Sucesos que marcan los primeros meses de ese año, con operaciones conspirativas y violentas, y acciones políticas desestabilizadoras en contra del Gobierno de Salvador Allende, que incluyeron el asesinato del edecán naval del mandatario, el intento de golpe en junio, la declaración del Parlamento promovida por la derecha y la DC declarando el supuesto quebrantamiento constitucional por parte del Ejecutivo, las paralizaciones de gremios, los atentados de grupos paramilitares, las presiones a altos mandos militares constitucionalistas y la negativa de las fuerzas conservadoras a que se efectuara un plebiscito democrático para decidir el camino a seguir en un marco institucional.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 10/09/2021. En 1973 se llegó a una expresión máxima la disputa de proyecto país, con las fuerzas transformadoras impulsando cambios decisivos en el país, y las fuerzas reaccionarias oponiéndose a ese proceso, llegando finalmente a financiar, organizar y materializar un golpe de Estado en contra de un Gobierno constitucional y democrático.
Revisando los primeros nueve meses de ese año, se puede constatar la sucesión de episodios y antecedentes que dan cuenta de la operación golpista para derrocar al Gobierno constitucional del doctor Salvador Allende, donde la derecha, el empresariado, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, la Democracia Cristiana, la prensa conservadora, el Gobierno de Estados Unidos, gremios profesionales conservadores, grupos paramilitares, desarrollaron acciones desarrolladas fuera del marco institucional, con intenciones conspirativas y desestabilizadoras y que, sobre todo en 1973, apuntaron a derrocar la administración de Allende y del conglomerado de la Unidad Popular.
Los constatables episodios de finales de agosto e inicios de septiembre de 1973, grafican que la resolución de lo que acontecía en el país tenían cauce democrático e institucional, en medio de una real tensión, de lo cual da cuenta la decisión del Presidente Allende de convocar a un plebiscito para que la ciudadanía, soberanamente, decidiera. Pero la derecha, la DC y otras colectividades, los empresarios, los mandos militares y, por cierto, el Gobierno de Estados Unidos, no podía correr el riesgo. Menos después de una elección parlamentaria en la que la Unidad Popular y específicamente la administración de Salvador Allende, habían contado con un importante apoyo. (La UP logró el 44,66% en la elección de la Cámara de Diputados y un 46,56% en la de senadores). Si bien ganaron los partidos opositores (en el caso del Senado por dos puntos), quedó claro que el oficialismo tenía respaldo ciudadano, más si se considera que la UP había subido en alrededor de 10 puntos en comparación a la elección presidencial de 1970. No era para decir, como lo sostuvieron y sostienen personeros de la derecha y la DC, que Allende no contaba con apoyo.
Durante 1973 se producen varios sucesos que marcan el desarrollo del proceso que se estaba viviendo, con datos como un desempleo bajo el 4% y aumentos salariales consistentes, contrastando con serios problemas de abastecimiento que obedecían, como se comprobó en el segundo semestre del año, a un extendido acaparamiento y las continuas paralizaciones de los camioneros, un gremio controlado por la ultraderecha. Se desarrolla el programa de la Escuela Nacional Unificada (ENU), se intensifica la labor de las JAP (Juntas de Abastecimiento y Control de Precios), se intensifican las jornadas de Trabajos Voluntarios (bajo la consigna “Chile trabaja para Chile”), a lo largo de todo el país, se amplía la actividad del mundo de la cultura con presupuestos más elevados y la actividad de cientos de artistas e intelectuales, se viven los positivos efectos de la nacionalización del cobre ocurrida en 1971, pese a las huelgas de los mineros liderados por militantes de la DC, se trabaja en la concreción de las tres áreas de la economía, contemplando la expropiación de tierras y de empresas en beneficio de campesinos y trabajadores, se continúa la construcción de viviendas sociales, se consolida la presencia de la Central Única de Trabajadores (CUT) y de decenas de organizaciones sociales y populares. Durante 1973 hubo a lo menos dos multitudinarias manifestaciones en apoyo al proceso de transformaciones, una de ellas el Primero de Mayo.
Las primeras y gráficas acciones violentas Durante 1973 se fueron fraguando las acciones y conspiraciones violentas e inconstitucionales con el doble objetivo de atacar al Gobierno de Allende y llegar a su derrocamiento. Estaban activos grupos paramilitares como Patria y Libertad (de corte fascista), Comando Rolando Matus (del Partido y la Juventud Nacional), grupos de choque de la Juventud Demócrata Cristiana, los Comandos de Autodefensa de los Comerciantes, y grupos conspirativos al interior fundamentalmente de la Armada y el Ejército.
Esos contingentes efectuaron atentados con explosivos a la vía férrea, a las embajadas de la Unión Soviética y de Cuba, a instalaciones eléctricas y ductos de combustibles, a sedes de los partidos Comunista y Socialista, almacenaron explosivos y armamento, destruyeron la escultura de Ernesto Che Guevara, realizaron ocupaciones violentas de medios de comunicación, y apoyaron el primer intento de golpe de Estado en junio de 1973, perpetrado por una unidad de tanques del Ejército.
Hubo dos episodios, en julio de este año, que grafican de manera elocuente, la actividad conspirativa y violenta de la derecha, la ultraderecha y grupos fascistas. El día 15, fueron colocadas bombas en la casa del almirante Ismael Huerta, de la Armada, quien tenía una postura institucional y prudente ante lo que ocurría en el país (más tarde no se plegaría a la asonada golpista), y el 26 de julio del mismo mes, un comando de Patria y Libertad atacó la casa del edecán naval del Presidente de la República, capitán Arturo Araya, asesinando al uniformado.
En marzo de 1973, el Congreso de Estados Unidos estableció, después de una investigación y recopilación de pruebas y antecedentes, que el Gobierno de ese país entregó a grupos de derecha, un millón de dólares para organizar acciones que impidieran que Salvador Allende tomara posesión del cargo de Presidente. Luego llegarían más aportes estadounidenses, con cientos de miles de dólares asignados a personeros del Partido Nacional (PN), de la DC y al diario El Mercurio. De acuerdo a informes conocidos años después, militantes del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana, recibieron instrucción conspirativa y apoyo financiero, lo que incluyó viajes a Estados Unidos y Venezuela.
Operaciones contra altos oficiales, incluyendo asesinatos En junio se produjeron hechos que, a la larga, pudieron configurar lo que sería la asonada golpista de septiembre. En una avenida de Santiago, una mujer, que habría estado coordinada con grupos de derecha, increpó y agredió al Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats (después del golpe de Estado asesinado junto a su esposa en Buenos Aires, Argentina, por orden del alto mando del Ejército), a lo que se sumaron otros sujetos, obligando al uniformado a sacar su arma y contener la agresión. Tres años atrás, un comando de ultraderecha había asesinado al entonces jefe del Ejército, René Schneider, atacándolo también en una calle de la capital. Posterior a eso, esposas de generales de derecha y golpistas, efectuaron actos intimidatorios en la casa de Prats. Esto generó una tensión enorme en torno del Comandante en Jefe, y un estado personal en él, que concluyó en su renuncia y en agosto de 1973 fue reemplazado por Augusto Pinochet.
Por cierto, ese mismo mes, también ante presiones internas y externas, el general César Ruíz renunció al cargo de Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, siendo reemplazado por el general Gustavo Leigh, quien sería gestor y protagonista del golpe de Estado destinado, según él, a “extirpar el cáncer marxista” de Chile. La salida de Ruíz puso en línea a parte del generalato de la FACH para efectuar el derrocamiento de Salvador Allende.
El otro hecho fue el “tanquetazo”, ocurrido el 29 de junio, cuando tanques y militares del Regimiento Blindados Nº2, al mando del teniente coronel Roberto Souper, intentaron dar un golpe de Estado, repelido por el Gobierno, por el propio general Carlos Prats y que derivó en una multitudinaria manifestación en torno del palacio presidencial de La Moneda, en respaldo al Gobierno constitucional. Eso provocó el arresto y dada de baja de oficiales y algunos soldados. También, la huida y crisis del grupo paramilitar Patria y Libertad, que se había coordinado con Souper y otros oficiales, produciéndose el asilo y arranque del país de dirigentes de esa organización. Ese mes, desde Estados Unidos llegó un millón de dólares para que el Ejército comprara armamento y pertrechos militares.
Las actividades desestabilizadoras de partidos y gremios Durante los nueve primeros meses de 1973 se registraron sucesos que daban cuenta del nivel de agresión hacia el Gobierno y sus planes, como la decisión del Tribunal Constitucional de la época de declarar inconstitucional un alza de sueldos, decenas de acusaciones constitucionales contra ministros que obligaba a la reorganización del gabinete ministerial, acciones de la Corte Suprema contra decisiones del Ejecutivo, negativas a diálogos y consensos de parte de los partidos de la derecha y la directiva de la DC, paralizaciones de los gremios profesionales (principalmente Colegio Médico y Colegio de Abogados), ofensivas con huelgas y manifestaciones de parte del gremio del comercio y los camioneros, la paralización de los mineros, principalmente de El Teniente, y el 28 de agosto, unos quince días antes del golpe militar, los gremios efectuaron un paro nacional. El 3 de septiembre, la conservadora Confederación Única de Profesionales, efectuó un paro, con agresivas manifestaciones en varias provincias.
Desde el Parlamento se produjeron situaciones gravitantes para avanzar hacia el derrocamiento del Gobierno. El 22 de agosto, la Cámara de Diputados, donde había mayoría de la derecha y la DC, aprobó un texto acusando al Ejecutivo del quebrantamiento del Orden Constitucional y legal de la República. Para muchos analistas, con eso se dio el paso para “legalizar” y “justificar” el golpe de Estado y fue la señal que recibieron los jefes de las Fuerzas Armadas para avanzar decididamente en su operación inconstitucional y armada. Los parlamentarios y presidentes de partidos de la oposición se negaron sistemáticamente a dialogar y encontrar salidas a la crisis que se vivía, pese a los esfuerzos del Presidente Allende quien, por lo demás, también encaraba posturas de sectores de izquierda contrarias a allanar acuerdos y más bien “profundizar” el proceso que impulsaba la Unidad Popular.
La concreción del golpe de Estado En los primeros días de septiembre, particularmente el general Gustavo Leigh y el contraalmirante José Toribio Merino, junto a otros mandos de la FACH y la Armada, tenían tomada la decisión de efectuar la asonada golpista. Tomaronn contacto con Augusto Pinochet, quien demoró la decisión, pero al final se sumó. Hay informes de que el golpe se daría a mediados de septiembre aprovechando los ensayos de la parada militar (19 de septiembre) para no despertar sospechas sobre el plan en desarrollo, pero varias circunstancias llevaron a adelantar la operación, entre ellas, evitar la realización del plebiscito democrático. Por lo demás, Merino adujo que contaba con el respaldo de mandos estadounidenses, ya que en esos días se efectuaban los ejercicios de la Operación Unitas entre la Armada de Chile y de Estados Unidos. El general de Carabineros, César Mendoza, se sumó al golpe el mismo día, sin mayor capacidad de decisión, menos si se considera que era la séptima antigüedad de ese cuerpo policial, y quedó en esa posición ante la postura de otros generales de no sumarse al golpe, entre ellos el general director, José María Sepúlveda, que se negó a participar en la asonada.
Ocurrido el golpe de Estado, se produjeron declaraciones y felicitaciones de parte del Partido Nacional y otras colectividades de derecha, de la Democracia Cristiana, de la mayoría de los colegios profesionales, de los gremios empresariales, de los integrantes de la Corte Suprema y de sectores de la población. Se desató la más cruel y sistemática represión al pueblo y sus organizaciones, se disolvió el Parlamento, se ilegalizaron los sindicatos y organizaciones sociales, se cerraron decenas de medios de prensa, se suprimieron los partidos políticos, se rompieron relaciones con muchos países, y se inició el proceso a la imposición de un modelo económico y un sistema político ad hoc al poder financiero y las fuerzas conservadoras.
Quedaron expresados de manera nítida los intereses y proyectos que se debatían en Chile y cómo, por ejemplo, los sectores de la derecha, de gremios empresariales, de la prensa conservadora, de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, miembros del Poder Judicial, estaban dispuestos a entrar en un período de sistemáticas y masivas violaciones de derechos humanos, que incluyó la ejecución y desaparición de más de 3 mil chilenas y chilenos, con tal de impedir el avance transformador y lograr el imperio del poder financiero y reaccionario.
Hubo características de esta etapa que incluyeron debates teóricos profundos, muchos de los cuales fueron resueltos en la práctica. Por ejemplo, que la derecha, los altos mandos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y Carabineros, el poder financiero y el sector empresarial, los medios de prensa conservadores e incluso importantes sectores de colectividades como la Democracia Cristiana (DC), a la hora de avances populares, sociales, institucionales, económicos, culturales de corte transformador y destinado a cambiar el modelo económico y político, están dispuestos a romper con el sistema democrático, recurrir a las armas y la violencia, agredir sin pudor a un Gobierno y la institucionalidad, conspirar y atacar, organizar grupos paramilitares, aceptar financiamiento externo y aceptar la extendida violación de derechos humanos y civiles de un amplio sector de la sociedad.
También quedó resuelta la discusión del carácter de las FFAA, que se pretendían institucionales sin postura ideológica, ya que fueron las protagonistas y ejecutoras del derrocamiento del Gobierno constitucional, de la instalación del modelo neoliberal y la imposición de una Constitución, de una política de terrorismo de Estado y asimilación de una doctrina de seguridad nacional y conservadora, con rasgos que prevalecen y que incluyen que varios ex jefes militares entraran a militar a los partidos de derecha siendo legisladores e incluso hoy convencionales constituyente, empleados en grandes empresas y en universidades manejadas por personeros de derecha y de grupos financieros y religiosos.
Un dato no menor, es que la Junta Militar fascista, indultó y dejó en libertad a los autores de los asesinatos del general Schneider y del capitán Araya, y a militares y civiles que participaron en el “tanquetazo” de junio de 1973.
fuente: elsiglo.cl
