de originales fáciles de reproducir, adaptables a distintas situaciones.

Durante la dictadura realizó afiches para la Vicaría de la Solidaridad y diseñó el logotipo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).

 

“Tres sillas vacías recuerdan a don Santiago y a los Manueles”

En 2006 la ex Presidenta Michelle Bachelet inauguró el Memorial a las víctimas del Caso Degollados, en el lugar donde los cuerpos de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero fueron encontrados por campesinos: en la comuna de Quilicura, al lado de la autopista Vespucio Norte, frente al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

Todos los años se realiza ahí una conmemoración donde participan familiares de las víctimas, miembros del Partido Comunista, del Colegio de Profesores de Chile y en ciertas ocasiones, autoridades políticas o de Gobierno.

El memorial está conformado por tres sillas de acero, de 10 metros de altura, que se pueden visualizar desde el cielo dada su cercanía al aeropuerto y que hacen alusión a sillas escolares, no sólo para representar el espíritu de los tres asesinados y rememorar el aporte que hicieron a la educación, sino también para recordar su secuestro en sí, que fue en un establecimiento educacional, en el caso de Manuel Guerrero y José Manuel Parada.

A 38 años de este salvaje crimen y en “Conmemoración a estos Mártires de la Democracia”, el Colegio de Profesores y Profesoras, el Partido Comunista y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) convocaron para este domingo 2 de abril, a una caravana que saldrá a las 10 horas desde avenida Vicuña Mackenna 31, sede del PC, hacia el Memorial de las Tres Sillas, donde a las 12 horas se realizará un acto en memoria de estas tres víctimas de los corvos del régimen de Pinochet.

fuente: elsiglo.cl

Subscribe to this RSS feed